El portavoz en materia de hacienda de IULV-CA advierte que “si un gobierno nos prohibiera endeudarnos, le llamaríamos dictadura bananera y pondríamos el grito en el cielo hablando de libertad. Esto está haciendo el PP con Andalucía”.
El Parlamento de Andalucía ha acogido en la tarde de hoy un debate sobre el incumplimiento del déficit de la comunidad en las cuentas de 2012. Según los cálculos provisionales del Ministerio de Hacienda, Andalucía registró al final de 2012 un déficit de 2.853 millones de euros, el 2,02% del nuestro PIB. Esta cifra representa una reducción del 42,3% respecto al ejercicio anterior -2.108 millones de euros.
“Ciertamente se produce una desviación” ha indicado el portavoz de Hacienda del Grupo parlamentario de IULV-CA en referencia al límite del 1,5% impuesto por el Gobierno, después de haber realizado un ajuste muy superior al del Gobierno Central.
Andalucía se encuentra en un déficit por habitante que es un 12% inferior a la media de las CC.AA, una desviación que apenas repercutió en 7 centésimas sobre el déficit del Estado, que fue del 6,74%. Si se consideran las ayudas al sector financiero, el déficit del Estado se disparó hasta el 9,99% del PIB, de modo que “es mínima la incidencia de Andalucía en los resultados del conjunto de Administraciones” señala García.
Por encima han estado dos Comunidades Autonómas gobernadas por el PP “curiosamente y a gran distancia” tales como Murcia con el 3,02% y Valencia con un 3,45% por lo que Ignacio García le ha preguntado al PP sobre si “le echan la culpa a la herencia recibida de Camps” y ha denunciado la insistencia de “determinadas posiciones extremistas” surgidas en el PP andaluz que piden nuevos recortes en Andalucía. Frente a esto, Ignacio García ha desafiado al PP a que “aquí y ahora que los que quieren nuevos recortes los expliquen”. “Que lo expliquen, aunque en gran medida se sabe y se intuye” ha denunciado el portavoz de IU en el debate: “recortes, privatizaciones y despidos, sobre todo de empleados públicos. Y, aun así las cuentas no salen”.
PORQUE NEGAMOS LA MAYOR
“La obsesión por la contención del déficit en tan corto plazo es negativa y constituye un círculo vicioso que nos lleva a un pozo sin fondo” ha reflexionado García que indica que “esto está ocurriendo en España y Europa” y señala que la deuda pública española no proviene, pues, “ni del despilfarro de las administraciones públicas, lo que no significa que no lo haya habido en ocasiones, ni del excesivo gasto en bienestar ya que estamos muy por debajo del nivel que nos correspondería según nuestro nivel de renta” sino que la deuda pública se genera principalmente por la carga de los intereses y, en bastante menor medida, en los gastos extraordinarios para hacer frente a la recesión, los de apoyo a la banca y la pérdida de ingresos fiscales por la crisis”.
POLÍTICAS INEFICACES VS MEDIDAS DE ESTÍMULO
Ignacio García ha repasado en su discurso las medidas llevadas a cabo tanto a nivel nacional como en las comunidades gobernadas por el PP y le ha afeado al PP que “crean que liberalizando el mercado de trabajo, reduciendo salarios y haciendo reformas orientadas a dar más poder a los empresarios se creará más empleo y aumentará la competitividad de la economía”. A esto añade que “las políticas de austeridad, la disminución del gasto y los impuestos no reducen el déficit ni la deuda en etapas de recesión; que eliminando sector público no se estimula la actividad privada; o que se no logra más equilibrio y estabilidad dando plena libertad a las fuerzas del mercado y a los grandes grupos financieros y empresariales” todas medidas que se han demostrado ineficaces allá donde el PP gobierna y señala que la única explicación ante tal ineficacia “responde a una prioridad ideológica del PP”.
Por todo ello, Ignacio García ha pedido centrar el debate en un cambio de rumbo de las políticas económicas y ha defendido las medidas alternativas que se centren en el estímulo y reactivación de la economía, con inversión pública y con la lucha contra el fraude. Para ello, se reclama desde IULV-CA la disposición de una política crediticia a las administraciones “que no convierta a ésta en meras generadoras de beneficios para la banca privada” o lo que es lo mismo “con una banca pública”.
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