TEXTO IZQUIERDA UNIDA

Izquierda Unida es un movimiento politico y social organizado, que pretende contribuir a la transformación del actual sistema capitalista en un sistema socialista, fundamentado en los principios de justicia,igualdad,solidaridad y respeto por la naturaleza y las diferencias personales. Asimismo se afirma que dicha sociedad socialista se organizará a través de un estado social y participativo democrático,repúblicano y federal.

TEXTO CHÉ

El capitalismo es el genocida más respetado del mundo (Ernesto Guevara de la Serna. Che)



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DISCURSO CONTUNDENTE

ACTO CONVERGENCIA

lunes, 22 de septiembre de 2014

Todas las propuestas de resolución de IULV-CA en el Debate del Estado de la Comunidad



El Grupo Parlamentario de IU ha defendido las siguientes propuestas de resolución del Pleno sobre el Estado de la Comunidad de las que cinco han sido rechazadas
1. El Parlamento de Andalucía manifiesta su posición favorable a que el Consejo de Gobierno solicite al Gobierno Central, la retirada del recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra determinados artículos de la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, toda vez que implica un trato discriminatorio para con Andalucía respeto de otras comunidades autónomas, y supone un golpe institucional contra la autonomía andaluza para imponer a Andalucía un camino político contrario a la voluntad de la mayoría de sus ciudadanos y ciudadanas.
2. (RECHAZADA) El Parlamento de Andalucía manifiesta su posición favorable a que el Consejo de Gobierno inste a todos los promotores públicos (Ayuntamientos y Diputaciones) y privados de viviendas protegidas que se encuentren actualmente vacías, a que garanticen la efectiva ocupación de todas las viviendas protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, mediante su alquiler a precios adaptados a la demanda de las personas inscritas en los registros municipales, dando así cumplimiento a la función social de estas viviendas.  Así mismo, el Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a instar a su vez a todos los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, al establecimiento, en sus respectivas ordenanzas municipales, de un recargo en el impuesto sobre los bienes inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente, de conformidad con lo que a tal efecto se establece en la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía y en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. En este sentido, El Parlamento de Andalucía muestra su posición favorable a que el Consejo de Gobierno solicite al Gobierno Central la modificación de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, al objeto de que se contemple la posibilidad de que los Ayuntamientos establezcan bonificaciones de la cuota íntegra para los bienes inmuebles constitutivos del parque público residencial ocupado en régimen de arrendamiento, favoreciendo así a determinados colectivos sociales, que en algunas ocasiones se ven beneficiados por ayudas municipales de carácter económico que, en la práctica, suponen una auténtica “bonificación encubierta”.
3. El Parlamento de Andalucía muestra su posición favorable a que el Consejo de Gobierno apremie al Gobierno Central al abono inmediato de la deuda que mantiene con Andalucía en materia de vivienda y rehabilitación, por la aplicación en nuestra Comunidad Autónoma del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012; así como a que la financiación prevista para el presente año 2014 en el Convenio para la aplicación del Plan Estatal 2013-2016, suscrito el 15 de septiembre y que asciende a 28,5 millones de euros, se transfiera íntegramente a la Comunidad Autónoma, administración con competencia exclusiva en materia de vivienda, con destino a políticas públicas que fomenten la efectividad del derecho a la vivienda.
4. El Parlamento de Andalucía muestra su posición favorable a que el Consejo de Gobierno proceda a la modificación del Texto Refundido de las disposiciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, cuando sea oportuno, al objeto de que se establezca en la parte correspondiente a la Comunidad Autónoma de la cuota integra del impuesto sobre la renta de las personas físicas una deducción por las cantidades satisfechas por la rehabilitación de la vivienda que constituya la residencia habitual del contribuyente. Igualmente, el Parlamento de Andalucía muestra su posición favorable a que el Consejo de Gobierno, mediante la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2015, cree un Fondo carente de personalidad jurídica para el fomento de actuaciones en materia de vivienda y rehabilitación, con objeto de facilitar la financiación de actuaciones en dichos sectores, promoviendo la competitividad de las empresas andaluzas y la creación de empleo.
5. El Parlamento de Andalucía muestra su parecer favorable a que el Consejo de Gobierno, instando a su vez al Gobierno Central y otras administraciones públicas competentes para el mismo fin, procedan a la creación de redes de trenes de cercanías en las aglomeraciones urbanas de Almería, Bahía de Algeciras, Córdoba, Granda, Huelva y Jaén; así como a mejorar la calidad de los servicios de cercanías en Bahía de Cádiz, Málaga y Sevilla.  Del mismo modo, al restablecimiento de los servicios de trenes de Media Distancia a los que el Ministerio de Fomento negó la condición de Obligación de Servicio Público, condición que garantiza la prestación de los servicios de interés general, que el simple juego del mercado no permite prestar en condiciones de calidad, seguridad, frecuencia y precio, según señala el Reglamento (UE) 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo, del 23 de octubre de 2007, que entró en vigor el 3 de diciembre de 2010, y que regula los servicios públicos del transporte terrestre de personas; así como a mejorar la calidad y utilidad de dicho transporte, contemplando, entre otras circunstancias, las de horarios, paradas, interconexiones y tipos de tren. Asimismo, a la integración de los servicios ferroviarios de cercanías en los servicios de transporte gestionados por los consorcios de transporte de Andalucía, así como a la suma de la empresa pública Renfe al resto de empresas prestadoras de los servicios de transporte público colectivo que gestionan dichos consorcios de transporte.
6. El Parlamento de Andalucía muestra su posición favorable a que el Consejo de Gobierno, instando a su vez al Gobierno Central y otras administraciones públicas competentes para el mismo fin, promueva la mejora de los accesos ferroviarios a los puertos andaluces de Almería, Motril, Málaga, Algeciras, Cádiz, Sevilla y Huelva, con especial atención de urgencia al caso de Algeciras, garantizando el cumplimiento del Acuerdo de Antequera, verdadera hoja de ruta para la vertebración ferroviaria de toda Andalucía. Es por ello que el Parlamento de Andalucía muestra su parecer favorable a la dotación de accesos ferroviarios, acordes con la actual situación mundial, europea y española, a las áreas de actividades logísticas que ya conforman, o pueden conformar en un futuro próximo, la Red Logística de Andalucía. En este sentido, igualmente a instar al Gobierno central a impulsar que las Autoridades Portuarias ubicadas en Andalucía participen en el diseño, desarrollo y gestión de las áreas logísticas que conforman la Red Logística de Andalucía, para aprovechar las sinergias entre ambas infraestructuras, de forma que permita realizar una oferta logística integrada y competitiva. Es por ello que el Parlamento de Andalucía muestra su posición favorable a que el Consejo de Gobierno solicite al Gobierno Central la retirada del Fondo de Accesibilidad Portuaria, a fin de permitir que cada Autoridad Portuaria pueda dedicar sus recursos a la mejora de sus instalaciones, así como a participar en los proyectos logísticos que generen valor añadido a sus tráficos.
7. (RECHAZADA) El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a, instando a su vez al Gobierno Central y otras administraciones públicas competentes para el mismo fin, que con cargo a los presupuestos de cada Administración reguladas por las Leyes de Presupuestos anuales correspondientes, se garantice el mantenimiento y conservación del servicio público de transporte por carretera mediante la creación de un Fondo para la Conservación de Carreteras dotado con una inversión de, al menos, el 1% del valor patrimonial de las Infraestructuras viarias. Asimismo muestra su posición favorable a que el Consejo de Gobierno mantenga la subvención del peaje de la autopista AP-4 en el tramo Jerez de la Frontera-Puerto Real, así como a que solicite al gobierno central subvencionar el peaje de la referida autopista en el tramo Sevilla-Jerez de la Frontera, o proceder al rescate inmediato de la concesión.
8. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a instar a su vez al Gobierno Central, a la inmediata paralización del proceso de privatización iniciado por AENA; a asegurar el blindaje del carácter público de los aeropuertos y de su gestión, adoptando para ello las medidas legislativas que sean necesarias; así como, con la participación del Ministerio de Fomento, AENA y la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, a elaborar un plan de actuación con el objetivo de garantizar la viabilidad futura de los aeropuertos andaluces, a través de la optimización de sus recursos y la aplicación de medidas encaminadas a alcanzar su rentabilidad.
9. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a instar a su vez al Gobierno Central, a revisar los requisitos contemplados en el artículo 125 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, con el fin de que se amplíen las posibilidades de financiación recogidas en dicha norma a los municipios turísticos declarados como tal, conforme al Decreto 158/2002, de 28 de mayo, de Municipio Turístico, modificado por el Decreto 70/2006, de 21 de marzo.
10. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a manifestar al Gobierno Central, su rechazo al Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, aprobado por el Consejo de Ministros; tanto por la forma, por suponer la violación de competencias propias de la Comunidad Autónoma, recogidas en el Estatuto de Autonomía, como por el fondo del mismo, por ser perjudicial para los intereses del sector comercial andaluz; así como a instarlo a modificar la disposición adicional tercera de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, ampliando la moratoria de veinte años recogida por la norma para los arrendamientos de local de negocio, a pymes y autónomos, con el fin de garantizar el mantenimiento de la actividad y comercio tradicional.
11. (RECHAZADA) El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a mostrar su rechazo a cualquier tratado que, como el de Libre Comercio UE-EEUU, perjudique sectores productivos y generadores de empleo en Andalucía.
12. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a instar a su vez al Gobierno Central, a aumentar el periodo de carencia de los préstamos concedidos mediante el mecanismo del pago de proveedores hasta los  4 años, ampliando temporalmente las operaciones de endeudamiento hasta los 20 años a los entes locales, y unificando y rebajando sustancialmente el tipo de interés concertado en las operaciones en un porcentaje no inferior al 20% del establecido a todas las entidades locales que así lo soliciten.
13. El Parlamento de Andalucía manifiesta su rechazo a la modificación de la Ley orgánica 5//1985, de 19 de Junio, de Régimen Electoral General (LOREG), anunciada por el Gobierno Central, para introducir la elección directa de Alcaldes y Alcaldesas, toda vez que atentaría contra los principios de representatividad y proporcionalidad y alteraría el equilibrio entre los distintos órganos de gobierno de las municipios, dificultando la gobernabilidad del conjunto de las entidades locales y la implantación de una democracia participativa en el ámbito local.
14. El Parlamento de Andalucía manifiesta su posición favorable a la urgente revisión del modelo vigente de financiación de las Comunidades autónomas basada, fundamentalmente, en el principio de la igualdad de financiación por habitante en todos los territorios del sistema español. Asimismo - y teniendo en cuenta que las Comunidades Autónomas han soportado las mayores restricciones financieras por el desigual reparto de los objetivos de contención del déficit impuestos por el Estado Español – manifiesta su posición favorable a que se traslade a estas de manera inmediata el margen favorable de que dispone el Gobierno Central en sus objetivos de déficit, así como los efectos en las transferencias a cuenta que pudieran derivarse de una recaudación fiscal superior a la prevista. Igualmente, manifiesta su posición favorable al fraccionamiento del pago de la liquidación negativa de 2013 (que correspondería pagar en 2015) por un periodo de, al menos, diez años.
15. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a presentar ante este parlamento un proyecto de ley de creación de un Ente Público coherente con las conclusiones del Grupo de Trabajo creado al efecto.
16. El Parlamento de Andalucía reafirma la necesidad de poner en marcha un nuevo modelo productivo en el conjunto de España y en Andalucía. Para ello, considera imprescindible potenciar la I+D+i como base para la necesaria reindustrialización y definir el papel de la Junta de Andalucía dentro de los parques tecnológicos empresariales con el fin de garantizar su viabilidad como yacimientos de empleo y como base para la modernización de Andalucía. Asimismo, insta al Consejo de Gobierno a que inste, a su vez, al Gobierno central a la elaboración y puesta en marcha –con la colaboración de la Junta de Andalucía, los ayuntamientos y la iniciativa privada– de planes de reindustrialización para aquellas zonas de Andalucía que han sufrido el grave impacto de procesos de deslocalización industrial, entre las que cabe citar la Bahía de Cádiz y la comarca de Linares-La Carolina-Bailén-Andújar. Asimismo insta al Consejo de Gobierno a cumplir inmediatamente con el Decreto-Ley 4/2012 del 16 de octubre, y que se proceda de  manera inminente al abono de todos los complementos y cantidades que correspondan a todos y cada uno de los trabajadores afectados por el Decreto-Ley.
17. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno para que inste a su vez al Gobierno central a la publicación de un Real Decreto con medidas extraordinarias e indemnizatorias, así como se active el fondo de solidaridad europeo, al objeto  paliar los efectos que la sequía está provocando en el campo andaluz, que  sufre desde hace meses uno de los periodos de sequía más largos que se recuerdan, con cotas de precipitación más bajas en décadas. Con graves consecuencias sobre la actividad agrícola y ganadera son desastrosas, siendo los cultivos de cereal, el almendro, la apicultura y la ganadería extensiva de ovino y caprino las producciones más afectadas. Rechazando igualmente el recorte de fondos en  materia de Desarrollo Rural  por parte del Gobierno Central en el segundo pilar de la PAC , ya que supone una amenaza para la política de desarrollo rural, principal herramienta con la que cuentan Andalucía para potenciar los sectores productivos y asegurar el futuro sostenible de las explotaciones y manifiesta su compromiso con un modelo social de agricultura productiva basado en la agrodiversidad, la agricultura y ganadería familiar, campesina, y ecológica. E insta al Consejo de Gobierno a la elaboración de un proyecto de ley integral de agricultura que contemple la nueva realidad social del campo andaluz, de acuerdo con el marco constitucional y estatutario mediante el cual la Junta de Andalucía ha expresado su firmeza por desarrollar medios que permitan el acceso a la tierra de las trabajadoras y trabajadores agrarios. Iniciando los trámites para la elaboración de la oportuna normativa sobre la planificación del  uso  social de las tierras públicas propiedad de la Junta de Andalucía, aportando medios a la consecución de la soberanía alimentaria en nuestra comunidad, en consonancia con el desarrollo de una economía sostenible dentro de un orden económico y social justo, para que, mediante un proyecto de economía social, ponga en valor las fincas públicas propiedad de la Junta de Andalucía, posibilitando la creación de empleo en el medio rural y combatiendo el alto desempleo. Así como a iniciar los trámites para el establecimiento de una moratoria en Andalucía sobre la liberación de cultivos transgénicos con la colaboración de las organizaciones agrarias, hasta que se lleve a cabo la revisión de la normativa española en esta materia.
18. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a instar a su vez al Gobierno Central a eliminar el requisito de exigir un número de peonadas para tener acceso al subsidio agrario para todos/as aquellos trabajadores/as eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario; a poner en marcha entre la Junta de Andalucía y Gobierno Central, con carácter de urgencia, un programa de fomento de empleo agrario especial, con fondos extraordinarios para ayudar al mundo rural a superar la terrible crisis económica, y la falta de actividad agrícola por la que estamos pasando; a la  reducción del módulo fiscal; a la moratoria en el pago de las cuotas de Seguridad Social y el anticipo de ayudas de Pago Único para los olivareros; así como a continuar apoyando y desarrollando el programa de fomento de empleo agrario, con una mayor dotación económica.
19. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a la adopción de las medidas que permitan el efectivo cumplimiento del artículo 45 del Estatuto de Autonomía de Andalucía en sus apartados 1 y 2 acerca de la competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de fomento, en especial en lo relativo a la transferencia por parte del Gobierno Central para el ejercicio 2015 de los fondos destinados al Plan de Fomento de Empleo Agrario, a fin de permitir una mejor y más correcta adecuación a los fines de dicho programa de protección a los trabajadores del medio rural andaluz.
20. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a instar a su vez al Gobierno Central, a la ratificación de la Carta Social Europea revisada, puesto que es el Tratado Internacional europeo más importante en materia de derechos humanos de carácter social, equiparándose, con ello, al resto de países europeos que ya lo han realizado, siendo una muestra de progreso y  avance de España en el reconocimiento y garantía de los derechos; así como a la firma y ratificación del Protocolo de Reclamaciones Colectivas, como instrumento rápido, económico y eficaz para la garantía de los derechos sociales reconocidos en la Carta Social Europea; y en dicho sentido el Gobierno andaluz velará por que se cumplan con rigor las condiciones en que se realizan las subrogaciones de los empleados en los servicios públicos contratados con empresas privadas.
21. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a, instando a su vez al Gobierno Central y otras administraciones públicas competentes para el mismo fin, a hacer efectivo y exigible el derecho a una cantidad mínima de agua y energía eléctrica al conjunto de los ciudadanos, en línea con lo expresado por los organismos internacionales, a fin de garantizar los principios básicos de salubridad y habitabilidad,  destinando los recursos presupuestarios adecuados para materializar como derecho subjetivo de la ciudadanía el acceso a un “mínimo vital” de agua potable y energía eléctrica. Asimismo insta al Consejo de Gobierno a suscribir el Pacto del Agua que considera el abastecimiento y depuración de esta como un derecho humano y defiende la gestión pública de este derecho. Asimismo insta al Gobierno andaluz a qué inste al Gobierno Central y otras administraciones públicas competentes  a hacer efectivo y exigible el derecho a la cantidad mínima necesaria de agua y energía al conjunto de los ciudadanos, en línea con lo expresado por los organismos internacionales, a fin de garantizar las mínimas condiciones para el mantenimiento de la vida, destinando los recursos presupuestarios a este fin.
22. El Parlamento de Andalucía manifiesta su posición contraria a la actual política energética del Gobierno central por su efecto de paralización del desarrollo e implantación de las energías alternativas limpias; e insta al Consejo de Gobierno a instar a su vez al Gobierno Central a la retirada de la propuesta de Real Decreto que regula la producción de energía eléctrica a partir de la cogeneración y la orden ministerial que lo desarrolla de acuerdo con la última reforma del sector eléctrico (Ley 24/2013, de 26 de diciembre), que modifican el sistema retributivo de la producción de energía con fuentes renovables, cogeneración y residuos, y eliminan la producción de energía en régimen especial tal como viene siendo hasta ahora.
23. (RECHAZADA) El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a la derogación o resolución jurídica de todos los permisos de investigación de hidrocarburos autorizados en la Comunidad Autónoma de Andalucía; así como a la paralización y el desistimiento de los expedientes de autorización de los permisos aún no vigentes.
24. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a instar a su vez al Gobierno Central, a que, en colaboración con la Junta de Andalucía, se inicien, con carácter de urgencia, los estudios pertinentes para determinar las causas de los 2300 terremotos registrados que se han producido en la comarca de Torreperogil-Úbeda  desde el mes de octubre de 2012; así como de la alta actividad sísmica que se ha producido en fechas recientes en la Comarca de Lupión-Baeza, con terremotos de tal intensidad que están contribuyendo a provocar la alarma entre la población de la provincia de Jaén.
25. El Parlamento de Andalucía muestra su rechazo a la política de reiterado ataque al sistema público educativo y a sus principios rectores de igualdad y equidad puesta en marcha por el Gobierno Central que se materializa, fundamentalmente, a través de  recortes presupuestarios en materia educativa en los tres últimos años a través del PGE y el recorte adicional de 3.700 millones de euros a través del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Reducción presupuestaria que ha colocado la inversión del Estado en educación en el 3,9% del PIB, retrocediéndose así al nivel de inversión de los años 80 y colocándolos a la cola de la UE y OCED. Por todo ello, el Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a instar, a su vez, al Gobierno Central a eliminar de forma inmediata el sistema de sustitución a 10 días lectivos, el aumento de 2 horas de horario lectivo o la imposición de la tasa de reposición del 10% con el objeto de conseguir alcanzar el objetivo de aumentar la plantilla en 15.000 docentes acordado por el Parlamento andaluz. Asimismo, el Parlamento de Andalucía asume la protesta ciudadana y de la comunidad educativa contra la reforma educativa del Gobierno Central y rechaza la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa por suponer un ataque directo al sistema educativo público e implantar un sistema educativo segregador, elitista, mercantilista, autoritario, centralizado, adoctrinador, privatizador, contrario a los criterios pedagógicos vigentes, por estar diseñado a espaldas de la comunidad educativa y sin financiación y en un contexto de brutales recortes económicos y, en consecuencia, insta al Consejo de Gobierno a seguir trabajando en la elaboración de un Plan Alternativo a la LOMCE para minimizar los efectos de su aplicación en la Comunidad Autónoma andaluza y a instar, a su vez, al Gobierno Central a derogar la LOMCE e iniciar un proceso de diálogo y debate con la comunidad educativa y agentes sociales y políticos implicados  sobre la necesidad de mejora y reforma del sistema educativo público actual. Igualmente, el Parlamento de Andalucía manifiesta su posición favorable a la derogación de las actuales condiciones académicas y económicas para tener acceso a las becas y ayudas al estudio - caracterizadas por significativos recortes y por la mayor exigencia de calificaciones académicas al alumnado becario para conseguir o mantener su beca y que suponen un tremendo ataque al principio de igualdad de oportunidades consagrado en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía –  que han tenido como consecuencia la pérdida de miles de becas en Andalucía y la expulsión de miles de universitarios andaluces por su imposibilidad de pagar la matrícula.
26. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a potenciar con financiación suficiente y solidaria al sistema educativo público andaluz, dotando estabilidad a la inversión en la educación pública, protegiéndolo al máximo de los ataques del Gobierno Central, a través de medidas como la  progresiva recuperación del cupo de docentes de apoyo por reducción horario, el mantenimiento de las escuelas rurales y de su oferta pública en unidades y centros, la garantía de la continuación de los estudios de música con una oferta suficiente en los conservatorios profesionales, el avance hacia la gestión pública de los servicios externalizados, el aumento de la inversión en mejora y mantenimiento de infraestructura educativas.  Asimismo, el Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a definir las prioridades en política educativa y optimizar los recursos públicos con el fin de mejorar nuestro sistema educativo andaluz y dotarlo de índices de mayor calidad, equidad, igualdad y justicia a través de un replanteamiento de las políticas de concertación educativa, del Plan de Calidad, la ampliación de vigencia de los libros de textos a más de cuatro años, la revisión de la formación del Profesorado apostando por la “autoformación” y la formación en los propios centros, la revisión de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (AGAEVE) o la revisión del modelo externalizado de prestación de servicios educativos a través del  EPAISE. Igualmente, el Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a caminar hacia un sistema público educativo andaluz laico y democrático. Igualmente, el Parlamento de Andalucía valora la inversión en educación en los últimos años –a pesar de la crisis- situando la educación en el centro de su política presupuestaria, lo que ha permitido el aumento de las becas  (situando  a Andalucía a la cabeza de todas las Comunidades Autónomas), el mantenimiento de becas y programas educativos con recursos propios (Beca 6000, Beca Segunda Oportunidad,  gratuidad de los libros de texto, Plan de Apertura de centros y apoyo a las familias, transporte escolar gratuito, planes de Compensación Educativa, PROA, etc.), y el mantenimiento de planes, programas y servicios que están siendo eliminados en el resto del territorio español (no subida de ratio, plan de plurilingüismo, apuesta por la Formación Profesional en sectores estratégicos).
27. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a instar a su vez al Gobierno Central a la rectificación y retirada de la subida del impuesto sobre el valor añadido en aquellos bienes y servicios culturales o de información del 21% al 4%; Así como a retirar la propuesta de modificación de la Ley del Deporte, en su apartado referido a la licencia única, actualmente en tramitación parlamentaria, puesto que vulnera el ámbito competencial en materia de deportes de la Comunidad Autónoma de Andalucía reconocida en el artículo 148.1. CE, colisiona con nuestro Estatuto de Autonomía en su artículo 72.1 relativo a deportes, espectáculos y actividades recreativas, y vulnera la Ley 6/1998 del Deporte, de plena vigencia y por tanto de obligado cumplimiento para las Federaciones Andaluzas.
28. (RECHAZADA) El Parlamento Andaluz manifiesta su compromiso con el mantenimiento del Sistema de Atención a las Dependencias e insta al Gobierno Andaluz a, que a su vez, inste al Gobierno Central a disponer los fondos presupuestarios necesarios para garantizar el acceso, de todos los ciudadanos que lo precisen, a todo el catálogo de prestaciones contemplados en la Ley antes de sus sucesivas rebajas. Asimismo y ante el galopante deterioro de las condiciones de vida de los andaluces, y la existencia de una importante cantidad de familias sin ningún tipo de ingresos, el Parlamento insta al Consejo de Gobierno a la creación con carácter inmediato de una renta mínima que garantice los ingresos mínimos necesarios a los y las andaluces y andaluzas que carezcan de ellos y durante el tiempo que se mantenga esa privación, en el marco de un debate de carácter estatal. Igualmente la constatación de que uno de cada tres niños andaluces viven bajo el umbral de la pobreza debe impulsar, entre otras, la redacción de un nuevo Plan Integral de la Infancia que desde 2007 carece de continuación.
29. Con la finalidad de garantizar los niveles exigibles de calidad en la atención a la Salud de los andaluces, este Parlamento insta al Consejo de Gobierno a disponer lo necesario para garantizar la contratación al 100% de la jornada laboral a los eventuales de la Sanidad Pública Andaluza con carácter de urgencia, así como instar al Consejo de Gobierno andaluz  a qué inste al Gobierno Central a eliminar la tasa de reposición del 10% del personal adscrito a los servicios sanitarios  y a abandonar los sistemáticos recursos a las subastas de medicamentos en Andalucía. Igualmente el Parlamento Andaluz manifiesta su oposición a la modificación de la Ley de Colegios Profesionales aprobada por el Gobierno del Estado y que elimina el papel acreditador de la idoneidad de sus profesionales para depositarlo en instancias ajenas.
30. El Parlamento de Andalucía se muestra convencido de la necesidad de promover las medidas legislativas necesarias para garantizar la igualdad de las personas con independencia de su género o identidad de género, edad u origen y por ello:
- Insta al Consejo de Gobierno a promover la plena igualdad entre mujeres y hombres en Andalucía, incluyendo, dentro de los planes de empleo que puedan aprobarse o prorrogarse, las medidas específicas necesarias para GARANTIZAR EL EMPLEO de las mujeres, de forma que se posibilite erradicar las dificultades de inserción laboral que ha supuesto la reforma del mercado laboral, dotando específicamente partidas presupuestarias destinadas a conseguir la igualdad real en todos los sectores laborales, a través programas transversales destinados a la incorporación de las mujeres al empleo, a eliminar la brecha salarial y a acabar con la precarización de los sectores más feminizados, como un frente más en la lucha contra la violencia de género, adoptando las medidas que sean necesarias para que las mujeres andaluzas puedan tener garantizadas las pensiones alimenticias, poniendo en funcionamiento el Fondo de Pensiones Impagadas en Andalucía, según lo dispuesto en la disposición transitoria única de la Ley andaluza contra la violencia de género.
- Insta al Consejo de Gobierno a desarrollar el procedimiento asistencial en el marco sanitario a que se refiere el art. 10.3 de la Ley Integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, así como los diversos protocolos de actuación para profesionales a los que se refiere la disposición adicional segunda de la misma con la finalidad de garantizar el efectivo cumplimiento de la ley.
- Insta al Consejo de Gobierno a realizar una política integral de juventud que se sustente sobre los pilares de la educación, el empleo y la participación, y muestra su postura favorable al mantenimiento de las estructuras participativas de la juventud en el marco del Estado.
- Insta al Consejo de Gobierno a promover las medidas necesarias para garantizar la ejecución del "III Plan Integral para la Inmigración en Andalucía. Horizonte 2016", posibilitando su acceso a la totalidad de los servicios públicos, sanidad, educación, justicia y bienestar social, asegurando unas condiciones de vida dignas para sí y sus familias y realizando una política de integración cultural que permita su visibilización y su integración social como ciudadanos de pleno derecho de Andalucía. En este sentido, el Parlamento de Andalucía insta igualmente al Consejo de Gobierno para que a su vez inste al Gobierno central al cierre del CIE de Algeciras e Isla de las Palomas en Tarifa.
- Muestra su posición favorable a que el Gobierno de España retire de manera definitiva el anteproyecto de ley orgánica de protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, vulgarmente conocida como ley del aborto, y regule el aborto libre y gratuito reconociendo así el derecho de las mujeres a decidir sobre sus vidas.
31. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a instar a su vez al Gobierno Central, a la puesta en marcha  de las recomendaciones realizadas por los organismos internacionales en cumplimiento del derecho internacional público y de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.
32. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno Andalucía al mantenimiento, en lo posible, de las transferencias destinadas a política de Cooperación Internacional al Desarrollo como reflejo de la dimensión solidaria del pueblo andaluz a pesar del difícil momento económico financiero que padecemos, así como a redoblar la solidaridad con el conjunto de países de atención preferente que determina la Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo a fin de paliar la situación límite que viven casi 800 millones de seres humanos en el planeta. Para tales fines, el conjunto de las administraciones públicas andaluzas deben renovar su compromiso de alcanzar el horizonte de al menos el 0’7% de sus respectivos presupuestos, corrigiendo los graves retrocesos acumulados en los años recientes. Para ello, se elaborarán de manera urgente nuevos calendarios para su consecución, consensuado con los distintos agentes de cooperación. En este sentido, es prioritario que no se cierren las convocatorias de subvenciones, ni las líneas presupuestarias y que, en cualquier caso, no se reduzcan los presupuestos de estas políticas en un porcentaje mayor a lo que se reduzca el presupuesto global de cada Administración.
33. El Parlamento de Andalucía, en coherencia con lo expresado  por la Declaración Institucional 9-14/DI-000007, sobre el pueblo palestino, aprobada en la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía el día 23 de julio de 2014, con motivo del Año Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, insta al Consejo de Gobierno a instar a su vez al Gobierno Central, a exigir a Israel el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas, el respeto absoluto de los derechos humanos de palestinas y palestinos, el respeto absoluto de los derechos colectivos del pueblo palestino, el principio del retorno de las personas y comunidades a las tierras y casas de las que fueron expulsadas, así como el reconocimiento del Estado Palestino, así como a solicitar ante los organismos internacionales competentes la apertura de procedimientos para que sean esclarecidas y juzgadas aquellas actuaciones que, durante la pasada agresión bélica perpetrada por el Estado de Israel contra el pueblo palestino, pudieran vulnerar cualquier convención o tratado sobre derechos humanos en situaciones de guerra. Asimismo se congratula de la respuesta de la cooperación andaluza, que actúo enviando ayuda humanitaria desde las primeras semanas de la agresión, e insta al Consejo de Gobierno a evaluar la posibilidad de nuevas actuaciones de carácter extraordinario destinadas a apoyar la reconstrucción de la zonas arrasadas.
34. El Parlamento de Andalucía -considerando la especial sensibilidad del pueblo andaluz con el pueblo saharaui, la responsabilidad histórica del estado español en la situación del inconcluso proceso de descolonización del Sáhara Occidental, y las cada vez mayores dificultades para la subsistencia del pueblo saharaui en condiciones razonables en el inhóspito territorio de Tindouff- insta al Consejo de Gobierno a incrementar la ayuda humanitaria y de desarrollo al pueblo saharaui a través de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, recurriendo, si se estimase oportuno, a un convenio específico de colaboración y ayuda con los representantes legítimos del pueblo saharaui; así como a instar a su vez al Gobierno Central a la asunción de los principios contenidos en la Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de febrero de 2013, sobre el 22º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2013/2533(RSP)), que ratifica la preocupación del organismo internacional por el hecho de que sigan violándose los derechos humanos en el Sáhara Occidental; pide que se protejan los derechos fundamentales del pueblo del Sáhara Occidental, incluidos la libertad de asociación, la libertad de expresión y el derecho de manifestación; exige la liberación de todos los presos políticos saharauis; destaca la necesidad de un seguimiento internacional de la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental; y apoya una solución justa y duradera del conflicto basada en el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas.
35. El Parlamento de Andalucía manifiesta su posición favorable a que, mediante los mecanismos jurídicos y/o políticos oportunos, se proceda a declarar la inconstitucionalidad de la vigente Ley Hipotecaria (procedente de la dictadura franquista), en lo referente al artículo 206 de la misma que ha permitido, junto con el art 304 del reglamento hipotecario, la inscripción masiva de bienes inmuebles a nombre de la Iglesia católica sin respetar las mínimas garantías de legalidad y a través de un procedimiento claramente inconstitucional, que equipara la Iglesia Católica con el Estado, la Provincia, el Municipio y las Corporaciones de Derecho Público a la hora de facilitar la inscripción, lo que ha supuesto la apropiación por la Iglesia del patrimonio de todo el pueblo andaluz, en muchos casos sin conocimiento de los poderes públicos pero en otros, contando con la pasividad de los mismos, por lo que se hace necesaria la actuación del gobierno para su protección.

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