El coordinador federal de IU, Cayo Lara, y el secretario ejecutivo de Convergencia Social, Enrique Santiago, adelantan en rueda de prensa los objetivos del escrito que se dirigirá a la Audiencia Nacional
Izquierda Unida presentará esta semana una querella criminal en la Audiencia Nacional como acusación popular contra los ex tesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, además de contra los que fueran responsables de Organización, Finanzas y asesoría legal Ángel Acebes, Rodrigo Rato y Federico Trillo, por las supuestas comisiones irregulares recibidas por el partido y el presunto pago de cantidades también irregulares a determinados miembros del mismo entre los años 2003 y 2008.
Tal y como anunciaron hoy en rueda de prensa el coordinador federal de IU, Cayo Lara, junto al abogado y secretario ejecutivo de Convergencia Político-Social, Enrique Santiago, la querella irá dirigida también contra los directivos de ocho empresas que habrían realizado presuntamente estos pagos, además de al ex secretario de Organización del PP de Galicia, Pablo Crespo, así como contra Adolfo Sánchez, identidad que podría responder a un “nombre codificado” o un alias. Todos ellos aparecen reflejados en los papeles de la contabilidad ‘B’ atribuidos a Bárcenas que presuntamente reflejan las donaciones y pagos en ‘dinero negro’ que afectan al PP.
La decisión de presentar esta querella se adoptó ayer en la reunión de la Presidencia Ejecutiva Federal de IU y la misma se presentará conjuntamente con la plataforma Justicia y Sociedad, la Asociación Libre de Abogados (ALA), Ecologistas en Acción, a los que pueden sumarse otras asociaciones y grupos con las que se está en conversaciones en este momento.
Tal y como explicó Santiago la querella detallará la “probable y posible” comisión de los delitos de alteración de precios de concursos y subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la Hacienda pública, fraude y exacciones ilegales, encubrimiento, falsedad y apropiación indebida de fondos electorales, así como asociación ilícita.
El dirigente de Izquierda Unida detalló también que la acusación comienza en el año 2003, dado que los servicios jurídicos de IU entienden que los delitos referidos a años anteriores podrían estar ya prescritos. Los hechos abarcan desde 1990 e incluyen supuestos pagos de empresas privadas al PP que sobrepasarían los seis millones de euros, así como el abono de cantidades irregulares a dirigentes de esta formación por una cantidad similar.
Lara, por su parte, ha recordado que Rato, Acebes y Trillo, además de sus altos cargos de dirección en el PP, fueron ministros cuando se produjeron algunos de esos presuntos pagos y, por tanto, existía la “incompatibilidad de recibir recursos” que no fueran los derivados de su labor en el Gobierno.
Los directivos mencionados en la querella son el presidente del Grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez; Manuel Contreras Caro, presidente de Azvy; Juan Manuel Villar Mir, ex presidente de OHL; Luis del Rivero, ex presidente Sacyr Vallehermoso; Alfonso García Pozuelo, de Constructora Hispánica; Juan Manuel Fernández, de Aldesa; José Mayor Oreja, de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), y Antonio Vilella, de Construcciones Rubau.
Cayo Lara indicó en su explicación que estas empresas podrían haber incurrido en competencia desleal, ya que habrían podido lograr la adjudicación de obras o servicios públicos vinculados a estas donaciones al PP, que hasta 2004 estuvo en el Gobierno. La querella busca también comparar la proximidad de las fechas en que se habrían producido estas donaciones con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la adjudicación de contratos a las mencionadas compañías.
Lara señaló también que la justicia debe dirimir si el PP pudo incurrir en competencia ilícita electoral al haber podido utilizar presuntamente fondos ilícitos en alguna campaña electoral.
La querella se dirige contra personas físicas pero IU contempla la posibilidad de que el PP tenga responsabilidad como persona jurídica, aunque eso debe verse durante la tramitación judicial. Además, deja en manos de la Audiencia Nacional la posibilidad de incorporar su querella a la investigación del ‘caso Gürtel’, en manos del juez Pablo Ruz, o hacerlo de forma independiente.
Enrique Santiago calificó la querella de “prudente”, en relación a las personas a las que va dirigida inicialmente, y explicó que desde IU no se excluye la posibilidad de que puedan ampliarse las acusaciones durante la investigación. Detalló que se ha tenido muy en cuenta que en el PP habrían fallado quienes “debían haber vigilado” que no se dieran actuaciones irregulares con las cuentas de la formación.
Cayo Lara apostilló que el escrito que se prepara demuestra que “no somos todos iguales; unos estamos denunciando y otros están amparando”, además de tachar de “incomprensible” que el PP aún no se haya querella contra Bárcenas.
Izquierda Unida presentará esta semana una querella criminal en la Audiencia Nacional como acusación popular contra los ex tesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, además de contra los que fueran responsables de Organización, Finanzas y asesoría legal Ángel Acebes, Rodrigo Rato y Federico Trillo, por las supuestas comisiones irregulares recibidas por el partido y el presunto pago de cantidades también irregulares a determinados miembros del mismo entre los años 2003 y 2008.
Tal y como anunciaron hoy en rueda de prensa el coordinador federal de IU, Cayo Lara, junto al abogado y secretario ejecutivo de Convergencia Político-Social, Enrique Santiago, la querella irá dirigida también contra los directivos de ocho empresas que habrían realizado presuntamente estos pagos, además de al ex secretario de Organización del PP de Galicia, Pablo Crespo, así como contra Adolfo Sánchez, identidad que podría responder a un “nombre codificado” o un alias. Todos ellos aparecen reflejados en los papeles de la contabilidad ‘B’ atribuidos a Bárcenas que presuntamente reflejan las donaciones y pagos en ‘dinero negro’ que afectan al PP.
La decisión de presentar esta querella se adoptó ayer en la reunión de la Presidencia Ejecutiva Federal de IU y la misma se presentará conjuntamente con la plataforma Justicia y Sociedad, la Asociación Libre de Abogados (ALA), Ecologistas en Acción, a los que pueden sumarse otras asociaciones y grupos con las que se está en conversaciones en este momento.
Tal y como explicó Santiago la querella detallará la “probable y posible” comisión de los delitos de alteración de precios de concursos y subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la Hacienda pública, fraude y exacciones ilegales, encubrimiento, falsedad y apropiación indebida de fondos electorales, así como asociación ilícita.
El dirigente de Izquierda Unida detalló también que la acusación comienza en el año 2003, dado que los servicios jurídicos de IU entienden que los delitos referidos a años anteriores podrían estar ya prescritos. Los hechos abarcan desde 1990 e incluyen supuestos pagos de empresas privadas al PP que sobrepasarían los seis millones de euros, así como el abono de cantidades irregulares a dirigentes de esta formación por una cantidad similar.
Lara, por su parte, ha recordado que Rato, Acebes y Trillo, además de sus altos cargos de dirección en el PP, fueron ministros cuando se produjeron algunos de esos presuntos pagos y, por tanto, existía la “incompatibilidad de recibir recursos” que no fueran los derivados de su labor en el Gobierno.
Los directivos mencionados en la querella son el presidente del Grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez; Manuel Contreras Caro, presidente de Azvy; Juan Manuel Villar Mir, ex presidente de OHL; Luis del Rivero, ex presidente Sacyr Vallehermoso; Alfonso García Pozuelo, de Constructora Hispánica; Juan Manuel Fernández, de Aldesa; José Mayor Oreja, de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), y Antonio Vilella, de Construcciones Rubau.
Cayo Lara indicó en su explicación que estas empresas podrían haber incurrido en competencia desleal, ya que habrían podido lograr la adjudicación de obras o servicios públicos vinculados a estas donaciones al PP, que hasta 2004 estuvo en el Gobierno. La querella busca también comparar la proximidad de las fechas en que se habrían producido estas donaciones con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la adjudicación de contratos a las mencionadas compañías.
Lara señaló también que la justicia debe dirimir si el PP pudo incurrir en competencia ilícita electoral al haber podido utilizar presuntamente fondos ilícitos en alguna campaña electoral.
La querella se dirige contra personas físicas pero IU contempla la posibilidad de que el PP tenga responsabilidad como persona jurídica, aunque eso debe verse durante la tramitación judicial. Además, deja en manos de la Audiencia Nacional la posibilidad de incorporar su querella a la investigación del ‘caso Gürtel’, en manos del juez Pablo Ruz, o hacerlo de forma independiente.
Enrique Santiago calificó la querella de “prudente”, en relación a las personas a las que va dirigida inicialmente, y explicó que desde IU no se excluye la posibilidad de que puedan ampliarse las acusaciones durante la investigación. Detalló que se ha tenido muy en cuenta que en el PP habrían fallado quienes “debían haber vigilado” que no se dieran actuaciones irregulares con las cuentas de la formación.
Cayo Lara apostilló que el escrito que se prepara demuestra que “no somos todos iguales; unos estamos denunciando y otros están amparando”, además de tachar de “incomprensible” que el PP aún no se haya querella contra Bárcenas.
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