El Área Federal de Educación de IU que coordina Enrique Díez destaca que el dictamen del órgano consultivo del Estado “entre las variadas objeciones que plantea cuestiona el propio sentido y la oportunidad de la nueva ley. Demanda que exista un amplio acuerdo social y político, hasta ahora inexistente, que evite sucesivas leyes educativas con cada cambio de gobierno”
Izquierda Unida, a través de su Área Federal de Educación que coordina Enrique Díez, exige la “retirada inmediata de la contrarreforma educativa que trata de imponer el PP, con José Ignacio Wert a la cabeza”, al tiempo que reclama la dimisión del ministro de Educación. IU reacciona así tras conocer el contenido del dictamen elaborado por el Consejo de Estado sobre el anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), en su tercera versión.
Esta formación valora, tras una primera lectura de este trabajo, que supone una “rectificación en toda regla al proyecto de contrarreforma de Wert, que se ha gestado al margen y en contra de la comunidad educativa”.
Enrique Díez entiende que “ahora más que nunca se ve la oportunidad y la necesidad de la Huelga General de la Enseñanza Pública convocada para el próximo día 9 de mayo”.
Destaca también que, entre las múltiples objeciones que plantea el Consejo de Estado a la propuesta del PP está “cuestionar el propio sentido y la oportunidad de esta nueva ley de educación. Se demanda que exista un amplio acuerdo social y político, hasta ahora claramente inexistente, que evite sucesivas leyes educativas con cada cambio de gobierno. Además, plantea que los cambios propuestos respecto al sistema vigente no requieren de una nueva ley”.
Díez valora que el órgano consultivo del Estado “destaca como defecto grave que no se haya intentado un acuerdo educativo con las restantes fuerzas políticas y sociales –algo que IU viene denunciando desde que se hizo público el primer anteproyecto de ley- y que no haya habido un amplio debate público para alcanzar un diagnóstico riguroso y compartido sobre situación real de nuestro sistema público educativo. Se deben identificar las causas de los problemas y sus posibles soluciones, además de asegurar financiación suficiente para atender sus necesidades”.
Izquierda Unida entiende que, frente a ello, el “Gobierno de Mariano Rajoy ha impuesto brutales recortes en educación que superan los 5.000 millones de euros y se han aplicado medidas que deterioran gravemente la calidad de la Educación Pública, entre lo que destaca la reducción de decenas de miles de docentes”.
En este contexto, “resulta especialmente grave que el dictamen del Consejo de Estado sobre la ‘ley Wert’ destaque la insuficiencia de la valoración económica que entrañará su aprobación”.
Para el coordinador del Área Federal de Educación de IU, entre las consideraciones que “deberían causar mayor sonrojo al propio Wert está el reproche explícito que hace el Consejo a la falta de una asignatura con contenido de formación integral para ‘la adquisición de competencias cívicas y sociales que garanticen conocimientos, capacidades y actitudes esenciales en relación con la democracia, con la justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles…’”
“Es decir –detalla el dirigente de IU-, la insistencia de la jerarquía católica aceptada por la derecha de suprimir la actual asignatura de Educación para la Ciudadanía se señala como un error, y no menor, de la reforma planteada”.
Además, frente a la siempre polémica alternativa a la Religión, que es otra imposición del lobby de la Iglesia católica, el Consejo de Estado advierte de que “la proyectada reforma establece como optativa a la ‘Religión’ la materia de ‘Valores Culturales y Sociales’, o ‘Valores éticos’, de modo que su mantenimiento, en su caso, discriminaría a los alumnos que al elegir la primera no cursarán asignatura alguna sobre valores sociales y éticos a lo largo de su formación”.
“Al margen de la posible inconstitucionalidad de la ‘solución’ propuesta, IU entiende que la única solución acorde con nuestro Estado aconfesional pasa por eliminar el adoctrinamiento religioso (o de otra índole) del sistema educativo. Ello implica dejar fuera del currículo escolar la enseñanza confesional de cualquier religión”, explica Díez.
Para IU, el órgano consultivo que ha elaborado este dictamen “indica también de manera clara y contundente que los centros no separen al alumnado por sexos. Defiende la educación mixta ‘para promover desde la escuela la igualdad de género’”.
El texto del anteproyecto, a juicio del Consejo, ‘debería contener alguna previsión que justifique de forma objetiva y razonable la educación diferenciada, previsión que permita valorar los motivos y las razones por los que aplicando la excepción a la coeducación se favorece la igualdad de oportunidades’.
Díez considera que “esto da la razón a muchas voces y organizaciones que, como IU, hemos denunciado el carácter sexista de la propuesta ministerial por pretender asegurar financiación pública a centros privados ultraconservadores que practican la segregación por razón de sexo, a pesar de las sentencias del Tribunal Supremo invalidando esa práctica”.
El dictamen destaca, igualmente, la práctica desaparición de la democracia en los centros y señala el nuevo papel del Consejo Escolar, ‘que pierde, con el anteproyecto, el carácter de órgano de gobierno, al pasar a tener meramente funciones de información, propuesta y consulta’. Incide, además, en que se apuesta por un ‘modelo predominantemente ejecutivo o gerencial en la gestión de los centros educativos que afianza la posición de la Dirección y circunscribe al Consejo Escolar a funciones de participación o consulta’.
Izquierda Unida advierte también sobre que el trabajo del Consejo de Estado “subraya múltiples carencias e indefinición en diversos apartados relacionados con el currículo, asignaturas optativas, privatización de las evaluaciones, tratamiento de las cuestiones lingüísticas o competencias educativas de las comunidades autónomas”.
“Todo ello –incide Enrique Díez- por no hablar de su referencia a la serie de errores cometidos en la confección de la norma, desde aspectos tan simples como la ordenación de epígrafes al olvido de modificaciones en la LOE, norma en la que se basa y sustituye el texto del anteproyecto. Queda demostrada también así la falta de rigor e incompetencia del equipo redactor y del propio ministro Wert, que ha cosechado el mayor grado de desprestigio y rechazo del Gobierno Rajoy”.
Por todas estas razones, y ante el clamor de amplísimos sectores de la comunidad educativa y del conjunto de la ciudadanía, “el ministro Wert tiene una magnífica oportunidad para retirar su anteproyecto de LOMCE y presentar su dimisión irrevocable. Desde IU lo vamos a seguir reclamando en las instituciones y en la calle, además de continuar el trabajo para extender, afianzar y mejorar una Educación Pública para todos y todas”.
Izquierda Unida, a través de su Área Federal de Educación que coordina Enrique Díez, exige la “retirada inmediata de la contrarreforma educativa que trata de imponer el PP, con José Ignacio Wert a la cabeza”, al tiempo que reclama la dimisión del ministro de Educación. IU reacciona así tras conocer el contenido del dictamen elaborado por el Consejo de Estado sobre el anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), en su tercera versión.
Esta formación valora, tras una primera lectura de este trabajo, que supone una “rectificación en toda regla al proyecto de contrarreforma de Wert, que se ha gestado al margen y en contra de la comunidad educativa”.
Enrique Díez entiende que “ahora más que nunca se ve la oportunidad y la necesidad de la Huelga General de la Enseñanza Pública convocada para el próximo día 9 de mayo”.
Destaca también que, entre las múltiples objeciones que plantea el Consejo de Estado a la propuesta del PP está “cuestionar el propio sentido y la oportunidad de esta nueva ley de educación. Se demanda que exista un amplio acuerdo social y político, hasta ahora claramente inexistente, que evite sucesivas leyes educativas con cada cambio de gobierno. Además, plantea que los cambios propuestos respecto al sistema vigente no requieren de una nueva ley”.
Díez valora que el órgano consultivo del Estado “destaca como defecto grave que no se haya intentado un acuerdo educativo con las restantes fuerzas políticas y sociales –algo que IU viene denunciando desde que se hizo público el primer anteproyecto de ley- y que no haya habido un amplio debate público para alcanzar un diagnóstico riguroso y compartido sobre situación real de nuestro sistema público educativo. Se deben identificar las causas de los problemas y sus posibles soluciones, además de asegurar financiación suficiente para atender sus necesidades”.
Izquierda Unida entiende que, frente a ello, el “Gobierno de Mariano Rajoy ha impuesto brutales recortes en educación que superan los 5.000 millones de euros y se han aplicado medidas que deterioran gravemente la calidad de la Educación Pública, entre lo que destaca la reducción de decenas de miles de docentes”.
En este contexto, “resulta especialmente grave que el dictamen del Consejo de Estado sobre la ‘ley Wert’ destaque la insuficiencia de la valoración económica que entrañará su aprobación”.
Para el coordinador del Área Federal de Educación de IU, entre las consideraciones que “deberían causar mayor sonrojo al propio Wert está el reproche explícito que hace el Consejo a la falta de una asignatura con contenido de formación integral para ‘la adquisición de competencias cívicas y sociales que garanticen conocimientos, capacidades y actitudes esenciales en relación con la democracia, con la justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles…’”
“Es decir –detalla el dirigente de IU-, la insistencia de la jerarquía católica aceptada por la derecha de suprimir la actual asignatura de Educación para la Ciudadanía se señala como un error, y no menor, de la reforma planteada”.
Además, frente a la siempre polémica alternativa a la Religión, que es otra imposición del lobby de la Iglesia católica, el Consejo de Estado advierte de que “la proyectada reforma establece como optativa a la ‘Religión’ la materia de ‘Valores Culturales y Sociales’, o ‘Valores éticos’, de modo que su mantenimiento, en su caso, discriminaría a los alumnos que al elegir la primera no cursarán asignatura alguna sobre valores sociales y éticos a lo largo de su formación”.
“Al margen de la posible inconstitucionalidad de la ‘solución’ propuesta, IU entiende que la única solución acorde con nuestro Estado aconfesional pasa por eliminar el adoctrinamiento religioso (o de otra índole) del sistema educativo. Ello implica dejar fuera del currículo escolar la enseñanza confesional de cualquier religión”, explica Díez.
Para IU, el órgano consultivo que ha elaborado este dictamen “indica también de manera clara y contundente que los centros no separen al alumnado por sexos. Defiende la educación mixta ‘para promover desde la escuela la igualdad de género’”.
El texto del anteproyecto, a juicio del Consejo, ‘debería contener alguna previsión que justifique de forma objetiva y razonable la educación diferenciada, previsión que permita valorar los motivos y las razones por los que aplicando la excepción a la coeducación se favorece la igualdad de oportunidades’.
Díez considera que “esto da la razón a muchas voces y organizaciones que, como IU, hemos denunciado el carácter sexista de la propuesta ministerial por pretender asegurar financiación pública a centros privados ultraconservadores que practican la segregación por razón de sexo, a pesar de las sentencias del Tribunal Supremo invalidando esa práctica”.
El dictamen destaca, igualmente, la práctica desaparición de la democracia en los centros y señala el nuevo papel del Consejo Escolar, ‘que pierde, con el anteproyecto, el carácter de órgano de gobierno, al pasar a tener meramente funciones de información, propuesta y consulta’. Incide, además, en que se apuesta por un ‘modelo predominantemente ejecutivo o gerencial en la gestión de los centros educativos que afianza la posición de la Dirección y circunscribe al Consejo Escolar a funciones de participación o consulta’.
Izquierda Unida advierte también sobre que el trabajo del Consejo de Estado “subraya múltiples carencias e indefinición en diversos apartados relacionados con el currículo, asignaturas optativas, privatización de las evaluaciones, tratamiento de las cuestiones lingüísticas o competencias educativas de las comunidades autónomas”.
“Todo ello –incide Enrique Díez- por no hablar de su referencia a la serie de errores cometidos en la confección de la norma, desde aspectos tan simples como la ordenación de epígrafes al olvido de modificaciones en la LOE, norma en la que se basa y sustituye el texto del anteproyecto. Queda demostrada también así la falta de rigor e incompetencia del equipo redactor y del propio ministro Wert, que ha cosechado el mayor grado de desprestigio y rechazo del Gobierno Rajoy”.
Por todas estas razones, y ante el clamor de amplísimos sectores de la comunidad educativa y del conjunto de la ciudadanía, “el ministro Wert tiene una magnífica oportunidad para retirar su anteproyecto de LOMCE y presentar su dimisión irrevocable. Desde IU lo vamos a seguir reclamando en las instituciones y en la calle, además de continuar el trabajo para extender, afianzar y mejorar una Educación Pública para todos y todas”.
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