TEXTO IZQUIERDA UNIDA

Izquierda Unida es un movimiento politico y social organizado, que pretende contribuir a la transformación del actual sistema capitalista en un sistema socialista, fundamentado en los principios de justicia,igualdad,solidaridad y respeto por la naturaleza y las diferencias personales. Asimismo se afirma que dicha sociedad socialista se organizará a través de un estado social y participativo democrático,repúblicano y federal.

TEXTO CHÉ

El capitalismo es el genocida más respetado del mundo (Ernesto Guevara de la Serna. Che)



CAMPAÑA DE SIMPATIZANTES A IU

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ENTREVISTA A ANTONIO MAÍLLO EN CANAL SUR TV

DISCURSO CONTUNDENTE

ACTO CONVERGENCIA

miércoles, 27 de marzo de 2013

IU CONSIDERA MUY LESIVA PARA EL OLIVAR DE LA PROVINCIA LA PROPUESTA DE LA NUEVA PAC


El responsable provincial de Economía y Empleo de Izquierda Unida en Jaén –José Luis Espejo-, una vez conocida la propuesta inicial de la Comisión de la UE y las posiciones y acuerdos adoptados en el Consejo de Ministros de Agricultura y en el Parlamento Europeo sobre la futura reforma de la PAC 2014-2020 y, en especial en lo referente al sector del aceite de oliva, manifiesta su profunda decepción por dichos dictámenes. La orientación de sus líneas generales no solo no afronta la solución de los problemas reales de los productores agrarios y oleicultores de nuestra provincia, sino que producirá muy probablemente una disminución de las ayudas comunitarias y las consiguientes pérdidas que seguirán produciéndose en los precios obtenidos vía mercado, que apenas llegan al umbral de rentabilidad. A falta del acuerdo final entre el Consejo de Ministros de Agricultura y el Parlamento Europeo, y aún con las incertidumbres existentes en función de las negociaciones que se desarrollarán a partir de ahora hasta el próximo mes de junio, se pueden entrever algunos elementos comunes:
Así –señala José Luis Espejo-, no se contemplan los necesarios mecanismos de regulación para el sector del aceite de oliva –precio de intervención y sistema de intervención-, después del evidente hundimiento de los precios de los últimos años, con pérdidas relevantes de rentabilidad. Más al contrario, se continúa optando por el mecanismo del almacenamiento privado, que se ha manifestado inservible para frenar la caída de los precios e inapropiado, al despreciar las especificidades del aceite de oliva y del cultivo de olivar, caracterizadas por las fluctuaciones en la producción al tratarse de un cultivo vecero. De esta forma –apunta José Luis Espejo-, no se va a poder evitar la volatilidad de los precios y sus consiguientes repercusiones en la renta de los oleicultores y en la fidelización en el consumo del aceite, a pesar de la propuesta de reconocimiento y actualización de nuevos precios de referencia, pero sin desencadenamiento automático.
La filosofía de la desregularización y mercantilización, promovida por esta Europa neoliberal –continúa el responsable de Economía de IU-, está convirtiendo las instituciones comunitarias en el Consejo de Administración del Poder Económico, ya que cuando los políticos de esta orientación renuncian a intervenir en el mercado y legislan para obligar a su vez a los propios estados nacionales a inhibirse también, es el capital y las trasnacionales quienes dominan el mercado. Tampoco se aprecian avances significativos en medidas favorecedoras de la concentración de la oferta o en la limitación de los márgenes máximos de beneficios (principio no aceptado en el capitalismo, ni siquiera en una economía social de mercado) para poder contrarrestar la posición dominante de la distribución y transformación, que se comportan como un mercado oligopolístico. La desregulación de los mercados es el caldo de cultivo para que la gran distribución campe a sus anchas e imponga condiciones y precios a los eslabones más débiles. Los productos agrarios, por su naturaleza, producen fluctuaciones en las producciones e inestabilidad en los mercados y los precios. La alimentación es un sector de tal transcendencia que debe ser regulado y controlado, por sus repercusiones estratégicas, y donde además es preciso garantizar la seguridad y soberanía alimentarias.
 Tampoco se prohíben las mezclas de aceite de oliva con otras grasas vegetales, ni se profundiza en medidas generales (transversales) a todas las producciones sobre la modulación hacia una más justa distribución de las ayudas, situándose el límite máximo consensuado en 300.000 € por productor, que apenas afecta en España al 0,16% de los receptores de ayudas (unos 1.260).
Por otra parte, señala José Luis Espejo-, en los nuevos criterios de asignación de las subvenciones el panorama no es menos desolador, ya que con los acuerdos, ya firmes, de reducción en términos reales del 15% del Presupuesto para la PAC en todo el período 2014-2020, y en el supuesto de un escenario benévolo, en Jaén es previsible una reducción no menor al 35% de la asignación media que actualmente recibe la provincia, que es de unos 700 euros por hectárea de olivar. Pero, si la reducción en la cuantía es importante, no lo es menos la perversidad de la justificación de la misma –afirma José Luis Espejo-, que no es otra que instaurar “la anhelada” ayuda por hectárea pura al final del período, como propone el Comisario Ciolos, o una combinación entre la ayuda por hectárea y la actual ayuda fija, basada en una media de ayudas por producciones reales durante tres cosechas consecutivas. Y es que –señala el responsable provincial de Economía de IU-, cuando en el año 2003 se produjo la revisión intermedia y se cambió de orientación en la concesión de las ayudas comunitarias, basada hasta entonces en la actividad productiva, hacia ayudas directas al productor en pago único, basadas en medias históricas de producción y desacopladas de la producción efectiva, se abrió la puerta a este modelo de concesión de ayudas que castiga especialmente a nuestra provincia, al ser la primera productora mundial de aceite. Un modelo de concesión de ayudas –concluye José Luis Espejo- que no garantiza el mantenimiento de la actividad y del empleo, en un sector, como el del olivar, con una gran proporción por hectárea de generación de empleo, que contribuye a mantener los asentamientos rurales y la renta de los agricultores, tan necesaria en estos momentos de desempleo y de falta de creación de riqueza en nuestra provincia.
Jaén, 26 de Marzo de 2013.
*Para más información, contactar con José Luis Espejo Chamorro (Tlf. 659886375).
GABINETE PROVINCIAL DE COMUNICACIÓN DE IULVCA

Cayo Lara arranca la campaña de IU 'Hay Alternativa. Gobierno dimisión!' para "abrir una nueva etapa y que el pueblo tome la palabra en las urnas frente a un Rajoy deslegitimado"


Miguel Reneses enumera que está previsto desarrollar más de 360 actos en todo el Estado que se convocarán a través de “actos públicos, mesas redondas, asambleas abiertas, explicaciones a los colectivos y asociaciones que están en lucha frente a las actuales políticas, todo ello junto a una masiva recogida de firmas”
La campaña ‘Hay alternativa. Gobierno dimisión!’ ya está en marcha. El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, y el secretario ejecutivo de Organización, Miguel Reneses, presentaron hoy en rueda de prensa una de las iniciativas de movilización más ambiciosas ideadas por esta formación a nivel federal. Entre sus principales objetivos están poner fin a “las políticas neoliberales del Ejecutivo de Mariano Rajoy, que haya elecciones anticipadas y demostrar que existen otro modelo y alternativas” para atajar la crisis política y económica existente.
Cayo Lara explicó que “creemos que hay que abrir una nueva etapa en el país porque esta España no puede soportar más la situación de deterioro actual. Hay que dar esperanza a la gente. Hay alternativa con otras políticas”.
Miguel Reneses fue el encargado de enumerar algunos detalles concretos de la campaña, entre los que destacó los “más de 360 actos que tenemos previstos celebrar, con la participación de todas las federaciones de IU del Estado, y que se realizarán a través de actos públicos, mesas redondas, asambleas abiertas, explicaciones a los colectivos y asociaciones que están en lucha frente a las actuales políticas, todo ello junto a una masiva recogida de firmas”.
Lara expuso en su comparecencia en la sede federal de IU que “todo el pueblo tiene que volver a las urnas porque el Gobierno está deslegitimado por su estafa electoral y porque el partido que lo sustenta está inmerso en una presunta situación de corrupción muy grave”.
“Queremos –dijo- que el pueblo tome la palabra y hable a través de las urnas. Rajoy no tiene legitimidad al haber aplicado un programa totalmente distinto al que presentó en las elecciones. Lo incumple y flagrantemente y eso tiene un nombre: estafa electoral. Rajoy está inmerso en una inmensa estafa electoral y lo que hace es aplicar el programa oculto de FAES casi a raja tabla”.
Para el máximo responsable de IU, el Gobierno del PP debe dimitir, entre otras razones, porque “no sólo no ha resuelto los problemas que había cuando llegó sino que ha creado otros nuevos. Están gobernando a golpe de decreto y sus ministros suspenden en porcentajes que no hemos conocido en ningún periodo de la etapa democrática española”.
Cayo Lara denunció que “se está deconstruyendo la Constitución Española y se camina hacia atrás respecto al pacto de 1978. Hay un deterioro democrático evidente. La democracia está secuestrada y no es posible hablar de democracia en mayúsculas”, todo ello agravado por el problema de la corrupción “que sigue campando a lo ancho en España”.
El coordinador federal de IU enumeró sucintamente algunas de las alternativas concretas que, desarrolladas y explicadas convenientemente, piensa desgranar la organización a lo largo de los meses que dure la campaña por todo el Estado: la defensa de una Banca Pública, defender la auditoría de la deuda para concretar su parte ilegítima –medida que ya tumbó el PP la pasada semana en el Congreso- la defensa férrea de la Educación Pública, laica y de calidad, la Sanidad y el conjunto de servicios sociales, revalorizar las pensiones, fomentar el empleo juvenil, la derogación de la reforma laboral y la creación de un plan de empleo para parados sin subsidio. A éstas les acompañarán otras que son un referente en la acción de IU como la exigencia de una reforma de la Ley Electoral o la convocatoria de un referéndum sobre la continuidad de la monarquía.
Miguel Reneses completó esta explicación y detalló que Izquierda Unida busca en las dos fases que durará la campaña “conectar mediante el diálogo y la movilización con esa mayoría social que reclama responsabilidad política. Pretendemos tener un contacto muy directo con la gente para que IU y sus afiliados sean los auténticos mediadores políticos”. Dejó abierta la forma en que se pondrá el broche político antes del verano a la primera fase de movilizaciones, sin descartar que ésta pueda ser una gran manifestación reivindicativa.

Cayo Lara defiende en el Congreso la proposición de Ley de lucha contra la corrupción para "combatir con todos los instrumentos legales esta lacra y apartarla de la vida pública"


El presidente portavoz de IU, ICV-EUiA, CHA afirma que “no valen reformas parciales ni cosméticas” frente a un asunto que se ha convertido en “un problema de Estado y en un cáncer para la democracia”

El presidente portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA, Cayo Lara, ha asegurado hoy durante su defensa en el Congreso de la proposición de ley orgánica para luchar contra la corrupción elaborada por Izquierda Unida que esta “lacra” debe “combatirse con todos los instrumentos legales” para poder así “apartarla de la vida pública”.
Lara aseguró ante el Pleno del Congreso que contra la corrupción “no valen reformas parciales ni cosméticas”. Durante su intervención para defender la toma en consideración de la iniciativa registrada por su formación el pasado 1 de febrero, que IU ha calificado como la “más completa’ sobre este tema presentada en sede parlamentaria, ha aludido expresamente a los casos de corrupción derivados de la gestión y la contratación pública, así como de las donaciones privadas a los partidos y también de los procesos urbanísticos susceptibles de generar plusvalías. Indicó que estos casos “dañan la credibilidad de las instituciones y la política, atentan contra el patrimonio público, socavan las bases del sistema democrático, generan alarma y escándalo social y provocan la desafección política entre la ciudadanía”.
Para el máximo responsable de IU, “la especulación urbanística y las irregularidades en la contratación pública” son factores que “han incrementado notablemente la corrupción en España”. A esta situación derivada del periodo de la ‘burbuja inmobiliaria’ hay que sumar “las graves deficiencias en la regulación, control y sanción en materia de urbanismo y contratación pública”, que son las que “han facilitado el camino a la corrupción”.
Ante estos hechos, explicó las propuestas que contiene la proposición de ley para “mejorar la tipificación e incremento de penas en delitos de corrupción, mejorar la transparencia y la gestión en la contratación pública”, así como para ejecutar las imprescindibles “reformas legales en procesos urbanísticos que generen plusvalías”, además de promover el “control de la financiación de los partidos políticos”.
En cuanto al endurecimiento de penas, Cayo Lara subrayó que “detrás de cada corrupto hay un corruptor”, especialmente en los delitos en materia urbanística y de ordenación del territorio. Por ello, ha propuesto modificaciones en el Código Penal en lo que se refiere a delitos relativos a la “malversación o apropiación indebida de caudales públicos, la prevaricación con fines de lucro, el cohecho y cohecho impropio, el tráfico de influencias, el uso de información privilegiada, la alteración de precios en concursos y subastas públicas, enriquecimiento injustificado con recursos públicos o privados, omisión del deber de perseguir delitos y el blanqueo de capitales”, entre otros.
El presidente portavoz de IU, ICV-EUiA, CHA ha criticado también “la escasez de medios” de la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal de Cuentas, para los que ha exigido un “aumento de los recursos”, tanto financieros como de personal. En este capítulo, destacó la “lentitud de la Justicia”, debido también a esta escasez de medios, y la “necesidad” de que ésta actúe “rápida y eficazmente”.
En cuanto a la reforma de la Ley Orgánica 5/1985 de Régimen Electoral General, Lara ha valorado que “no tiene capacidad para limitar los costes de las campañas”, un hecho que provoca “endeudamientos excesivos” en los procesos electorales, lo que supone un “terreno abonado” para la financiación ilegal de los partidos y sus fundaciones.
Durante su intervención, Cayo Lara aludió también al llamado ‘caso Bárcenas’, relativo al supuesto cobro de donaciones irregulares por parte del PP y pago de sobresueldos a determinados altos cargos de este partido realizados con ‘dinero negro’ supuestamente provenientes de empresas y contratistas. Señaló que casos como éste “ponen de manifiesto la necesidad de hacer reformas profundas que tiendan a evitar los agujeros en la legislación que pueden facilitar tales prácticas”.
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Ricardo Sixto tacha de "despropósito y salto cualitativo en la estrategia de criminalización del PP a los movimientos sociales" la acusación de Cifuentes de 'filoetarras' a miembros de la PAH


El responsable de Comunicación Externa de la dirección federal de Izquierda Unida, Ricardo Sixto, tacha de “despropósito y salto cualitativo en la permanente estrategia del PP para criminalizar a los movimientos sociales” las declaraciones de hoy de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, al vincular a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) con grupos ‘filoetarras’.

“Cifuentes, desde su importante cargo institucional, vuelve a hacer gustosamente de pantalla del PP para desviar la atención sobre lo importante, que no es otra cosa que la postura y los contenidos a la baja que el Gobierno y el PP van a defender en la tramitación parlamentaria tanto del proyecto de ley como de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que se estudian en el Congreso”, asegura Sixto, también diputado de IU por Valencia.

Recuerda que “a la delegada del Gobierno Cifuentes le quedan ya pocos colectivos por criminalizar. Lo ha hecho con los componentes de las diferentes ‘mareas’ que protestan contra los recortes de los distintos gobiernos de su
partido, lo ha hecho contra quienes se han manifestado pacíficamente en los alrededores del Congreso y ahora le llega el turno a los miembros de la PAH”.

Para Ricardo Sixto, “cuanto más positivos son los logros que se alcanzan gracias a la movilización social y de todos los grupos que componen la sociedad civil, que incluso llevaron a que el PP votara ‘Sí’ a la toma en consideración de la ILP sobre desahucios presentada por aquellos a los que impúdicamente trata de vincular ahora con ETA, más evidente es el nerviosismo entre algunos dirigentes ‘populares’. No dudan en recurrir a la calumnia y a la descalificación, conocedores del eco que van a tener en determinada clientela política y grupos mediáticos afines”.

Los impulsores de la querella por los 'papeles de Bárcenas' denuncian la "labor de obstrucción que realiza la Fiscalía Anticorrupción, más propia de una defensa que de una acusación pública"


Los querellantes -Izquierda Unida, Asociación Libre de Abogados (ALA), Asociación Justicia y Sociedad, Ecologistas en Acción y Federación de Los Verdes- muestran también su “satisfacción” por el impulso que ha supuesto esta iniciativa para la investigación de la supuesta financiación ilegal del PP y sus vínculos con empresas beneficiarias de grandes obras públicas

Las organizaciones y entidades sociales que han registrado en la Audiencia Nacional la querella criminal dirigida contra los ex tesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, varios dirigentes de esta misma formación y diversos empresarios -Izquierda Unida, Asociación Libre de Abogados (ALA), Asociación Justicia y Sociedad, Ecologistas en Acción y Federación de Los Verdes- trasladan su valoración sobre la rápida sucesión de acontecimientos que se han venido desarrollando desde su admisión a trámite.

Por un lado, manifiestan su “satisfacción ante el hecho incontestable de que, desde la interposición de la querella, la investigación judicial para determinar el alcance criminal de los denominados ‘papeles de Bárcenas’ se ha acelerado de forma notable. Este hecho está generando una indudable inquietud en diversos poderes políticos y económicos relacionados con el contenido de la querella, algo que sólo se puede interpretar como muestra de lo certero de su interposición”.

Por otra parte, el Juzgado Central de Instrucción nº 5, que actualmente dirige el magistrado Pablo Ruz, ha iniciado una investigación al relacionar los ‘papeles de Bárcenas’ con la instrucción anterior seguida en dicho juzgado por la denominada ‘trama Gürtel’. “Nos congratulamos –señalan los querellantes- de que se investigue, pero no queremos dejar de mostrar nuestra extrañeza ante el hecho de que las actuaciones en este juzgado sólo se hayan iniciado después de que se presentase nuestra querella y de que otro juzgado impulsase una serie de actuaciones de investigación que, evidentemente, son de urgente práctica y que no deben demorarse por más tiempo”.

Así, la investigación abierta en el Juzgado Central de Instrucción nº 3 a raíz de la querella registrada el 28 de febrero ha comenzado con celeridad y buen rumbo. Este juzgado ha requerido diversa documentación al
Partido Popular, al Tribunal de Cuentas, a la Agencia Tributaria y a las empresas constructoras supuestamente relacionadas con el pago de diferentes cantidades al PP a cambio de adjudicaciones de obras y concesiones públicas. Al mismo tiempo, se ha llamado a declarar, en calidad de imputados, a los responsables de estas empresas mencionados en los ‘papeles de Bárcenas’. Dichas declaraciones deberán realizarse a comienzos de abril, siempre y cuando la Fiscalía Anticorrupción no vuelva a torpedear la práctica de dichas diligencias, tal y como está haciendo con otras actuaciones judiciales.

“Los responsables de la querella –prosiguen- no tenemos un interés particular en qué juez asuma finalmente la investigación, pero defendemos con contundencia que el juzgado que lleve la causa deberá ser aquel que determine la ley en función de los hitos procesales. En este caso, ese juzgado es el nº 3 por ser el primero que abrió diligencias y admitió la querella. En definitiva, queremos que se investigue, pero que se haga sin cortapisas y sin demora”.

Los querellantes indican también que “parece claro, pues, a la luz de la repercusión social y judicial, que la querella ha resultado certera y oportuna. Pero también resulta evidente que algunas actuaciones llevadas a cabo desde diferentes ámbitos gubernamentales y judiciales tienen más interés en tratar de acallar a sus promotores y apartarnos de la investigación que en que se conozca la verdad y se sustancien responsabilidades de actuaciones presumiblemente ilícitas”.

Así, las organizaciones querellantes denuncian la “labor de obstrucción que desde la Fiscalía Anticorrupción se está realizando para evitar que se desarrolle la práctica de diligencias de investigación acordadas por el Juzgado Central de Instrucción nº 3, adoptando un comportamiento más propio de una defensa que de una acusación pública”. De este modo, se ha llegado incluso a plantear un escrito a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para evitar que se tomase declaración a Luis Bárcenas, declaración a la que estaba previsto que acudiese esta acusación promotora de la querella, negándonos así la posibilidad de interrogarle y pedir medidas cautelares.

En el mismo sentido, muestran su “estupor” ante el auto de la Sección 2ª de la Audiencia Nacional que “saltándose los cauces procesales determinados en la ley y sin escuchar previamente a los querellantes, produciendo una innegable indefensión a esta acusación, ha decidido imponer la suspensión de la declaración del señor Bárcenas con una resolución que carece de fundamentación legal y no tiene precedentes en la historia de nuestros tribunales”.

El compromiso de las cinco organizaciones querellantes es seguir impulsando, cueste lo que cueste, la investigación de las relaciones supuestamente lucrativas entre el PP, sus dirigentes y el ‘poder del ladrillo’. Por este motivo, “al mismo tiempo que nos reafirmamos en nuestra querella y en sus planteamientos, demandamos un claro apoyo social, necesario para contrarrestar las fuerzas que tratan de echar tierra sobre estos presuntos delitos”.

Una de estas fórmulas es el apoyo a la querella que se puede expresar, por colectivos o de forma individual, en la página
www.querellabarcenas.org que ya ha recogido más de 25.000 adhesiones. “Mientras no se haga justicia, nuestras organizaciones seguirán vigilantes frente a las maniobras que traten de evitar que conozcamos la verdad”, concluyen.

viernes, 22 de marzo de 2013

Cayo Lara defiende en el Congreso la proposición de Ley de lucha contra la corrupción para "combatir con todos los instrumentos legales esta lacra y apartarla de la vida pública"


El presidente portavoz de IU, ICV-EUiA, CHA afirma que “no valen reformas parciales ni cosméticas” frente a un asunto que se ha convertido en “un problema de Estado y en un cáncer para la democracia”

El presidente portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA, Cayo Lara, ha asegurado hoy durante su defensa en el Congreso de la proposición de ley orgánica para luchar contra la corrupción elaborada por Izquierda Unida que esta “lacra” debe “combatirse con todos los instrumentos legales” para poder así “apartarla de la vida pública”.
Lara aseguró ante el Pleno del Congreso que contra la corrupción “no valen reformas parciales ni cosméticas”. Durante su intervención para defender la toma en consideración de la iniciativa registrada por su formación el pasado 1 de febrero, que IU ha calificado como la “más completa’ sobre este tema presentada en sede parlamentaria, ha aludido expresamente a los casos de corrupción derivados de la gestión y la contratación pública, así como de las donaciones privadas a los partidos y también de los procesos urbanísticos susceptibles de generar plusvalías. Indicó que estos casos “dañan la credibilidad de las instituciones y la política, atentan contra el patrimonio público, socavan las bases del sistema democrático, generan alarma y escándalo social y provocan la desafección política entre la ciudadanía”.
Para el máximo responsable de IU, “la especulación urbanística y las irregularidades en la contratación pública” son factores que “han incrementado notablemente la corrupción en España”. A esta situación derivada del periodo de la ‘burbuja inmobiliaria’ hay que sumar “las graves deficiencias en la regulación, control y sanción en materia de urbanismo y contratación pública”, que son las que “han facilitado el camino a la corrupción”.
Ante estos hechos, explicó las propuestas que contiene la proposición de ley para “mejorar la tipificación e incremento de penas en delitos de corrupción, mejorar la transparencia y la gestión en la contratación pública”, así como para ejecutar las imprescindibles “reformas legales en procesos urbanísticos que generen plusvalías”, además de promover el “control de la financiación de los partidos políticos”.
En cuanto al endurecimiento de penas, Cayo Lara subrayó que “detrás de cada corrupto hay un corruptor”, especialmente en los delitos en materia urbanística y de ordenación del territorio. Por ello, ha propuesto modificaciones en el Código Penal en lo que se refiere a delitos relativos a la “malversación o apropiación indebida de caudales públicos, la prevaricación con fines de lucro, el cohecho y cohecho impropio, el tráfico de influencias, el uso de información privilegiada, la alteración de precios en concursos y subastas públicas, enriquecimiento injustificado con recursos públicos o privados, omisión del deber de perseguir delitos y el blanqueo de capitales”, entre otros.
El presidente portavoz de IU, ICV-EUiA, CHA ha criticado también “la escasez de medios” de la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal de Cuentas, para los que ha exigido un “aumento de los recursos”, tanto financieros como de personal. En este capítulo, destacó la “lentitud de la Justicia”, debido también a esta escasez de medios, y la “necesidad” de que ésta actúe “rápida y eficazmente”.
En cuanto a la reforma de la Ley Orgánica 5/1985 de Régimen Electoral General, Lara ha valorado que “no tiene capacidad para limitar los costes de las campañas”, un hecho que provoca “endeudamientos excesivos” en los procesos electorales, lo que supone un “terreno abonado” para la financiación ilegal de los partidos y sus fundaciones.
Durante su intervención, Cayo Lara aludió también al llamado ‘caso Bárcenas’, relativo al supuesto cobro de donaciones irregulares por parte del PP y pago de sobresueldos a determinados altos cargos de este partido realizados con ‘dinero negro’ supuestamente provenientes de empresas y contratistas. Señaló que casos como éste “ponen de manifiesto la necesidad de hacer reformas profundas que tiendan a evitar los agujeros en la legislación que pueden facilitar tales prácticas”.
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Juan Serrano: “Nunca ha habido ninguna apuesta por Jaén”


El parlamentario de IU por Jaén explica en una entrevista con Mágina Sur Información las razones de la pobreza de la provincia y sus claves de futuro, entre otras cuestiones.

TERESA GUZMÁN: Andalucía está atravesando por una de las épocas más duras de su historia, ¿qué medidas se han planteado en el Parlamento andaluz para paliar esta situación?
JUAN SERRANO: Las primeras medidas que hemos llevado a cabo son varias: tener en cuenta los servicios públicos, nosotros no hemos recortado ninguno; hemos apoyado la educación, la sanidad y las políticas sociales. Luego hay que saber que estamos en una situación de recorte tremendo del gobierno central. A Andalucía no nos reconocen la deuda, no nos reconocen la falta de inversión en 2008 y 2009, incluso no nos conceden las inversiones con arreglo al peso poblacional que es de un 18 % del estado español, tan solo nos reconocen un 15%. Tampoco nos hacen transferencias finalistas sobre educación, sanidad y servicios sociales. Incluso yo llegaría a más, nosotros no queremos que los ciudadanos y ciudadanas paguen los medicamentos y la respuesta del Gobierno es que nos recurren la subasta de medicamentos. Esa es la situación. Nosotros únicamente podemos llegar a donde nos deje el presupuesto que es de 32.000 millones. A esa cantidad hay que quitarle la aportación que viene de Europa para la PAC, las transferencias y lo que pagamos de intereses. De esos 22.000 millones euros que nos quedan, se destina 66,4 por ciento a sanidad y educación. Lo que resta es para lo que se está haciendo, para poner un plan de choque encima de la mesa junto a varias políticas activas de empleo a pesar de que el gobierno nos ha recortado cerca de 400 millones en esa materia. Ha pasado de una subvención de 700 a 400 millones.
La situación está muy mal pero no es por Andalucía, es donde nos está llevando esta política económica y donde nos lleva el gobierno del PP. Reforma tras reforma, decreto tras decreto, y cada semana se sacan de la manga un decreto.

T. G.: En los últimos meses, el estado autonómico ha vuelto a ser centro de polémica, ¿piensa que habría que reformarlo? ¿cuál cree que es el sistema ideal?
J.S.: Lo que habría que hacer es clarificar las competencias y la financiación. Es lo mismo que está pasando con la reforma de la administración local, que hace falta, pero no como lo quiere hacer el PP que pretende tres cosas: privatizar los servicios, desmantelar el estado del bienestar y que las circunscripciones grandes, que es donde ellos gobiernan, se queden con el poder, por lo que se quedará con las diputaciones provinciales y así manejará con los intereses de la derecha la administración local.
Nosotros siempre hemos defendido el federalismo que es un pacto entre todos con competencias y capacidad para recaudar impuestos y manejarlos. Con el centralismo que tenemos fallan las transferencias. Con el federalismo tendríamos más capacidad de caja en las comunidades.

T.G.: Su partido lleva casi un año en el gobierno andaluz, ¿qué decisiones en las que ha intercedido IU cree que han sido más importantes?
J.S.: La más importante ha sido evitar la privatización de los servicios públicos. Sabemos que si no hubiéramos estado se hubiera privatizado como en el resto de comunidades. Hace un par de semanas iban a desaparecer varias unidades de educación infantil de la enseñanza pública y hemos logrado que no se quitaran ninguna. Se va a apoyar más la educación pública. Todo el mundo sabe que detrás del decreto de las medidas sociolaborales estuvimos nosotros. El decreto del litoral también ha sido cosa de IU. En el tema de la vivienda, hemos creado una oficina para la gente afectada por los desahucios para asesorarles.

T.G.: Nuestra provincia es una de las más pobres de España, ¿qué cree que ha retrasado el desarrollo de Jaén?
J.S.: Nunca ha habido ninguna apuesta por Jaén. Lo que nos está haciendo mucho daño es la crisis del olivar y el desastre de la última cosecha. Jaén siempre ha sido la última de todo y no es porque fuera un mal cíclico, sino porque los gobernantes nunca han tenido en cuenta lo que ha sido Jaén. Nunca la han potenciado y nunca ha habido una verdadera vertebración.

T.G.: ¿Cuáles considera que son las claves de futuro para Jaén?
J.S.: Defender la Pac, defender el concepto de los derechos del pago único para que se mantengan, no aceptar el reparto de la nueva reforma. Se va a perder un 13-18%, de ser una comunidad de tránsito a ser tradicional. Nosotros lo que le estamos temiendo es al reparto dentro de España. Hay que vertebrar la provincia, hay que apostar por el ferrocarril y por todo el eje de la nacional IV con un plan de reindustrialización.

T.G.: Hace unos días explicó en Huelma los planes de empleo que se van a desarrollar en la localidad, ¿qué van a suponer estos para la localidad?
J.S.: Hay un plan de choque que se vertebra en varios programas, el Ola que beneficiará a Huelma y en el que trabajarán personas de la localidad; el programa de rehabilitación del que posiblemente también pueda beneficiarse la localidad y por último, el programa de reforestación que aún no se sabe como se va a poner en marcha. También hay un programa de acción social para los ayuntamientos. Además también está el programa de solidaridad alimentaria para que nadie se quede en la miseria.

T.G.: ¿Dónde está la salida a la crisis económica?
J.S.: Con otra política económica. Lo primero que hay que hacer es no reconocer la deuda. Podemos reconocer la deuda legítima, la que se ha creado del coste de los servicios sociales, pero no la ilegítima. No se puede seguir apoyando esta política que reconoce esa deuda. La ley de estabilidad presupuestaria hay que eliminarla también porque a lo único que lleva es a pobreza, pérdida de empleo y a dejar desamparada a la gente, algo que está sufriendo sobre todo los ayuntamientos. Se está desmantelando el estado del bienestar.

La Asamblea Local de IU en Bailén elige a Francisco David Anguita como nuevo Coordinador Local




En la foto, Francisco David Anguita, nuevo Coordinador Local de IULV-CA de Bailén.

El pasado domingo Izquierda Unida celebró Asamblea Local Extraordinaria en la localidad de Bailén para elegir a la nueva dirección local. Esta Asamblea Extraordinaria, convocada por la dirección provincial de la federación de izquierdas con arreglo a lo establecido en los vigentes Estatutos de IULV-CA, toda vez que la dirección local existente hasta ahora no había procedido a convocar la Asamblea que, también con carácter extraordinario, había sido solicitada por más de un tercio de los afiliados-as de Bailén, tal y como establecen los Estatutos de IU, procedió el pasado domingo a elegir al nuevo consejo local, cuyos 6 miembros eligieron, a su vez, a Francisco David Anguita Arance como nuevo coordinador local de ILV-CA en Bailén. Anguita Arance ha manifestado que la nueva dirección local se marca como objetivo primordial el fortalecimiento organizativo de Izquierda Unida en Bailén, en la perspectiva de convertir a esta fuerza política en el referente alternativo y de la izquierda bailenense frente a los modelos políticos homologables que, en materia económica, representan tanto el PP como el PSOE, y cuya responsabilidad política en la situación que padece una inmensa mayoría social de nuestro país es clara. En los próximos días –señala Francisco David Anguita-, el nuevo consejo convocará de nuevo a la Asamblea Local de  Bailén para designar las responsabilidades ejecutivas de la nueva dirección local, así como para debatir un plan de actuación local que incluye el seguimiento y valoración del pacto de gobierno municipal con el PSOE en el Ayuntamiento de Bailén.

Cayo Lara califica de decisión "sabia y valiente" el rechazo del Parlamento de Chipre a las duras condiciones de rescate de la Unión Europeo


El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, valoró hoy que el rechazo del Parlamento de Chipre a las condiciones del rescate por parte de la Unión Europea (UE) significa una decisión “sabia y valiente”.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, Lara mostró su total respeto hacia esta decisión y confió en que tras la misma los máximos responsables económicos europeos varíen sus intenciones y den marcha atrás en sus duras propuestas.
“No se pude atacar a los ciudadanos –valoró- de una manera tan descarada con estas medidas que está adoptando últimamente la troika y en las que se ve hasta dónde son capaces de llegar”. 

Insistió en que estamos ante “una decisión sabia ante un atraco que está haciendo la troika al bolsillo de los chipriotas”.

Alberto Garzón defiende una moción de IU con medidas para generar empleo, salir de la crisis y acabar "con un experimento neoliberal como en Chipre que prioriza a los bancos por encima de las personas"


Intervención del portavoz económico de IU, Alberto Garzón, ante el Pleno del Congreso en defensa de esta iniciativa que será votada mañana jueves

"Parafraseando a dos grandes, podríamos decir perfectamente que ‘un fantasma recorre Europa’. En este caso es el fantasma de Chipre y el fantasma de Grecia. Chipre está siendo en estos días un laboratorio, un experimento de las políticas económicas más neoliberales, de ese liberalismo existente que consiste en socializar las pérdidas y privatizar las ganancias, en dar prioridad absoluta a los bancos por encima de cualquier otro tipo de sujeto, incluidas las personas, por encima de cualquier derecho y de cualquier conquista social.

La prioridad en el pago de los intereses de la deuda, la prioridad en el pago a los grandes acreedores del sistema financiero internacional es lo que está marcando la política de la Europa de la periferia (de España, Portugal, Grecia, Italia y Chipre). Es una política absolutamente suicida. Hemos tenido ocasión de debatirlo en esta Cámara en numerosas ocasiones, siempre con el rechazo del Partido Popular a nuestra interpretación pero siempre, desgraciadamente, con los datos corroborando que tenemos razón. La tenemos cuando decimos que esta política nos lleva a mayor crisis, a mayor desigualdad, a mayor desempleo, a mayor miseria y a más estallidos sociales que pueden ser canalizados por la extrema derecha, como estamos viendo en los países vecinos.

Fruto de esta prioridad surgió la reforma constitucional del Partido Popular y del Partido Socialista de agosto de 2011, en la que se priorizaba el pago de los intereses de la deuda, en este caso de la deuda pública, los intereses de las entidades financieras. Como decía, estas medidas no solo nos parecen absolutamente equivocadas, sino que además nosotros venimos a plantear una alternativa.

La moción que hoy presentamos aquí marca los puntos fundamentales, cruciales, de nuestra alternativa para servir un debate sano, sereno y necesario pero, sobre todo, urgente, porque urgente es la situación en que nos encontramos y desesperada es la situación de las familias.

Hay que apoyar una cuestión que creo que es fundamental -hemos tenido
oportunidad de hacerlo-, que es el papel de la deuda pública. Parece que dicho papel no se entiende del todo bien, porque cuando nosotros decimos que es impagable no sólo lo decimos por una cuestión de tipo moral, de que no es nuestra deuda y nosotros no la pagamos -que evidentemente-, sino que lo decimos también por una cuestión de tipo económico, porque pensamos que económicamente es impagable la deuda pública, tanto en España como en Grecia, en Italia o en Chipre. Esta constatación es la que llevó a una reestructuración de la deuda en Grecia, a una reestructuración dirigida en este caso por las instituciones supranacionales.

Así que no hay que alertarse de nada cuando decimos que no se puede priorizar el pago de la deuda pública por encima de cualquier otro tipo de pago o de gasto social. Además, esto es fruto de no entender que el sistema financiero es parasitario, que gravita sobre la estructura productiva y, por tanto, priorizar todos los pagos al sistema financiero conduce a echar dinero en un agujero negro que carcome todos los recursos y que va destrozando la economía productiva. No sirve de nada si no hay una economía productiva y si no hay una economía real y nosotros proponemos recuperar esa economía productiva, recuperar esa economía de las personas, de las pequeñas y medianas empresas en vez de seguir sirviendo al ‘lobby’ de las entidades financieras y en vez de seguir siendo el consejo de administración de los grandes bancos especulativos internacionales como son los Gobiernos actualmente de la periferia europea, incluido el Gobierno de España.

En este sentido, es claro que sólo se puede salir de la crisis y sólo podemos generar empleo a través de planes de estímulo suficientemente fuertes que consigan romper la dinámica de desapalancamiento financiero en la que estamos inmersos. Esta es una cuestión obvia que la experiencia histórica refleja perfectamente en el Japón de los años noventa. Sólo influyendo, sólo poniendo dinero en la economía productiva se pueden devolver las deudas y sólo de esa forma se puede evitar el alto nivel de desempleo actual. Para eso necesitamos dinero y para tener dinero necesitamos una reforma fiscal altamente progresiva y no esas reformas fiscales que hace este Gobierno con las instituciones supranacionales que permiten, toleran y promueven los paraísos fiscales, que permiten, toleran y promueven instrumentos que sirven para eludir impuestos y que permiten que el Estado del bienestar, los servicios públicos fundamentales de los que nos beneficiamos como sociedad sean cada vez de peor calidad y de peor estatus.

Es obvio que hay que hablar del Banco Central Europeo. Proponemos que se defienda con toda la fuerza posible la reestructuración del Banco Central Europeo. Necesitamos tener una política monetaria al servicio de la economía productiva, al servicio de las personas y no al servicio de los grandes bancos que es actualmente lo que el Banco Central Europeo hace. En este sentido necesitamos que se financie la economía productiva, los planes de estímulo, pero necesitamos esa política monetaria por parte del Banco Central Europeo, porque acudió a esta Cámara, a este Congreso y todos recordamos su ‘comisión clandestina’, su comparecencia infame en esas formas y, sobre todo, lo peor de todo, es que recomendaba la reforma laboral, esa reforma laboral que nosotros pedimos derogar. Porque no es una reforma laboral para crear empleo, pero sí es una reforma laboral que está funcionando. Es una reforma que está funcionando porque su objetivo real, el que se explicita por los organismos internacionales, incluido el Banco de España, es reducir los salarios.

Ese es el objetivo real del Banco de España y ese es el objetivo real del Gobierno de España. Obviamente lo enmascaran con retórica, con márquetin y con todo tipo de recursos metafóricos para decir que se va a crear empleo, pero estamos viendo que no sirve y por eso hay que derogarla, porque hay que dar un cambio radical en la forma de entender el mercado laboral, en la forma de entender la economía productiva.

No sólo somos no competitivos por una cuestión de tecnología, sino que tampoco lo somos  por una cuestión de estructura productiva. Si no se entiende esto, no podremos construir ninguna Unión Europea sólida. Si no se entiende que Alemania tiene una estructura productiva muy diferente y mucho más tecnológica y mejor desarrollada que nosotros, si no se entiende que la salida es no bajar salarios, si no se entiende que la salida tiene que ser redistribuir la renta, la riqueza y cambiar el modelo productivo, entonces seguiremos esta senda totalmente absurda y de suicidio económico, como insistía antes.

Por eso nuestra moción tiene una serie de puntos amplios que vamos a pedir que se voten por separado para que puedan servir para un debate sereno sobre cuestiones fundamentales y, como decía antes, urgentes y necesarias. Muchas gracias."

Llamazares respalda en nombre de Izquierda Unida el manifiesto 'Por una sanidad pública, universal y de calidad'


El documento ha sido suscrito en una reunión mantenida hoy en el Congreso en la que también han participado el presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Marciano Sánchez Bayle, y la secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez
El diputado y portavoz de Izquierda Unida en la Comisión de Sanidad del Congreso, Gaspar Llamazares, respaldó hoy el documento impulsado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) para garantizar este derecho y que se respete su universalidad, así como que se preste como un servicio público de calidad. De este respaldo ha sido copartícipe también el PSOE. A tal fin, esta mañana tuvo lugar una reunión en el Congreso con la participación de Llamazares, el presidente de la FADSP, Marciano Sánchez Bayle, la secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez y el portavoz socialista de Sanidad en la Cámara Baja, José Martínez Olmos.

En declaraciones a los medios minutos antes de la reunión, el parlamentario de IU expuso que la política sanitaria del Gobierno de Mariano Rajoy –a la que tachó de “asalto”- ha sido respondida con una “contestación social sin precedentes”, por lo que trasladó su confianza en que la elaboración de este manifiesto sirva de “ayuda” en la cada vez más numerosa respuesta política y social frente a la privatización de la sanidad.
Llamazares indicó con claridad que “nos comprometemos a recuperar tanto la abolición de ‘repagos’ del PP como aquellas privatizaciones que conviertan hospitales públicos en privados”.

Sánchez Bayle destacó que el documento presentado es un ejemplo de la posición conjunta de rechazo de la política sanitaria que se aplica hoy y que va encaminada hacia el desmantelamiento de la Sanidad Pública, hacia su privatización y que, por el camino, está ocasionando muchos problemas.

El manifiesto -denominado ‘Por una Sanidad Pública, Universal y de Calidad’- se inicia con la advertencia de que el derecho a la asistencia sanitaria ha dejado de ser un derecho de ciudadanía al vincularse a que la persona ostente la condición de asegurada o sobre los efectos negativos de los copagos en numerosas prestaciones sanitarias.
Reprocha también la exclusión de más de 400 medicamentos de la cobertura sanitaria y destaca por sus efectos negativos las decisiones adoptadas por los gobiernos autonómicos de la derecha en Madrid o Cataluña de instaurar el euro por receta, además del “incesante incremento de la provisión de servicios públicos de salud mediante sistemas de provisión privada” en comunidades como Valencia, Castilla-La Mancha o Castilla y León.

Los firmantes del documento consideran “insostenible” este “desmantelamiento del sistema público de salud”, para el que se usa la crisis económica como “excusa”. Plantean una lista de propuestas para defender y mejorar la sanidad pública.

(A continuación se incluye el texto íntegro del Manifiesto)

Por una sanidad pública, universal y de calidad

Tras la aprobación del Real Decreto Ley 16/2012 el pasado mes de abril, la sanidad pública española ha dejado de estar configurada como un Sistema Nacional de Salud ya que el derecho a la asistencia sanitaria ha dejado de ser considerado como un derecho de ciudadanía al vincularse a que la persona ostente la condición de asegurada. La primera expresión de ello ha sido la exclusión de inmigrantes sin papeles de la atención sanitaria ambulatoria. Al mismo tiempo, un colectivo de ciudadanos españoles, no ostentan el derecho a la sanidad si no reúnen los requisitos para estar asegurados.

Junto a ello, dicho Real Decreto Ley ha incorporado una modificación sustancial de la ordenación de la cartera de servicios para favorecer la paulatina incorporación de copagos en numerosas prestaciones sanitarias.

El hecho es que el Gobierno del Partido Popular ha modificado el vigente sistema de acceso a los medicamentos incrementando las aportaciones de la mayoría de los pacientes y, en el caso de los pensionistas, obligando a un repago que está suponiendo una barrera real para que este sector de la población pueda disponer de los medicamentos que necesitan.

Exclusión de más de 400 medicamentos de la cobertura sanitaria, copago farmacéutico, copago en prótesis, copago en dietoterapia o copago en transporte sanitario no urgente son algunos de los ejemplos de las numerosas medidas regresivas adoptadas por el Gobierno de Rajoy.

A estas medidas se unirán otras como la exclusión de la cobertura gratuita del sistema público de prestaciones preventivas ligadas a pruebas de screening, fecundación in vitro o pruebas de detección de anomalías genéticas, entre otras muchas.

A esto hay que añadir las decisiones adoptadas hasta ahora por las Comunidades de Cataluña y Madrid instaurando la obligación de pagar un euro por cada receta, que perjudica con más intensidad a quien más necesidades de salud tiene (pacientes crónicos) y a quien menos recursos económicos tiene que, por las presiones de la ciudadanía, de las organizaciones profesionales y de partidos políticos y sindicatos, el Gobierno se ha visto obligado a recurrir ante el Tribunal Constitucional.

También hay que señalar el incesante incremento de la provisión de servicios públicos de salud mediante sistemas de provisión privada que en Comunidades como Madrid, Valencia, Castilla la Mancha o Castilla y León, tienen su expresión más llamativa.

Un mecanismo para la generación de espacios de negocio lucrativo a costa de las necesidades de salud de la ciudadanía que el Partido Popular está desarrollando de manera extraordinariamente impune.

Y en este contexto, la sistemática aplicación de recortes presupuestarios está estrangulando aún más la disponibilidad de recursos para la sanidad pública poniendo en riesgo la calidad asistencial y la salud de la ciudadanía.

Todo este conjunto de medidas desarrolladas en los primeros doce meses de Gobierno del Partido Popular, contribuyen a incrementar las desigualdades en salud en España. Los recortes y exclusiones tienen un saldo en vida y en vidas.

Es, por tanto, una situación insostenible para el conjunto de la ciudadanía ya que el desmantelamiento del sistema sanitario público nos lleva a una situación negativa para la salud, la equidad y la cohesión de la sociedad.

Se usa la crisis económica como una excusa que pretende justificar el desmantelamiento de la sanidad pública para favorecer intereses de grupos de presión e interés que nunca creyeron en el Sistema Nacional de Salud y que encuentran en la crisis el argumento para generar las condiciones que hagan viable un modelo que permita hacer negocio con la sanidad pública y un mayor peso de la sanidad privada.

Nuestras propuestas para defender y mejorar la sanidad pública

1.- Asegurar la universalidad y calidad del sistema sanitario, su carácter equitativo, de provisión pública, financiado por impuestos y con gratuidad en el momento de uso.

2.- Asegurar la suficiencia financiera de la sanidad pública mediante fiscalidad equitativa.

3.- Establecer un sistema de cohesión a través de un Fondo para la igualdad que desarrolle los planes de salud que aseguren equidad, cohesión e igualdad de todos los españoles.

4.- Elaborar una ley que garantice la naturaleza pública de la financiación, la provisión y la gestión de los servicios de salud e impida que en la prestación de servicios sanitarios no se dé la calidad asistencial necesaria y no se respeten los derechos de los usuarios, derogando la Ley 15/97, de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud.

5.- Potenciar la Atención Primaria de salud recuperando y mejorando la estrategia AP-21. Especial énfasis en desarrollar una reforma e impulso en profundidad en salud mental.

6.- Impulsar el desarrollo de la Ley General de Salud Pública, apostando por la prevención de las enfermedades y la promoción de la salud y, en especial, la vacunación basada en evidencias científicas, la educación sanitaria y los hábitos alimentarios saludables, los problemas en materia de obesidad, drogas, salud sexual y reproductiva, entre otras prioridades.

7.- Hacer posible y real la participación profesional en el proceso de planificación, gestión y evaluación de los servicios públicos de salud.

8.- Revisar los procedimientos de participación de los ciudadanos para incrementar los espacios de cooperación y participación de los ciudadanos y pacientes en la orientación del sistema sanitario y seguir avanzando en el diseño, puesta en marcha y funcionamiento efectivo de los mecanismos de participación de los agentes sociales y asociaciones de pacientes en los distintos niveles de gobierno del sistema sanitario.

Las organizaciones firmantes nos comprometemos a impulsar estas medidas en todos los ámbitos en los que tenemos capacidad.

Al mismo tiempo, los Grupos Parlamentarios del PSOE y de la Izquierda Plural, promoveremos iniciativas parlamentarias enmarcadas en estos objetivos.

Las primeras irán encaminadas a la universalidad efectiva de la sanidad como derecho de ciudadanía (reponiendo el derecho también a los inmigrantes en situación irregular), la eliminación de los copagos instaurados por el Gobierno de Rajoy o la elaboración de una evaluación de impacto en salud de las medidas adoptadas con el RDL 16/2012 .

Gaspar Llamazares reprocha a Bañez que el nuevo endurecimiento de las pensiones del Gobierno de Rajoy es un "crimen social y un crimen de lesa democracia"


Pregunta del diputado de IU a la ministra de Empleo y Seguridad Social durante la sesión de control al Gobierno

PREGUNTA: "Señora ministra, ¿qué tiene que ver el nuevo ‘hachazo’ a las pensiones con el envejecimiento activo? ¿Por qué se burlan de los ciudadanos? ¿Por qué se ensañan con los pensionistas?"

RÉPLICA: "Señora ministra, no mienta. No mienta, en primer lugar. No es verdad que mantengan el poder adquisitivo de las pensiones. Las pensiones pierden poder adquisitivo. Pero, señora ministra, lo que han hecho este fin de semana no tiene nombre. La reforma de este fin de semana no es una reforma, es un crimen, es un crimen social y es un crimen de lesa democracia.

Es un crimen social porque ustedes se ensañan con los sectores más débiles. Su reforma se ensaña con los mayores de 55 años, de tal manera que tendrán una pensión mucho menor y de tal forma que también se cuestionará su subsidio. Se ensañan ustedes con los jóvenes, que no tendrán contrato de relevo, y se ensañan asimismo con los pensionistas con una ‘bomba’ retardada llamada mecanismo de actualización, que finalmente lo que provocará básicamente es un recorte añadido del sistema de pensiones.

Le recuerdo, señoría, que usted defendió los 65 años para la jubilación, no los 67 ni los 68 ni los 70. Por tanto, un crimen social que se suma al crimen de la reforma
laboral. ¿Cómo no ha dimitido usted todavía, señora ministra? ¿Cómo sigue de ministra del Gobierno con su reforma laboral? Una reforma laboral que ha provocado seis millones de parados, con dos millones sin ningún tipo de cobertura, con el 50% de los jóvenes en el desempleo.

Y ahora usted añade más sufrimiento al sufrimiento con este ensañamiento del crimen social que significa la reforma de las pensiones. Pero es un crimen también de lesa democracia, señora ministra, porque ustedes lo hacen por sumisión a Berlín, por sumisión a la Unión Europea. No actúan como un Gobierno legítimo, actúan como un Gobierno dependiente y además lo hacen mediante decreto. No hay un Estado de derecho. ¡Treinta y cinco decretos significan un Estado de decreto! Esa es la realidad de nuestra democracia en estos momentos.

Señora ministra, la respuesta va a ser una respuesta muy dura, una rebelión ciudadana: o se van o les echamos."

lunes, 18 de marzo de 2013

martes, 12 de marzo de 2013La creación de un Bloque Social Alternativo es la única salida para luchar desde la unidad contra el capitalismo

El Comité Federal del Partido Comunista de España da por iniciado el proceso de su XIX Congreso

 El Comité Federal del PCE comenzó esta mañana, con un minuto de silencio en recuerdo del Presidente Hugo Chávez, que durante 13 años gobierno en Venezuela en nombre de los más desfavorecidos, que impulso la revolución bolivariana y la unión de los pueblos frentes a los mercados y que demostró que sí hay otra alternativa al neoliberalismo. El respaldo fue para el pueblo venezolano y para el reciente nombrado presidente Nicólas Maduro, que tomó ayer posesión en un acto en el que el Partido Comunista de España estuvo representado por su Responsable en Política Internacional Maite Mola, aun en Caracas.

El informe político aprobado por la unanimidad de los 77 miembros que participaron en el Comité Federal, reivindicó la necesidad de impulsar la democracia participativa en un momento que el objetivo del neoliberalismo más radical es “degradar el sistema democrático para blindar así las nuevas medidas anti-sociales y situarnos en una realidad de cada vez menos soberanía popular para garantizar que el poder resida en la troika europea”. Un desgaste, avanzó José Luis Centella, secretario general del PCE, que se alimenta con los escándalos de corrupción, “aunque para conseguirlo tenga que explotar hasta el PP”.

Sin cesar en la lucha contra la corrupción, defendiendo la ética “y pasando a la ofensiva, pedimos el debate de la corrupción en todos los partidos para evitar que nos metan a todos en el mismo saco” Centella, quien explicó que no tenemos que dejarnos confundir: ” la corrupción no es el origen de la crisis, ya venía de antes, como se ve en la corrupción del PP. El responsable de la corrupción es el capitalismo”. Y advirtió: “Si se sitúa la corrupción como el punto principal del problema habremos perdido la batalla”, porque según argumentó la clave fundamental para entender y afrontar la situación en que vivimos es comprender que estamos ante un enfrentamiento de clases.

Por eso abogó como salida la creación de un Bloque Social Alternativo, que no se trata de crear una nueva estructura, sino de establecer alianzas políticas desde lo que se mueve sindicalmente, en las mareas y la lucha de las universidades. Lo fundamental ahora es
ganar la batalla hegemónica de las ideas y del pensamiento. “Es el momento de plantear la alternativa democrática, social y anticapitalista. Es fundamental que el PCE se implique en la lucha social. Nosotros aportamos los 10 puntos de la Alternativa Social Anticapitalista y Democrática que planteamos en la última Fiesta del PCE y que pueden servir para empezar el debate con esa mayoría social que está en las calles”.

En este Comité Federal celebrado esta mañana se consideró políticamente convocado el XIX Congreso del Partido Comunista de España. El punto de partida son los documentos aprobados en la Conferencia Política, al que sumar aportaciones y centrar el debate en cómo referenciar al PCE en la construcción del Bloque Social Alternativo. La mujer, y el desarrollo del Movimiento Democrático de Mujeres , así como las juventudes del Partido y la incorporación de la militancia comunista, con o sin carné, fueron uno de los objetivo a
trabajar de cara al próximo congreso. De momento, las próximas citas de lucha que se marca el Partido son las movilizaciones de mañana 10 de marzo, a nivel nacional, y del 14 a escala europea.

IU fija su estrategia para enfrentarse a la "demoledora y preconstitucional" reforma local que impone el Gobierno y que persigue "quitar alcaldes y poner caciques"


Izquierda Unida reúne a más de 250 cargos públicos en su sede federal en una jornada para discutir alternativas y evidenciar su rechazo a este “ataque del PP que pretende destrozar y destruir de raíz el modelo de servicio público construido con tanto esfuerzo en la democracia”
Izquierda Unida ha debatido y fijado hoy la estrategia política y de “férrea movilización en las instituciones y en la calle” para los próximos meses con la que hacer frente a la redacción actual del que todavía es el anteproyecto de ley de reforma de la Administración Local que trata de imponer el Gobierno de Mariano Rajoy. IU considera esta reforma “demoledora y que busca devolver el actual modelo de Estado a una etapa preconstitucional”, en palabras de Montserrat Muñoz, secretaria ejecutiva de Política Institucional. Diego Valderas, vicepresidente y consejero de Administración Local  de la Junta de Andalucía avisó de que la derecha lo que quiere es “quitar alcaldes democráticos y poner caciques”, todo lo contrario de por lo que IU lleva luchando desde las primeras elecciones democráticas.

Izquierda Unida reunió a más de 250 cargos públicos –la mayoría de ellos ediles de localidades pertenecientes a todas sus federaciones- en su sede federal de Madrid en el marco de una jornada para discutir alternativas y evidenciar el
completo rechazo a la reforma de la Administración Local ideada por el Ejecutivo de Rajoy.

En el encuentro, además de las intervenciones de Muñoz y Valderas, estuvo coordinado por el responsable de Política Municipal, Manuel Fuentes, al que acompañaron todos lo/as miembros de la Ejecutiva Federal competentes en esta materia, así como la diputada Ascensión de las Heras, que será la encargada de defender las iniciativas de IU durante la tramitación parlamentaria.

Los intervinientes en la jornada expresaron la “ineludible necesidad” de emplazar a todas las organizaciones sociales y políticas progresistas para sumar fuerzas, tanto en las instituciones como en la calle, para dar la debida respuesta a este ataque. “Un ataque del PP que pretende destrozar y destruir de raíz el modelo de servicio público construido con tanto esfuerzo en la democracia”, señaló Montserrat Muñoz.

La secretaria ejecutiva de Política Institucional desgranó que el Gobierno de la derecha “pura y dura” que representa Rajoy ha decidido reducir competencias municipales, al tiempo que busca el “control del precio de los servicios públicos, con la excusa de lograr servicios no deficitarios”, y con la mirada puesta en hacer más fácil su privatización.


Muñoz advirtió también sobre otro de los fines que busca esta reforma: la “recentralización” del Estado para cambiar el modelo actual y convertir a los ayuntamientos en “meros gestores de servicios públicos. Quieren volver al modelo franquista y que los alcaldes queden sólo para recoger la basura, limpiar las calles plantar flores y organizar las fiestas patronales”.

Montserrat Muñoz destacó que se intenta “limitar la democracia municipal y local, en general” para lo que se han esbozado ya pasos como la reducción de concejales, de ayuntamientos, la eliminación de sus salarios o el “convertir en un auténtico ‘sheriff’ al interventor local”.

La dirigente federal de IU hizo un llamamiento para explicar en todos los rincones del Estado que “buscan quitar peso a las administraciones más cercanas, precisamente aquellas por las que más ha luchado Izquierda Unida desde sus orígenes” y para hacer entender que sus objetivos “no sólo van contra los alcaldes sino también contra los ciudadanos”.

Diego Valderas, por su parte, insistió en que el anteproyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros en febrero significa una “vuelta a un modelo preconstitucional”, que “reduce drásticamente las competencias y los recursos de los municipios”, en una peligrosa recentralización del Estado.

Llamó a toda la organización de IU a “ser vanguardia en el conjunto del Estado en defensa del municipalismo y de rechazo a esta locura de reforma del PP”. En esta línea, confió en que los cargos municipales ‘populares’ muestren también que no comparten unas imposiciones que son una “metedura de pata más” del Gobierno de Rajoy, dentro de ese marco de “reformas y reformas que se han convertido en una plaga para la democracia y los ciudadanos”.

Valderas indicó que Izquierda Unida debe dar cumplida respuesta a lo que es “otra imposición más de la troika, a la que se une una ‘troika mediática’ que desprestigia a la democracia y a la política”. Señaló un “camino de lucha” contra esta nueva reforma del PP y que puede hacerse “formando parte de un gobierno”, como lo está IU en Andalucía, “pero al mismo tiempo en la calle. Hay que hablar de tú a tú con el resto de las fuerzas políticas y sociales, y conformar un bloque social y de progreso” para impedir que esta reforma de la Administración Local salga adelante.

Izquierda Unida, además, viene reclamando en actuaciones coordinadas por Manuel Fuentes la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial para Asuntos Locales para abordar el debate interadministrativo de la Administración Local y la celebración de una asamblea extraordinaria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), todo ello antes de que el texto de la nueva ley llegue al Congreso.

Izquierda Unida exige al Gobierno "medidas urgentes, incluso antes de que culmine la tramitación parlamentaria ahora frenada, para paralizar de forma inmediata los desahucios"


La responsable de Vivienda de la dirección federal de Izquierda Unida, Amanda Meyer, señala tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que “estábamos en lo cierto quienes hemos defendido que las políticas públicas deben servir para que no pierda su vivienda de manera injusta quienes soportan desde la mayoría social una crisis que no han causado”
La responsable de Vivienda de la dirección federal de Izquierda Unida, Amanda Meyer, ha exigido hoy al Gobierno de Mariano Rajoy que “tome medidas urgentes, incluso antes de que culmine la tramitación en el Congreso del proyecto de ley de Deudores Hipotecarios y de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), cuyos plazos parlamentarios están paralizados, para frenar de forma inmediata los desahucios que están en marcha debido a las cláusulas abusivas aplicadas por las entidades financiera, desautorizadas por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) conocida ayer.

Amanda Meyer ha profundizado en las valoraciones de alcance hechas ayer por IU sobre este tema. Señala que el fallo del alto tribunal europeo “es fruto de la constante movilización de la sociedad civil organizada en la lucha por una vivienda digna” y “por fin” da la razón a “quienes, como Izquierda Unida, venimos reclamado desde el inicio de la crisis que los desahucios masivos son ilegales”.

“Estábamos en lo cierto –afirma- quienes hemos defendido que las políticas públicas deben servir para que no pierda su vivienda de manera injusta quienes soportan desde la mayoría social una crisis que no han causado”.

La responsable federal de Vivienda de IU reclama al Ejecutivo del PP que “vote favorablemente a las enmiendas elaboradas por nuestro grupo parlamentario, después de dos legislaturas en las que ha tumbado –uniendo sus votos al PSOE- todas las propuestas que presentamos sobre esta materia, que recibían por su parte los calificativos de ‘populistas’ o ‘descabelladas’. Ahora se ve que no era así. Nuestras enmiendas van en el mismo sentido que el contenido de la ILP que el PP aceptó tramitar a regañadientes y que IU apoyó y contribuyó a impulsar”.

Meyer insiste en que “el PP tiene en sus manos garantizar ahora la seguridad jurídica de quienes han perdido sus viviendas desde 1994 debido a que en los sucesivos mandatos bipartidistas miraron para otro lado a la hora de proteger a la ciudadanía hipotecada. Es hora de reformar en profundidad la obsoleta Ley Hipotecaria y la de Enjuiciamiento Civil para decretar la paralización universal de los desahucios y la retroactividad de la dación en pago. Es necesario revisar los desahucios ilegales producidos y restituir el daño producido a las familias”.

Amanda Meyer anima a los jueces a “aplicar de manera directa y urgente los contenidos que establece la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE para contribuir desde todas las instancias judiciales a la paralización de los desahucios en marcha”.

Constata también la “responsabilidad directa que PP y PSOE tienen a sus espaldas en los más de 400.000 desahucios contabilizados desde 2007, una inmensa parte de ellos gestionados judicialmente gracias a una legislación que se ha demostrado ahora ilegal y que no ha protegido a la ciudadanía hipotecada. Ha habido sucesivos gobiernos bipartidistas desde mediados de los 90 que podrían haber transpuesto la directiva europea de protección de los consumidores, pero no lo hicieron. Todos ellos apostaron por liberalizar el sistema financiero y dejaron que las entidades de
crédito vulnerarán derechos fundamentales de forma sistemática”.

Rajoy "agrava las condiciones de vida de los parados mayores de 55 años y los que están próximos a jubilarse en otra vuelta de tuerca del 'austericidio'


El secretario ejecutivo federal de Economía y Empleo, José Antonio García Rubio, denuncia que el Gobierno de Mariano Rajoy  “agrava las condiciones de vida de los parados mayores de 55 años y las personas próximas a la jubilación, en una nueva vuelta de tuerca del ‘austericidio’ sobre los sectores populares”.

García Rubio hace estas valoraciones tras conocer el contenido fundamental del Real Decreto-ley aprobado hoy en Consejo de Ministros e insiste en que “estamos frente a un nuevo ataque a las condiciones de vida de los más débiles, entre ellos los parados de más de 55 años y aquellos que por razones objetivas tenían posibilidades de
acceder a una jubilación anticipada o parcial”.

“El Ejecutivo del PP –asegura- ejecuta a rajatabla los dictados de la troika -Comisión Europea, BCE y FMI- para agudizar el recorte de las rentas salariales, sean directas o indirectas, como las prestaciones por desempleo o las pensiones”.

En opinión del responsable económico de IU, “asistimos también a cómo los máximos responsables económicos de Rajoy utilizan trucos para disfrazar el incremento del déficit, tal y como se ha podido comprobar con su repunte en el  mes de enero. Esto, unido a la incapacidad de Moncloa de controlar la deuda pública –que supera ya el 88% del PIB, según el Banco de España- trae como consecuencia que se recurra a un nuevo castigo sobre los sectores de población más débiles. Parados, empleados de más edad y pensionistas vuelven a pagar otra vez una crisis que ellos no han creado y las fracasadas medidas del PP para abordarla”.

García Rubio advierte de que “por si a alguien le quedaban dudas, el Gobierno sigue dando ejemplos de cuáles son sus prioridades, igual que hizo con las amnistías fiscales para defraudadores poderosos o las ingentes cantidades de dinero público destinadas a salvar a los bancos. Mucho nos tememos que el siguiente capítulo lo veremos con su  resistencia para cambiar la legislación hipotecaria a favor de los desahuciados, pese a la reciente sentencia europea que avala las
demandas de los movimientos sociales que IU lleva años apoyando”.

Para el dirigente federal de IU, “al Gobierno no le sirven ya ni el neolenguaje ni la manipulación mostrada hoy tras el Consejo de Ministros con sus explicaciones por la titular de Empleo y
Seguridad Social, Fátima Báñez. Ya no cuela para seguir protegiendo los beneficios de los grandes empresarios, para beneficiar hasta con grosería a los organizadores de planes de pensiones privadas o para garantizar a los defraudadores buenos beneficios financiero-fiscales”.

Afirma que “Izquierda Unida seguirá apostando por dar un giro radical y urgente a esta política económica, que aboca a más paro, más desprotección social y pensiones cada vez más difíciles”.

Alberto Garzón valora que la sentencia europea sobre los desahucios es una "victoria espectacular de la presión de los movimientos sociales" y que "la pelota está ahora en el lado del Gobierno"


El diputado y portavoz económico de IU en el Congreso, Alberto Garzón, ha mostrado su satisfacción por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea conocida hoy que considera contrarios a la legislación europea las medidas que regulan los procesos de desahucios en España. Para Garzón, este fallo judicial “da la razón a los movimientos sociales y supone una victoria espectacular de la presión que han realizado”.

“Está claro que ahora la pelota está totalmente en el lado del Gobierno –aseguró en declaraciones en los pasillos del Congreso-, que tiene que decidir qué va a hacer con la ley. Vamos a
ver hasta qué punto quiere avanzar”.

Garzón trasladó su confianza para que el Ejecutivo incorpore las recomendaciones expresadas de esta instancia judicial europea a la legislación española y que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), en fase de tramitación parlamentaria, pueda mantener en su plasmación legislativa “todo el núcleo de lo que contenía, especialmente en lo relacionado con la dación en pago de carácter retroactivo”.

El diputado de Izquierda Unida por Málaga valoró que esta importante sentencia demuestra que toda la defensa a ultranza hecha por el PP de su política de vivienda y en contra de las propuestas políticas y de los movimientos sociales a favor de parar los desahucios y aprobar medidas que favorezcan a los afectados por la ‘burbuja inmobiliaria’ es “anacrónica”. Reconoció, no obstante, que estamos sólo ante “un alivio y no la solución” definitiva, que sólo puede venir de una “ley justa” que salga del Congreso de los Diputados.

Alberto Garzón recordó en que desde el grupo parlamentario al que pertenece IU se ha “insistido continuamente en que esto iba a ocurrir” y que ahora “ahora vamos a ver cómo reacciona el Gobierno”.

IU exigirá al Gobierno en el Congreso que termine “la política de acoso y derribo contra la Junta”


Centella pide a Montoro que deje de presionar y colabore y que cumpla con la financiación autonómica.
El diputado de IU por Sevilla, José Luis Centella  ha explicado diversas iniciativas sobre cuestiones andaluzas que serán defendidas por IU en el Congreso de los Diputados. La de mayor relevancia es una PNL en la que se insta al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro a que rectifique en su política de “acoso y derribo contra el Gobierno andaluz”. Para Centella, “el Gobierno del PP está usando el déficit como un instrumento para torpedear las actuaciones del gobierno de la Junta de Andalucía”.
Por un lado, esta PNL exigirá al Gobierno que retire el bloqueo a la posibilidad de que la Junta de Andalucía imponga una tasa a la banca, lo que permitiría aumentar los ingresos de la administración autonómica, y por otro lado reclamará una reforma del sistema de financiación autonómica para que cumpla con lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía, frente al incumplimiento sistemático de la Disposición Adicional Tercera. Para Centella, el Gobierno debe dejar de presionar y facilitar el gobierno, señalando el trato desigual que supone que mientras el gobierno incumple el déficit se obliga a cumplir a las Comunidades autónomas lo que es un su opinión es inviable.
IU considera que la Defensora del Pueblo no tiene porque intervenir a favor de la financiación pública de la educación segregada
Por otro, Centella ha explicado que IU expresará su posición contraria al apoyo que viene dando la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril a las reclamaciones que piden que se mantenga la financiación pública de centros en los que se separa por sexos al alumnado en Andalucía, ante la presentación de su informe anual. “La Defensora del Pueblo está actuando como una disciplinada militante del sector más reaccionario del Partido Popular”, ha criticado Centella.
El diputado de IU considera que si se pretendiera prohibir la educación segregada, si sería oportuna la intervención de la Defensora del Pueblo, pero no en este caso en el que se trata de que deje de estar sostenida con fondos públicos. Para Centella este es un debate de “prioridades” y debe ser el Gobierno andaluz quien decida la distribución del gasto educativo, entendiendo que no es prioritario mantener la financiación de estos centros.
Para la aplicación inmediata de la sentencia de la UE sobre los desahucios
Otra iniciativa consiste en instar al Gobierno mediante una PNL para que la Fiscalía paralice los desahucios cuando se trate de cláusulas abusivas y de impagos motivados por la crisis. “Entre la acción de la Consejería de Vivienda de la Junta y esta sentencia se pueden parar el 80% de los desahucios que se dan en nuestra tierra”.
Contra el fracking
Por último IU llevará al Congreso una iniciativa contra el fracking, por ser un método “agresivo y contaminante” para la obtención de hidrocarburos en el subsuelo, que en la actualidad supone una “amenaza” para al menos las provincias de Cádiz, Huelva, Jaen y Sevilla.

jueves, 14 de marzo de 2013

IV JORNADAS DE POLÍTICAS DE MUJER IUCA JAÉN


El pasado domingo 10 de marzo se celebraron en el Albergue Juvenil de Jaén Inturjoven las IV Jornadas Provinciales  de Políticas de Mujer, con gran éxito de participación. En torno al lema de “Feminismo es igualdad. ¿Qué hacemos las mujeres frente a la crisis?” se trató fundamentalmente de radiografiar la realidad de las mujeres de Jaén, de conocer sus demandas, de evidenciar sus necesidades y preocupaciones. Para ello se programó una mesa redonda en la que se contó con la participación de mujeres procedentes de distintos ámbitos y de diversos puntos de la geografía provincial, todas ellas con un denominador común: su intención de no permanecer pasivas ante la dura realidad de los recortes que estamos viviendo y su actitud organizativa, participativa y transformadora, asumiendo que son las propias mujeres las que tenemos que tomar la iniciativa en la resolución de nuestros problemas. Estas participantes en la mesa redonda fueron Claudia Olivares, coordinadora provincial de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca PAH; Marisol Gutiérrez, adjunta a la oficina de la Vicepresidencia de la Junta de Andalucía; Sacramento Marcos, presidenta de la Asociación de vecinos “El Monte” de Martos; Genara Pulido, profesora de la Facultad de Humanidades de la Universidad Jaén; Josefa Palomares, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres “Ser Mujer” de Rus y Dolores Prieto, concejala de IU en el Ayuntamiento de Mures. La mesa estuvo moderada por la Coordinadora Provincial del Área de Mujer de IU, Juana De Dios Peragón quien, en la presentación de las jornadas, hizo especial hincapié en la idea de que las políticas de mujer deben centrar ahora sus esfuerzos en lograr que la igualdad teórica y formal que ya hemos alcanzado en nuestra sociedad, y que está ampliamente aceptada por la mayoría de la población, llegue a convertirse en una igualdad operativa a nivel real, puesto que es obvio que existe un desfase entre el discurso teórico de la igualdad y la cotidianeidad de la mayoría de las mujeres, discriminadas laboralmente, socialmente e incluso afectivamente como se empeñan en demostrarnos mes a mes las cifras de cualquier estadística: la de víctimas de violencia machista, lacra que no cesa, las de paro femenino, más de un 30% mayor que el masculino, la de horas dedicadas a labores reproductivas en el hogar (más de dos horas diarias más para mujeres que para hombres), etc.
En las Jornadas se contó también con la participación de la Consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés quien en su ponencia planteó estrategias de actuación para las mujeres, desde el ámbito institucional y a pie de calle. En este sentido, Cortés puso de manifiesto la necesidad de la visibilización de las mujeres y de nuestras demandas y de la confrontación con las políticas conservadoras y el pseudo feminismo que practican otros partidos políticos y organizaciones conservadoras, como el mejor camino para revertir la actual situación de retroceso en los derechos de la mujer.
Las Jornadas concluyeron con un emotivo homenaje a mujeres veteranas de IU Y PCA, conducido por Selina Robles, Secretaria andaluza de Mujer del PCA, en el que se agradeció su entereza, su resistencia y su capacidad de valentía y de rebeldía, que vuelven a ser el mejor ejemplo de la actitud a seguir para las mujeres jóvenes en estos tiempos difíciles de crisis.