El Ejecutivo de Mariano Rajoy responde así a las preguntas planteadas por los diputados Ricardo Sixto y Gaspar Llamazares en relación a qué medidas pensaba adoptar para que los notarios y registradores de la propiedad “devuelvan de inmediato a sus clientes todos los aranceles cobrados en demasía por cancelación de hipotecas, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo?”
El Gobierno ha confirmado a Izquierda Unida que instará a notarios y registradores de la propiedad a que devuelvan “el importe de lo cobrado indebidamente” en los últimos años a cientos de miles de clientes que, como es preceptivo, recurrieron a ellos para cancelar formalmente sus hipotecas. De esta forma el Ejecutivo confirma por primera vez que da cumplimiento a una sentencia del Tribunal Supremo de finales del año pasado que establecía la existencia de cobros excesivos de honorarios registrales en las cancelaciones de hipotecas.
Izquierda Unida preguntó doblemente al Ejecutivo de Mariano Rajoy por escrito en noviembre de 2012 por esta cuestión a través de sendas iniciativas firmadas por los diputados Ricardo Sixto y Gaspar Llamazares. Tal y como señalaban las preguntas de IU, y recoge también literalmente la respuesta del Gobierno, el fallo del Supremo “desestima las pretensiones de notarios y registradores” y “a consecuencia de esta sentencia la Fiscalía del Supremo obliga a la Dirección General de Registros y del Notariado (DGRN) a dirigirse a notarios y registradores para exigirles que devuelvan más de 400 millones cobrados de más a cientos de miles de clientes que cancelaron sus hipotecas”.
El Gobierno detalla en concreto que, a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado, “instará al Consejo General del Notariado y al Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España la aplicación de medidas concretas para dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Supremo 6557/2012 y 6377/2012”.
Previamente, la respuesta del Gobierno describe también a IU que “la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el ámbito de sus competencias, ya ha resuelto numerosos recursos de alzada en los que tanto personas físicas como jurídicas impugnaban determinados conceptos de las minutas de honorarios o su cuantía, emitidas por notarios y registradores de la propiedad y mercantiles”.
“En todos aquellos recursos que versan sobre cancelaciones hipotecarias –prosigue la contestación escrita del Gobierno-, las resoluciones de la DGRN estimaron la pretensión de los recurrentes y se impuso al notario o al registrador afectados la obligación de devolver al interesado el importe de lo cobrado indebidamente”.
En sus preguntas, Sixto y Llamazares reclamaban directamente al Ejecutivo del PP que explicara “¿Qué medidas piensa adoptar para que los notarios y registradores de la propiedad devuelvan de inmediato a sus clientes todos los aranceles cobrados en demasía por cancelación de hipotecas, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo?”
Los diputados de Izquierda Unida preguntaban también por “¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para que la sentencia se aplique, también en el futuro, a todo tipo de cancelación de hipotecas sin excepción alguna?”
El Gobierno ha confirmado a Izquierda Unida que instará a notarios y registradores de la propiedad a que devuelvan “el importe de lo cobrado indebidamente” en los últimos años a cientos de miles de clientes que, como es preceptivo, recurrieron a ellos para cancelar formalmente sus hipotecas. De esta forma el Ejecutivo confirma por primera vez que da cumplimiento a una sentencia del Tribunal Supremo de finales del año pasado que establecía la existencia de cobros excesivos de honorarios registrales en las cancelaciones de hipotecas.
Izquierda Unida preguntó doblemente al Ejecutivo de Mariano Rajoy por escrito en noviembre de 2012 por esta cuestión a través de sendas iniciativas firmadas por los diputados Ricardo Sixto y Gaspar Llamazares. Tal y como señalaban las preguntas de IU, y recoge también literalmente la respuesta del Gobierno, el fallo del Supremo “desestima las pretensiones de notarios y registradores” y “a consecuencia de esta sentencia la Fiscalía del Supremo obliga a la Dirección General de Registros y del Notariado (DGRN) a dirigirse a notarios y registradores para exigirles que devuelvan más de 400 millones cobrados de más a cientos de miles de clientes que cancelaron sus hipotecas”.
El Gobierno detalla en concreto que, a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado, “instará al Consejo General del Notariado y al Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España la aplicación de medidas concretas para dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Supremo 6557/2012 y 6377/2012”.
Previamente, la respuesta del Gobierno describe también a IU que “la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el ámbito de sus competencias, ya ha resuelto numerosos recursos de alzada en los que tanto personas físicas como jurídicas impugnaban determinados conceptos de las minutas de honorarios o su cuantía, emitidas por notarios y registradores de la propiedad y mercantiles”.
“En todos aquellos recursos que versan sobre cancelaciones hipotecarias –prosigue la contestación escrita del Gobierno-, las resoluciones de la DGRN estimaron la pretensión de los recurrentes y se impuso al notario o al registrador afectados la obligación de devolver al interesado el importe de lo cobrado indebidamente”.
En sus preguntas, Sixto y Llamazares reclamaban directamente al Ejecutivo del PP que explicara “¿Qué medidas piensa adoptar para que los notarios y registradores de la propiedad devuelvan de inmediato a sus clientes todos los aranceles cobrados en demasía por cancelación de hipotecas, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo?”
Los diputados de Izquierda Unida preguntaban también por “¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para que la sentencia se aplique, también en el futuro, a todo tipo de cancelación de hipotecas sin excepción alguna?”
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