El coordinador provincial de IU, Luis Segura, ha manifestado hoy que a los trabajadores procedentes de Santana y Parque de Proveedores, de los grupos B y C, les asiste la razón y llevan a cabo una lucha justa para que se cumpla el acuerdo adoptado en 2011 con la Junta de Andalucía. Al igual que los trabajadores del grupo A, también éstos tienen que ver cumplido el acuerdo con la Junta de Andalucía en lo que se llamó “Plan Linares Futuro”.
Luis Segura recuerda que en el texto del Acuerdo Marco del citado Plan Linares Futuro se contempla, con claridad, el régimen de indemnizaciones y la posibilidad de recolocaciones de los trabajadores del Grupo B y C, y que nunca es admisible el incumplimiento de un acuerdo, máxime cuando estamos ante una situación de sufrimiento de estos compañeros que de ninguna manera deben renunciar a sus derechos pactados.
Por otra parte, el Acuerdo Marco contempla también la realización de cursos formativos y retribuidos para trabajadores del Parque de Proveedores, que tampoco se ha cumplido, así como indemnizaciones finales para este colectivo denominado Grupo C.
Para IU, la Junta de Andalucía, al igual que ha afrontado finalmente la solución de los prejubilados de 2011 (Grupo A) y ha restituido el complemento pactado de los prejubilados de 2001, debe cumplir también sus compromisos con estos trabajadores. IU trasladará al Gobierno de la Junta de Andalucía y al Parlamento este problema y no contemplará otra solución que no sea el cumplimiento del citado Acuerdo Marco.
Por otra parte, el coordinador provincial de la federación de izquierdas considera que, cuando se firmó el Plan Linares Futuro, en lo referente a los nuevos proyectos industriales, Izquierda Unida valoró dicho Plan como inconcreto e insuficiente, por lo que IU está trabajando y trasladará a la Junta de Andalucía la necesidad de que se elabore y se apruebe un Plan de Reindustrialización de Linares y la Comarca, mucho más ambicioso y con perspectiva para afrontar en los próximos años el desmantelamiento industrial de esta zona. En dicho Plan deben participar los Ayuntamientos, la Junta de Andalucía el Gobierno Central y la iniciativa privada.
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