La responsable de Vivienda de la dirección federal de Izquierda Unida, Amanda Meyer, señala tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que “estábamos en lo cierto quienes hemos defendido que las políticas públicas deben servir para que no pierda su vivienda de manera injusta quienes soportan desde la mayoría social una crisis que no han causado”
La responsable de Vivienda de la dirección federal de Izquierda Unida, Amanda Meyer, ha exigido hoy al Gobierno de Mariano Rajoy que “tome medidas urgentes, incluso antes de que culmine la tramitación en el Congreso del proyecto de ley de Deudores Hipotecarios y de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), cuyos plazos parlamentarios están paralizados, para frenar de forma inmediata los desahucios que están en marcha debido a las cláusulas abusivas aplicadas por las entidades financiera, desautorizadas por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) conocida ayer.
Amanda Meyer ha profundizado en las valoraciones de alcance hechas ayer por IU sobre este tema. Señala que el fallo del alto tribunal europeo “es fruto de la constante movilización de la sociedad civil organizada en la lucha por una vivienda digna” y “por fin” da la razón a “quienes, como Izquierda Unida, venimos reclamado desde el inicio de la crisis que los desahucios masivos son ilegales”.
“Estábamos en lo cierto –afirma- quienes hemos defendido que las políticas públicas deben servir para que no pierda su vivienda de manera injusta quienes soportan desde la mayoría social una crisis que no han causado”.
La responsable federal de Vivienda de IU reclama al Ejecutivo del PP que “vote favorablemente a las enmiendas elaboradas por nuestro grupo parlamentario, después de dos legislaturas en las que ha tumbado –uniendo sus votos al PSOE- todas las propuestas que presentamos sobre esta materia, que recibían por su parte los calificativos de ‘populistas’ o ‘descabelladas’. Ahora se ve que no era así. Nuestras enmiendas van en el mismo sentido que el contenido de la ILP que el PP aceptó tramitar a regañadientes y que IU apoyó y contribuyó a impulsar”.
Meyer insiste en que “el PP tiene en sus manos garantizar ahora la seguridad jurídica de quienes han perdido sus viviendas desde 1994 debido a que en los sucesivos mandatos bipartidistas miraron para otro lado a la hora de proteger a la ciudadanía hipotecada. Es hora de reformar en profundidad la obsoleta Ley Hipotecaria y la de Enjuiciamiento Civil para decretar la paralización universal de los desahucios y la retroactividad de la dación en pago. Es necesario revisar los desahucios ilegales producidos y restituir el daño producido a las familias”.
Amanda Meyer anima a los jueces a “aplicar de manera directa y urgente los contenidos que establece la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE para contribuir desde todas las instancias judiciales a la paralización de los desahucios en marcha”.
Constata también la “responsabilidad directa que PP y PSOE tienen a sus espaldas en los más de 400.000 desahucios contabilizados desde 2007, una inmensa parte de ellos gestionados judicialmente gracias a una legislación que se ha demostrado ahora ilegal y que no ha protegido a la ciudadanía hipotecada. Ha habido sucesivos gobiernos bipartidistas desde mediados de los 90 que podrían haber transpuesto la directiva europea de protección de los consumidores, pero no lo hicieron. Todos ellos apostaron por liberalizar el sistema financiero y dejaron que las entidades de crédito vulnerarán derechos fundamentales de forma sistemática”.
La responsable de Vivienda de la dirección federal de Izquierda Unida, Amanda Meyer, ha exigido hoy al Gobierno de Mariano Rajoy que “tome medidas urgentes, incluso antes de que culmine la tramitación en el Congreso del proyecto de ley de Deudores Hipotecarios y de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), cuyos plazos parlamentarios están paralizados, para frenar de forma inmediata los desahucios que están en marcha debido a las cláusulas abusivas aplicadas por las entidades financiera, desautorizadas por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) conocida ayer.
Amanda Meyer ha profundizado en las valoraciones de alcance hechas ayer por IU sobre este tema. Señala que el fallo del alto tribunal europeo “es fruto de la constante movilización de la sociedad civil organizada en la lucha por una vivienda digna” y “por fin” da la razón a “quienes, como Izquierda Unida, venimos reclamado desde el inicio de la crisis que los desahucios masivos son ilegales”.
“Estábamos en lo cierto –afirma- quienes hemos defendido que las políticas públicas deben servir para que no pierda su vivienda de manera injusta quienes soportan desde la mayoría social una crisis que no han causado”.
La responsable federal de Vivienda de IU reclama al Ejecutivo del PP que “vote favorablemente a las enmiendas elaboradas por nuestro grupo parlamentario, después de dos legislaturas en las que ha tumbado –uniendo sus votos al PSOE- todas las propuestas que presentamos sobre esta materia, que recibían por su parte los calificativos de ‘populistas’ o ‘descabelladas’. Ahora se ve que no era así. Nuestras enmiendas van en el mismo sentido que el contenido de la ILP que el PP aceptó tramitar a regañadientes y que IU apoyó y contribuyó a impulsar”.
Meyer insiste en que “el PP tiene en sus manos garantizar ahora la seguridad jurídica de quienes han perdido sus viviendas desde 1994 debido a que en los sucesivos mandatos bipartidistas miraron para otro lado a la hora de proteger a la ciudadanía hipotecada. Es hora de reformar en profundidad la obsoleta Ley Hipotecaria y la de Enjuiciamiento Civil para decretar la paralización universal de los desahucios y la retroactividad de la dación en pago. Es necesario revisar los desahucios ilegales producidos y restituir el daño producido a las familias”.
Amanda Meyer anima a los jueces a “aplicar de manera directa y urgente los contenidos que establece la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE para contribuir desde todas las instancias judiciales a la paralización de los desahucios en marcha”.
Constata también la “responsabilidad directa que PP y PSOE tienen a sus espaldas en los más de 400.000 desahucios contabilizados desde 2007, una inmensa parte de ellos gestionados judicialmente gracias a una legislación que se ha demostrado ahora ilegal y que no ha protegido a la ciudadanía hipotecada. Ha habido sucesivos gobiernos bipartidistas desde mediados de los 90 que podrían haber transpuesto la directiva europea de protección de los consumidores, pero no lo hicieron. Todos ellos apostaron por liberalizar el sistema financiero y dejaron que las entidades de crédito vulnerarán derechos fundamentales de forma sistemática”.
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