El diputado Gaspar Llamazares afirma que “los poderes públicos están llamados a adecuar la legislación para garantizar la imparcialidad de la acción pública en condiciones de máxima transparencia y prevenir la corrupción, robusteciendo la deontología de la función pública”
Izquierda Unida, a través de su diputado Gaspar Llamazares, ha registrado una iniciativa parlamentaria en el Congreso para endurecer las incompatibilidades de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración General del Estado al término de su mandato. Entre otras propuestas, la proposición no de ley de IU plantea y detalla una batería de actividades que los ex ministros y altos cargos no podían realizar desde el ámbito privado “en los cinco años siguientes al cese de sus funciones”.
La iniciativa señala que para poder ejecutar estas restricciones de manera efectiva deben modificarse dos leyes: la Ley 12/1995, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno y Altos Cargos, y la Ley 5/2006, de Regulación de los conflictos de intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.
El texto registrado plantea como principal objetivo “fijar limitaciones más estrictas en el ejercicio de actividades que realicen al término de su mandato” los ex cargos a los que va dirigido. Para ello, detalla que no puedan “ejercer funciones en empresas privadas que desarrollen actividades en los sectores en que desplegaron directamente responsabilidades en el ejercicio de su cargo, siempre que durante su mandato dichas empresas hayan sido objeto de privatización o se beneficien de contratos públicos de servicios externalizados, ayudas financieras o ventajas fiscales de naturaleza contractual”.
Se reclama también que estos ex altos cargos públicos tengan vetado “dar a sus asociados, clientes o empleadores consejos basados en informaciones no accesibles al público obtenidas durante su mandato”.
Además, la iniciativa de Izquierda Unida plantea impedir que sea posible que puedan disponer de “participaciones directas o indirectas superiores al 10% en empresas que tengan conciertos o contratos de cualquier otra naturaleza con empresas públicas privatizadas en los 10 años anteriores”.
Llamazares destaca que esta iniciativa se presenta “ante la evidente necesidad demostrada por los últimos casos que han saltado a la luz públicamente, aunque algunas de sus particularidades nominales no entren directamente en esta casuística legal, y por la falta de claridad evidenciada por la legislación en vigor para poder aplicarse adecuadamente”.
El diputado de IU por Asturias entiende que “los poderes públicos están llamados a adecuar la legislación para garantizar la imparcialidad de la acción pública en condiciones de máxima transparencia y prevenir la corrupción, robusteciendo la deontología de la función pública
La iniciativa señala que para poder ejecutar estas restricciones de manera efectiva deben modificarse dos leyes: la Ley 12/1995, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno y Altos Cargos, y la Ley 5/2006, de Regulación de los conflictos de intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.
El texto registrado plantea como principal objetivo “fijar limitaciones más estrictas en el ejercicio de actividades que realicen al término de su mandato” los ex cargos a los que va dirigido. Para ello, detalla que no puedan “ejercer funciones en empresas privadas que desarrollen actividades en los sectores en que desplegaron directamente responsabilidades en el ejercicio de su cargo, siempre que durante su mandato dichas empresas hayan sido objeto de privatización o se beneficien de contratos públicos de servicios externalizados, ayudas financieras o ventajas fiscales de naturaleza contractual”.
Se reclama también que estos ex altos cargos públicos tengan vetado “dar a sus asociados, clientes o empleadores consejos basados en informaciones no accesibles al público obtenidas durante su mandato”.
Además, la iniciativa de Izquierda Unida plantea impedir que sea posible que puedan disponer de “participaciones directas o indirectas superiores al 10% en empresas que tengan conciertos o contratos de cualquier otra naturaleza con empresas públicas privatizadas en los 10 años anteriores”.
Llamazares destaca que esta iniciativa se presenta “ante la evidente necesidad demostrada por los últimos casos que han saltado a la luz públicamente, aunque algunas de sus particularidades nominales no entren directamente en esta casuística legal, y por la falta de claridad evidenciada por la legislación en vigor para poder aplicarse adecuadamente”.
El diputado de IU por Asturias entiende que “los poderes públicos están llamados a adecuar la legislación para garantizar la imparcialidad de la acción pública en condiciones de máxima transparencia y prevenir la corrupción, robusteciendo la deontología de la función pública
Gaspar Llamazares sale al paso de las críticas que reciben las iniciativas de estas características que presenta IU por parte de los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE. “Planteamos cuestiones –señala- que consideramos que son de justicia y que obedecen a las demandas mayoritarias de la ciudadanía. Valga un ejemplo, en marzo del año pasado propusimos eliminar las indemnizaciones de ‘cesantía’ de los ex ministros y ex secretarios de Estado para hacerlas incompatibles con el cobro de cualquier otro sueldo público o privado. El aluvión de críticas políticas interesadas que recibimos de ellos rozó el ridículo. Pues bien, el 13 de julio eso mismo lo aprobaba y justificaba el Consejo de Ministros. Ahí está la hemeroteca”.
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