Cayo Lara, junto a Enrique Santiago, registra la querella criminal contra el ex tesorero del PP, su antecesor Álvaro Lapuerta, los ex ministros y dirigentes ‘populares’ Acebes, Rato y Trillo, así como ocho altos directivos de empresas constructoras para que se investiguen las supuestas donaciones irregulares recibidas por el PP y el presunto pago de cantidades también irregulares a miembros del mismo entre 2003 y 2008
Tal y como anunció el pasado lunes, Izquierda Unida llevó hoy el denominado ‘caso Bárcenas’ a la Audiencia Nacional. Lo ha hecho a través de la querella criminal elaborada por esta formación y de la que también forman parte la Asociación Justicia y Sociedad, la Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción y la Federación de los Verdes.
El coordinador federal, Cayo Lara, acompañado por el abogado y secretario ejecutivo de Convergencia Político-Social de IU, Enrique Santiago, además de letrados de las asociaciones mencionadas, fue el encargado de registrar la querella dirigida contra los ex tesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, además de los que fueron responsables de Organización, Finanzas y asesoría legal de esta formación Ángel Acebes, Rodrigo Rato y Federico Trillo.
Los querellantes quieren que se investiguen las supuestas donaciones irregulares recibidas por el Partido Popular provenientes de distintos empresarios y el presunto pago de cantidades también irregulares a determinados miembros del mismo entre los años 2003 y 2008.
La nómina de querellados se completa con los altos directivos de ocho empresas que habrían realizado presuntamente estos pagos, además del ex secretario de Organización del PP de Galicia, Pablo Crespo, así como contra Adolfo Sánchez, identidad que podría responder a un nombre codificado o un alias. Todos ellos aparecen reflejados en los papeles de la contabilidad ‘B’ atribuidos a Bárcenas, que reflejan las presuntas donaciones y pagos irregulares que afectan al PP.
Los directivos de empresas de construcción mencionados en la querella son el presidente del Grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez; Manuel Contreras Caro, presidente de Azvi; Juan Manuel Villar Mir, presidente de Grupo OHL; Luis del Rivero Asensio, ex presidente Sacyr Vallehermoso; Alfonso García Pozuelo-Asins, ex presidente de Constructora Hispánica; Juan Manuel Fernández Rubio, consejero de Aldesa Construcciones; José Mayor Oreja, presidente de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), y Antonio Vilella, apoderado de Construcciones Rubau.
La querella criminal presentada por IU y las otras asociaciones en el ejercicio de la acusación popular detalla la “probable y posible comisión” de los delitos de asociación ilícita, alteración de precios de concursos y subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la Hacienda pública, fraude y exacciones ilegales, encubrimiento, falsedad y apropiación indebida de fondos electorales.
En la querella, IU desgrana las donaciones de los empresarios al PP que figuran en los papeles manuscritos atribuidos a Bárcenas y las adjudicaciones hechas a esas empresas por las administraciones públicas, en muchos casos coincidentes en el tiempo.
Entre otras diligencias, los querellantes piden llamar a declarar como testigos al presidente del Senado, Pío García Escudero; a Santiago Abascal, miembro de las Juntas Generales de Álava en representación del PP; al ex consejero de Salud de Navarra Calixto Ayesa; al ex diputado ‘popular’ Jaime Ignacio del Burgo; al diputado del PP Eugenio Nasarre y al ex presidente de Baleares Jaume Matas.
Asimismo, se solicita que la Tesorería General de la Seguridad Social aporte la vida laboral e historia de bases de cotizaciones de Luis Bárcenas entre los años 2009 y 2013; que el Tribunal de Cuentas envíe “copia auténtica” de las cuentas presentadas e ingresos declarados por el PP entre 1990 y 2009; así como que se requiera “urgentemente” a la Fiscalía Anticorrupción “la integridad de los documentos y diligencias que haya practicado en su procedimiento”.
De esta forma, Izquierda Unida insta a judicializar las diligencias informativas abiertas por la Fiscalía ante el riesgo de que los delitos prescriban. “El esfuerzo realizado por el Ministerio Fiscal investigando los hechos denunciados habría sido estéril, apenas un placebo de orden político para atemperar la indignación social”, agrega.
Cayo Lara explicó a las puertas de la Audiencia Nacional tras registrar la querella en declaraciones a los medios de comunicación que lo que busca IU con esta acción es que “la Justicia investigue, que se haga justicia” para así poder “regenerar la democracia” y para que la sociedad pueda “creer definitivamente en la Justicia”.
“Quien tenga responsabilidades, que las pague”, dijo, antes de insistir en que la investigación de estas supuestas donaciones y pagos irregulares del PP deben ser judicializados para “abrir un futuro de esperanza distinto”.
A preguntas de los periodistas, Lara explicó que entiende que sea la Audiencia Nacional -que ya investiga a Bárcenas por el denominado ‘caso Gürtel’- quien tenga que instruir esta querella dado que las actividades presuntamente delictivas que se detallan “se han producido en distintos territorios del Estado y el tema tiene envergadura nacional”.
El máximo responsable de IU añadió que “no es una cuestión puntual que afecte a un hecho concreto, ya que afecta desde el punto de vista económico, cualitativa y cuantitativamente, al interés general del Estado, y está afectado el propio PP, que es el que sustenta al Gobierno”.
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