El diputado Alberto Garzón planteó en la proposición no de ley rechazada “constituir una comisión de expertos” para, entre otros objetivos, estudiar los diferentes créditos del Tesoro para identificar las razones por las que se contrataron, con quién y por qué cantidades
Partido Popular, PSOE, CiU y UPyD han rechazado con rotundidad y votado en contra de la iniciativa defendida en el Congreso por el diputado de IU Alberto Garzón para realizar una auditoría de la parte de la deuda pública ilegítima y detectar los ‘créditos odiosos’ para no pagarlos.
Frente a la defensa hecha por Garzón por “constituir una comisión de expertos” provenientes de distintos ámbitos sociales y económicos para precisar esa “deuda ilegítima” y estudiar los diferentes créditos del Tesoro para identificar las razones por las que se contrataron, con quién y por qué cantidades, los grupos antes mencionados que sumaron sus votos adujeron que todo ello provocaría una gran inestabilidad en los mercados y supondría costes más altos para la financiación de las administraciones y empresas españolas. La votación ofreció 20 votos a favor, 300 en contra y 5 abstenciones.
El diputado de IU por Málaga advirtió de que “dadas las políticas de austeridad del Gobierno, que han empeorado las condiciones de financiación del Estado y los ingresos públicos, la deuda se hará absolutamente insoportable e impagable”.
Del mismo modo, Garzón planteó en la proposición no de ley de IU -denominada textualmente de “creación de una auditoría de la deuda pública y de una comisión que determine los criterios económicos y sociales con los que poder calificar como odiosa parte de la deuda”- que se determine “a partir de un criterio establecido democráticamente, qué contratos deben ser reformulados y cuáles no pagar. Es necesario, entendiendo que el lastre de la deuda pública es suficientemente importante para destruir el Estado del Bienestar”.
Alberto Garzón expresó con claridad que “esta medida debe ir acompañada de otras muchas; es un alivio y no una solución”, al tiempo que puso sobre aviso de que si el Estado español sigue aceptando las “normas que ha impuesto la troika, que llevan al país al abismo económico” puede llegarse a un punto “insoportable” donde la ciudadanía “canalice su frustración de forma antidemocrática”.
Partido Popular, PSOE, CiU y UPyD han rechazado con rotundidad y votado en contra de la iniciativa defendida en el Congreso por el diputado de IU Alberto Garzón para realizar una auditoría de la parte de la deuda pública ilegítima y detectar los ‘créditos odiosos’ para no pagarlos.
Frente a la defensa hecha por Garzón por “constituir una comisión de expertos” provenientes de distintos ámbitos sociales y económicos para precisar esa “deuda ilegítima” y estudiar los diferentes créditos del Tesoro para identificar las razones por las que se contrataron, con quién y por qué cantidades, los grupos antes mencionados que sumaron sus votos adujeron que todo ello provocaría una gran inestabilidad en los mercados y supondría costes más altos para la financiación de las administraciones y empresas españolas. La votación ofreció 20 votos a favor, 300 en contra y 5 abstenciones.
El diputado de IU por Málaga advirtió de que “dadas las políticas de austeridad del Gobierno, que han empeorado las condiciones de financiación del Estado y los ingresos públicos, la deuda se hará absolutamente insoportable e impagable”.
Del mismo modo, Garzón planteó en la proposición no de ley de IU -denominada textualmente de “creación de una auditoría de la deuda pública y de una comisión que determine los criterios económicos y sociales con los que poder calificar como odiosa parte de la deuda”- que se determine “a partir de un criterio establecido democráticamente, qué contratos deben ser reformulados y cuáles no pagar. Es necesario, entendiendo que el lastre de la deuda pública es suficientemente importante para destruir el Estado del Bienestar”.
Alberto Garzón expresó con claridad que “esta medida debe ir acompañada de otras muchas; es un alivio y no una solución”, al tiempo que puso sobre aviso de que si el Estado español sigue aceptando las “normas que ha impuesto la troika, que llevan al país al abismo económico” puede llegarse a un punto “insoportable” donde la ciudadanía “canalice su frustración de forma antidemocrática”.
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