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viernes, 22 de marzo de 2013

Cayo Lara defiende en el Congreso la proposición de Ley de lucha contra la corrupción para "combatir con todos los instrumentos legales esta lacra y apartarla de la vida pública"


El presidente portavoz de IU, ICV-EUiA, CHA afirma que “no valen reformas parciales ni cosméticas” frente a un asunto que se ha convertido en “un problema de Estado y en un cáncer para la democracia”

El presidente portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA, Cayo Lara, ha asegurado hoy durante su defensa en el Congreso de la proposición de ley orgánica para luchar contra la corrupción elaborada por Izquierda Unida que esta “lacra” debe “combatirse con todos los instrumentos legales” para poder así “apartarla de la vida pública”.
Lara aseguró ante el Pleno del Congreso que contra la corrupción “no valen reformas parciales ni cosméticas”. Durante su intervención para defender la toma en consideración de la iniciativa registrada por su formación el pasado 1 de febrero, que IU ha calificado como la “más completa’ sobre este tema presentada en sede parlamentaria, ha aludido expresamente a los casos de corrupción derivados de la gestión y la contratación pública, así como de las donaciones privadas a los partidos y también de los procesos urbanísticos susceptibles de generar plusvalías. Indicó que estos casos “dañan la credibilidad de las instituciones y la política, atentan contra el patrimonio público, socavan las bases del sistema democrático, generan alarma y escándalo social y provocan la desafección política entre la ciudadanía”.
Para el máximo responsable de IU, “la especulación urbanística y las irregularidades en la contratación pública” son factores que “han incrementado notablemente la corrupción en España”. A esta situación derivada del periodo de la ‘burbuja inmobiliaria’ hay que sumar “las graves deficiencias en la regulación, control y sanción en materia de urbanismo y contratación pública”, que son las que “han facilitado el camino a la corrupción”.
Ante estos hechos, explicó las propuestas que contiene la proposición de ley para “mejorar la tipificación e incremento de penas en delitos de corrupción, mejorar la transparencia y la gestión en la contratación pública”, así como para ejecutar las imprescindibles “reformas legales en procesos urbanísticos que generen plusvalías”, además de promover el “control de la financiación de los partidos políticos”.
En cuanto al endurecimiento de penas, Cayo Lara subrayó que “detrás de cada corrupto hay un corruptor”, especialmente en los delitos en materia urbanística y de ordenación del territorio. Por ello, ha propuesto modificaciones en el Código Penal en lo que se refiere a delitos relativos a la “malversación o apropiación indebida de caudales públicos, la prevaricación con fines de lucro, el cohecho y cohecho impropio, el tráfico de influencias, el uso de información privilegiada, la alteración de precios en concursos y subastas públicas, enriquecimiento injustificado con recursos públicos o privados, omisión del deber de perseguir delitos y el blanqueo de capitales”, entre otros.
El presidente portavoz de IU, ICV-EUiA, CHA ha criticado también “la escasez de medios” de la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal de Cuentas, para los que ha exigido un “aumento de los recursos”, tanto financieros como de personal. En este capítulo, destacó la “lentitud de la Justicia”, debido también a esta escasez de medios, y la “necesidad” de que ésta actúe “rápida y eficazmente”.
En cuanto a la reforma de la Ley Orgánica 5/1985 de Régimen Electoral General, Lara ha valorado que “no tiene capacidad para limitar los costes de las campañas”, un hecho que provoca “endeudamientos excesivos” en los procesos electorales, lo que supone un “terreno abonado” para la financiación ilegal de los partidos y sus fundaciones.
Durante su intervención, Cayo Lara aludió también al llamado ‘caso Bárcenas’, relativo al supuesto cobro de donaciones irregulares por parte del PP y pago de sobresueldos a determinados altos cargos de este partido realizados con ‘dinero negro’ supuestamente provenientes de empresas y contratistas. Señaló que casos como éste “ponen de manifiesto la necesidad de hacer reformas profundas que tiendan a evitar los agujeros en la legislación que pueden facilitar tales prácticas”.
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