Los querellantes -Izquierda Unida, Asociación Libre de Abogados (ALA), Asociación Justicia y Sociedad, Ecologistas en Acción y Federación de Los Verdes- muestran también su “satisfacción” por el impulso que ha supuesto esta iniciativa para la investigación de la supuesta financiación ilegal del PP y sus vínculos con empresas beneficiarias de grandes obras públicas
Las organizaciones y entidades sociales que han registrado en la Audiencia Nacional la querella criminal dirigida contra los ex tesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, varios dirigentes de esta misma formación y diversos empresarios -Izquierda Unida, Asociación Libre de Abogados (ALA), Asociación Justicia y Sociedad, Ecologistas en Acción y Federación de Los Verdes- trasladan su valoración sobre la rápida sucesión de acontecimientos que se han venido desarrollando desde su admisión a trámite.
Por un lado, manifiestan su “satisfacción ante el hecho incontestable de que, desde la interposición de la querella, la investigación judicial para determinar el alcance criminal de los denominados ‘papeles de Bárcenas’ se ha acelerado de forma notable. Este hecho está generando una indudable inquietud en diversos poderes políticos y económicos relacionados con el contenido de la querella, algo que sólo se puede interpretar como muestra de lo certero de su interposición”.
Por otra parte, el Juzgado Central de Instrucción nº 5, que actualmente dirige el magistrado Pablo Ruz, ha iniciado una investigación al relacionar los ‘papeles de Bárcenas’ con la instrucción anterior seguida en dicho juzgado por la denominada ‘trama Gürtel’. “Nos congratulamos –señalan los querellantes- de que se investigue, pero no queremos dejar de mostrar nuestra extrañeza ante el hecho de que las actuaciones en este juzgado sólo se hayan iniciado después de que se presentase nuestra querella y de que otro juzgado impulsase una serie de actuaciones de investigación que, evidentemente, son de urgente práctica y que no deben demorarse por más tiempo”.
Así, la investigación abierta en el Juzgado Central de Instrucción nº 3 a raíz de la querella registrada el 28 de febrero ha comenzado con celeridad y buen rumbo. Este juzgado ha requerido diversa documentación al Partido Popular, al Tribunal de Cuentas, a la Agencia Tributaria y a las empresas constructoras supuestamente relacionadas con el pago de diferentes cantidades al PP a cambio de adjudicaciones de obras y concesiones públicas. Al mismo tiempo, se ha llamado a declarar, en calidad de imputados, a los responsables de estas empresas mencionados en los ‘papeles de Bárcenas’. Dichas declaraciones deberán realizarse a comienzos de abril, siempre y cuando la Fiscalía Anticorrupción no vuelva a torpedear la práctica de dichas diligencias, tal y como está haciendo con otras actuaciones judiciales.
“Los responsables de la querella –prosiguen- no tenemos un interés particular en qué juez asuma finalmente la investigación, pero defendemos con contundencia que el juzgado que lleve la causa deberá ser aquel que determine la ley en función de los hitos procesales. En este caso, ese juzgado es el nº 3 por ser el primero que abrió diligencias y admitió la querella. En definitiva, queremos que se investigue, pero que se haga sin cortapisas y sin demora”.
Los querellantes indican también que “parece claro, pues, a la luz de la repercusión social y judicial, que la querella ha resultado certera y oportuna. Pero también resulta evidente que algunas actuaciones llevadas a cabo desde diferentes ámbitos gubernamentales y judiciales tienen más interés en tratar de acallar a sus promotores y apartarnos de la investigación que en que se conozca la verdad y se sustancien responsabilidades de actuaciones presumiblemente ilícitas”.
Así, las organizaciones querellantes denuncian la “labor de obstrucción que desde la Fiscalía Anticorrupción se está realizando para evitar que se desarrolle la práctica de diligencias de investigación acordadas por el Juzgado Central de Instrucción nº 3, adoptando un comportamiento más propio de una defensa que de una acusación pública”. De este modo, se ha llegado incluso a plantear un escrito a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para evitar que se tomase declaración a Luis Bárcenas, declaración a la que estaba previsto que acudiese esta acusación promotora de la querella, negándonos así la posibilidad de interrogarle y pedir medidas cautelares.
En el mismo sentido, muestran su “estupor” ante el auto de la Sección 2ª de la Audiencia Nacional que “saltándose los cauces procesales determinados en la ley y sin escuchar previamente a los querellantes, produciendo una innegable indefensión a esta acusación, ha decidido imponer la suspensión de la declaración del señor Bárcenas con una resolución que carece de fundamentación legal y no tiene precedentes en la historia de nuestros tribunales”.
El compromiso de las cinco organizaciones querellantes es seguir impulsando, cueste lo que cueste, la investigación de las relaciones supuestamente lucrativas entre el PP, sus dirigentes y el ‘poder del ladrillo’. Por este motivo, “al mismo tiempo que nos reafirmamos en nuestra querella y en sus planteamientos, demandamos un claro apoyo social, necesario para contrarrestar las fuerzas que tratan de echar tierra sobre estos presuntos delitos”.
Una de estas fórmulas es el apoyo a la querella que se puede expresar, por colectivos o de forma individual, en la página www.querellabarcenas.org que ya ha recogido más de 25.000 adhesiones. “Mientras no se haga justicia, nuestras organizaciones seguirán vigilantes frente a las maniobras que traten de evitar que conozcamos la verdad”, concluyen.
Las organizaciones y entidades sociales que han registrado en la Audiencia Nacional la querella criminal dirigida contra los ex tesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, varios dirigentes de esta misma formación y diversos empresarios -Izquierda Unida, Asociación Libre de Abogados (ALA), Asociación Justicia y Sociedad, Ecologistas en Acción y Federación de Los Verdes- trasladan su valoración sobre la rápida sucesión de acontecimientos que se han venido desarrollando desde su admisión a trámite.
Por un lado, manifiestan su “satisfacción ante el hecho incontestable de que, desde la interposición de la querella, la investigación judicial para determinar el alcance criminal de los denominados ‘papeles de Bárcenas’ se ha acelerado de forma notable. Este hecho está generando una indudable inquietud en diversos poderes políticos y económicos relacionados con el contenido de la querella, algo que sólo se puede interpretar como muestra de lo certero de su interposición”.
Por otra parte, el Juzgado Central de Instrucción nº 5, que actualmente dirige el magistrado Pablo Ruz, ha iniciado una investigación al relacionar los ‘papeles de Bárcenas’ con la instrucción anterior seguida en dicho juzgado por la denominada ‘trama Gürtel’. “Nos congratulamos –señalan los querellantes- de que se investigue, pero no queremos dejar de mostrar nuestra extrañeza ante el hecho de que las actuaciones en este juzgado sólo se hayan iniciado después de que se presentase nuestra querella y de que otro juzgado impulsase una serie de actuaciones de investigación que, evidentemente, son de urgente práctica y que no deben demorarse por más tiempo”.
Así, la investigación abierta en el Juzgado Central de Instrucción nº 3 a raíz de la querella registrada el 28 de febrero ha comenzado con celeridad y buen rumbo. Este juzgado ha requerido diversa documentación al Partido Popular, al Tribunal de Cuentas, a la Agencia Tributaria y a las empresas constructoras supuestamente relacionadas con el pago de diferentes cantidades al PP a cambio de adjudicaciones de obras y concesiones públicas. Al mismo tiempo, se ha llamado a declarar, en calidad de imputados, a los responsables de estas empresas mencionados en los ‘papeles de Bárcenas’. Dichas declaraciones deberán realizarse a comienzos de abril, siempre y cuando la Fiscalía Anticorrupción no vuelva a torpedear la práctica de dichas diligencias, tal y como está haciendo con otras actuaciones judiciales.
“Los responsables de la querella –prosiguen- no tenemos un interés particular en qué juez asuma finalmente la investigación, pero defendemos con contundencia que el juzgado que lleve la causa deberá ser aquel que determine la ley en función de los hitos procesales. En este caso, ese juzgado es el nº 3 por ser el primero que abrió diligencias y admitió la querella. En definitiva, queremos que se investigue, pero que se haga sin cortapisas y sin demora”.
Los querellantes indican también que “parece claro, pues, a la luz de la repercusión social y judicial, que la querella ha resultado certera y oportuna. Pero también resulta evidente que algunas actuaciones llevadas a cabo desde diferentes ámbitos gubernamentales y judiciales tienen más interés en tratar de acallar a sus promotores y apartarnos de la investigación que en que se conozca la verdad y se sustancien responsabilidades de actuaciones presumiblemente ilícitas”.
Así, las organizaciones querellantes denuncian la “labor de obstrucción que desde la Fiscalía Anticorrupción se está realizando para evitar que se desarrolle la práctica de diligencias de investigación acordadas por el Juzgado Central de Instrucción nº 3, adoptando un comportamiento más propio de una defensa que de una acusación pública”. De este modo, se ha llegado incluso a plantear un escrito a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para evitar que se tomase declaración a Luis Bárcenas, declaración a la que estaba previsto que acudiese esta acusación promotora de la querella, negándonos así la posibilidad de interrogarle y pedir medidas cautelares.
En el mismo sentido, muestran su “estupor” ante el auto de la Sección 2ª de la Audiencia Nacional que “saltándose los cauces procesales determinados en la ley y sin escuchar previamente a los querellantes, produciendo una innegable indefensión a esta acusación, ha decidido imponer la suspensión de la declaración del señor Bárcenas con una resolución que carece de fundamentación legal y no tiene precedentes en la historia de nuestros tribunales”.
El compromiso de las cinco organizaciones querellantes es seguir impulsando, cueste lo que cueste, la investigación de las relaciones supuestamente lucrativas entre el PP, sus dirigentes y el ‘poder del ladrillo’. Por este motivo, “al mismo tiempo que nos reafirmamos en nuestra querella y en sus planteamientos, demandamos un claro apoyo social, necesario para contrarrestar las fuerzas que tratan de echar tierra sobre estos presuntos delitos”.
Una de estas fórmulas es el apoyo a la querella que se puede expresar, por colectivos o de forma individual, en la página www.querellabarcenas.org que ya ha recogido más de 25.000 adhesiones. “Mientras no se haga justicia, nuestras organizaciones seguirán vigilantes frente a las maniobras que traten de evitar que conozcamos la verdad”, concluyen.
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