Acordado tras la reunión mantenida hoy por las delegaciones encabezadas, respectivamente, por Cayo Lara e Ignacio Fernández Toxo
En la reunión de hoy, las delegaciones de Izquierda Unida y Comisiones Obreras hemos coincidido en la necesidad de promover una reforma fiscal alternativa y radicalmente diferente a la presentada por el Gobierno del Partido Popular.
Sin perjuicio de las propuestas concretas que ambas organizaciones han realizado y hecho públicas, que comparten orientación en muchos aspectos, CCOO e IU defendemos una reforma fiscal basada en los siguientes principios:
Suficiente, de forma que con el sistema tributario el Estado garantice los ingresos necesarios para mantener servicios públicos de calidad y las políticas económicas y sociales que precisan los ciudadanos y exige el apoyo a la creación de empleo. El sistema fiscal es, antes que nada, una decisión política, que establece la orientación del modelo de sociedad que se quiere construir; frente a las fórmulas de exclusión y desigualdad es posible anteponer alternativas de crecimiento y redistribución de la renta más favorables a la mayoría social.
Progresiva, de manera que se cumpla el mandato constitucional que obliga a que, aportando todos, lo hagamos según la capacidad económica de cada cual, de manera que aporten más quienes más tienen.
Equitativa y, por tanto, justa, donde se reequilibren los derechos y obligaciones de todos, de modo que se reequilibre la carga fiscal entre las rentas del trabajo, quienes hoy la soportan en mayor medida, y las rentas del capital.
Legitimada socialmente, de modo que la ciudadanía perciba al sistema tributario con cercanía y de manera comprensible, poniendo en marcha medidas que posibiliten que los ciudadanos lo valoren poniéndolo en relación con la eficacia, racionalidad, rigor y buen uso del gasto público.
Junto a estos principios básicos que, a nuestro juicio, deben regir la correcta orientación de una reforma fiscal, es necesario que la misma se complemente poniendo en marcha instrumentos que garanticen su eficacia. Entre los mismos, destaca la lucha contra el fraude, la economía sumergida y la elusión fiscal; fenómenos todos ellos, cuya mera existencia suponen uno de los principales problemas de equidad y legitimación que presenta nuestro actual sistema tributario.
IU y CCOO rechazamos la reforma fiscal presentada por el Gobierno del PP porque ahonda en la inequidad y en un reparto desigual de las cargas, tanto entre trabajadores y rentas del capital, como entre los distintos niveles de renta de las personas ya que beneficia especialmente a las más altas respecto de la situación actual.
De igual modo, CCOO e IU rechazamos la reforma fiscal presentada por el Ejecutivo porque, pese a que nuestro sistema tributario presenta un diferencial de hasta 8 puntos del PIB respecto de lo que consiguen recaudar los países de la Eurozona, la propuesta, tal y como ha sido formulada, no permite garantizar los ingresos necesarios que el Estado precisa para mantener los servicios públicos de calidad (sanidad, educación, dependencia, etc.) que necesitan las personas, así como las políticas económicas y sociales de reactivación del empleo que necesitamos para salir de la crisis. Antes al contrario, la reforma fiscal propuesta supone una pérdida de recaudación de 12.000 millones de euros en 3 años, de la que se beneficiarán principalmente las rentas más altas y las grandes empresas y que abocará o a ser corregida en breve tiempo, aumentando impuestos, probablemente indirectos, provocando mayor regresividad fiscal, o haciendo que la mayoría de personas sufran nuevos recortes en la calidad de los servicios públicos.
IU y CCOO creemos que cualquier reforma fiscal seria, debe partir de la premisa de que el principal problema en España es la ausencia de recursos equivalentes a los de los países de nuestro entorno. Por ello ambas organizaciones nos pronunciamos por la firme defensa de una reforma fiscal alternativa, justa y que, entre sus principales objetivos esté garantizar la protección social de las personas y fomentar la creación de empleo.
En la reunión de hoy, las delegaciones de Izquierda Unida y Comisiones Obreras hemos coincidido en la necesidad de promover una reforma fiscal alternativa y radicalmente diferente a la presentada por el Gobierno del Partido Popular.
Sin perjuicio de las propuestas concretas que ambas organizaciones han realizado y hecho públicas, que comparten orientación en muchos aspectos, CCOO e IU defendemos una reforma fiscal basada en los siguientes principios:
Suficiente, de forma que con el sistema tributario el Estado garantice los ingresos necesarios para mantener servicios públicos de calidad y las políticas económicas y sociales que precisan los ciudadanos y exige el apoyo a la creación de empleo. El sistema fiscal es, antes que nada, una decisión política, que establece la orientación del modelo de sociedad que se quiere construir; frente a las fórmulas de exclusión y desigualdad es posible anteponer alternativas de crecimiento y redistribución de la renta más favorables a la mayoría social.
Progresiva, de manera que se cumpla el mandato constitucional que obliga a que, aportando todos, lo hagamos según la capacidad económica de cada cual, de manera que aporten más quienes más tienen.
Equitativa y, por tanto, justa, donde se reequilibren los derechos y obligaciones de todos, de modo que se reequilibre la carga fiscal entre las rentas del trabajo, quienes hoy la soportan en mayor medida, y las rentas del capital.
Legitimada socialmente, de modo que la ciudadanía perciba al sistema tributario con cercanía y de manera comprensible, poniendo en marcha medidas que posibiliten que los ciudadanos lo valoren poniéndolo en relación con la eficacia, racionalidad, rigor y buen uso del gasto público.
Junto a estos principios básicos que, a nuestro juicio, deben regir la correcta orientación de una reforma fiscal, es necesario que la misma se complemente poniendo en marcha instrumentos que garanticen su eficacia. Entre los mismos, destaca la lucha contra el fraude, la economía sumergida y la elusión fiscal; fenómenos todos ellos, cuya mera existencia suponen uno de los principales problemas de equidad y legitimación que presenta nuestro actual sistema tributario.
IU y CCOO rechazamos la reforma fiscal presentada por el Gobierno del PP porque ahonda en la inequidad y en un reparto desigual de las cargas, tanto entre trabajadores y rentas del capital, como entre los distintos niveles de renta de las personas ya que beneficia especialmente a las más altas respecto de la situación actual.
De igual modo, CCOO e IU rechazamos la reforma fiscal presentada por el Ejecutivo porque, pese a que nuestro sistema tributario presenta un diferencial de hasta 8 puntos del PIB respecto de lo que consiguen recaudar los países de la Eurozona, la propuesta, tal y como ha sido formulada, no permite garantizar los ingresos necesarios que el Estado precisa para mantener los servicios públicos de calidad (sanidad, educación, dependencia, etc.) que necesitan las personas, así como las políticas económicas y sociales de reactivación del empleo que necesitamos para salir de la crisis. Antes al contrario, la reforma fiscal propuesta supone una pérdida de recaudación de 12.000 millones de euros en 3 años, de la que se beneficiarán principalmente las rentas más altas y las grandes empresas y que abocará o a ser corregida en breve tiempo, aumentando impuestos, probablemente indirectos, provocando mayor regresividad fiscal, o haciendo que la mayoría de personas sufran nuevos recortes en la calidad de los servicios públicos.
IU y CCOO creemos que cualquier reforma fiscal seria, debe partir de la premisa de que el principal problema en España es la ausencia de recursos equivalentes a los de los países de nuestro entorno. Por ello ambas organizaciones nos pronunciamos por la firme defensa de una reforma fiscal alternativa, justa y que, entre sus principales objetivos esté garantizar la protección social de las personas y fomentar la creación de empleo.
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