Durante el debate en el Pleno donde el Grupo Popular ha rechazado todas las enmiendas de IU el diputado y portavoz en materia de Justicia recuerda que mientras en la UE se considera fraude a partir de 50.000 euros, en España el PP lo establece a partir de 120.000
Intervención íntegra de Gaspar Llamazares durante su turno de réplica al ministro de Justicia en el Congreso
"Señor presidente, señorías, esta es una cámara parlamentaria, no es una cámara cerrada y, por tanto, lo que ocurre en la sociedad también tiene que tener su reflejo en el Parlamento. Ayer hubo en este país una huelga general que, en mi opinión y en opinión de mi grupo, ha cumplido con sus objetivos. En primer lugar, porque ha denunciado una situación insostenible, la de los ciudadanos ante las políticas de austeridad. En segundo lugar, porque ha denunciado la mentira, porque tras la austeridad está la ‘ley del embudo’: lo ancho para unos pocos y lo estrecho, lo difícil y lo trágico para la inmensa mayoría de los ciudadanos. En tercer lugar, porque ha demostrado que no les tenemos miedo; ha demostrado que a pesar de la represión indiscriminada, a pesar de la actitud de no oír, de no ver, de no escuchar los ciudadanos no tienen miedo al Gobierno, no tienen miedo a la troika y por tanto están dispuestos a seguir movilizándose. Pero, por último, ha demostrado, señorías, en el aniversario del ‘Prestige’, que ustedes pierden credibilidad a chorros; no la pierden como hilillos, la pierden a borbotones. Cuanto antes lo sepan, mejor. Pierden credibilidad y pierden legitimidad democrática a borbotones.
Señorías, la iniciativa que hoy discutimos se podría denominar la ‘Ley Falciani’ o la ‘Ley Baxevanis’; podría ser lo mismo. Es la ley por la cual se habla de transparencia, de lucha contra el fraude pero luego los únicos que acaban en la cárcel son aquellos que denuncian el fraude y la falta de transparencia. Es decir, esta ley es un esperpento; un esperpento en los términos de Valle-Inclán de la realidad deformada en los espejos cóncavos y convexos de la calle del Gato.
Señorías, nada de transparencia en esta ley; nada de información a los ciudadanos, como dice su título; nada tampoco, o muy poco, de lucha contra el fraude. ¿Qué es en definitiva esta ley? Esta ley fundamentalmente es su disposición adicional única; la disposición adicional única de la inmunidad, de la impunidad del defraudador. La materia fundamental de esta ley no es la lucha contra el fraude, sino la legitimación del fraude con la amnistía fiscal del Gobierno y las políticas de indultos del Gobierno a aquellos que vulneran la ley en materia de fraude fiscal. Esa es la cuestión fundamental de la ley. Y luego, como en las películas que todos conocemos, hay lo que se denomina en alguno de esos autores el macguffin. ¿Cuál es el macguffin? En las películas británicas decían que era la escopeta de cazar leones en las Highlands. Todos ustedes saben que en las Highlands de Escocia no hay leones. Pues el macguffin de esta ley es la enmienda que se ha incorporado, que pretende la criminalización de los partidos y de los sindicatos. No sé, señorías, si además de la deriva policial y penal ahora también la deriva va a ser ilegalizar partidos y sindicatos que convoquen huelgas generales. En todo caso, creo que es un macguffin y por tanto no le voy a dedicar una parte importante de mi intervención.
La intervención de mi grupo tiene que ver fundamentalmente con la lucha contra el fraude, con la lucha contra una de las lacras más importantes de la sociedad española, una lacra que también ha contaminado directamente a la legitimidad de la política. Pues bien, señorías, ustedes en vez de abordar una política seria contra la corrupción y contra el fraude, pactada con las organizaciones políticas y las organizaciones sociales como una política de saneamiento de la vida pública, hacen únicamente una ley de publicidad engañosa, una ley de propaganda, porque, señorías, es que ni siquiera llegan ustedes a los estándares europeos. En Europa se considera penal el fraude a las haciendas europeas a partir de 50.000 euros y ustedes consideran que esta es una cantidad muy pequeña, que es necesario para que haya realmente reproche penal que la cantidad se multiplique por dos y medio y si no, por tres. Es decir, ustedes en su ley consideran fraude con reproche penal a partir de 120.000 euros, y eso que el resto de los grupos parlamentarios les hemos alertado sobre esa contradicción: intentan incorporar una directiva europea, la incorporan para lo que tiene que ver con las haciendas europeas, no lo hacen para lo que tiene que ver con otro tipo de fraudes.
Resulta, por tanto, una medida en nuestra opinión inequitativa, una medida que no persigue realmente el fraude fiscal o que considera un fraude a las instituciones europeas con más reproche penal que un fraude fiscal en la sociedad española. Y, sin embargo, el fraude fiscal en la sociedad española es lo que provoca mayor alarma social y mayor quebranto a las haciendas públicas: en estos momentos, 80.000 millones de euros anuales de fraude fiscal en nuestro país, uno de los países con más fraude de la Unión Europea; en estos momentos en nuestro país una economía sumergida que duplica a la economía sumergida de nuestro entorno; en estos momentos también una persecución del fraude que a partir sobre todo de la política de este Gobierno se va diluyendo, por ejemplo, mediante la amnistía fiscal, como he dicho antes, o mediante indultos, que rebajan el reproche penal en el fraude fiscal.
Señorías, este es un tema de la mayor importancia en nuestro país y nosotros creemos que se pierde la oportunidad de abordarlo en una ley que se denomina de lucha contra el fraude fiscal, que se denomina ley de transparencia, pero que no tiene nada que ver con eso, es una ley de opacidad y es una ley de amnistía del fraude fiscal. Pero, además de esta manga ancha con el fraude fiscal en nuestro país en relación, por ejemplo, con la persecución del fraude a las haciendas públicas de la Unión Europea, el Gobierno muestra una actitud clasista y criminalizadora del fraude a las prestaciones de la Seguridad Social.
Si el reproche al fraude fiscal, como he dicho antes, es un reproche de manga ancha, el reproche al fraude a las prestaciones de la Seguridad Social, cuya cantidad no será ni el 1% del conjunto del fraude fiscal, el reproche penal a ese fraude que en todo caso es reprochable, en nuestra opinión es una desproporción de enormes consecuencias; una desproporción porque donde ya hay un reproche administrativo muy importante introduce un reproche penal desproporcionado y además porque en otras materias donde hay dolo y donde debe haber una cantidad mínima, en el caso del fraude a las prestaciones de la Seguridad Social ni dolo ni cantidad mínima.
Si alguien hace una chapuza percibiendo los 400 euros, a partir de esta ley puede acabar entre rejas. Esa es la verdad de esta ley. No acaba entre rejas el que defrauda 118.000 euros a la Hacienda española y, sin embargo, acaba entre rejas quien compatibiliza una prestación social con una chapuza en todo caso reprochable, reprochable en términos administrativos, pero el Código Penal, señorías, está para otras cosas. El Código Penal es una última ratio de la democracia; el Código Penal no está para hacer publicidad, ni para hacer propaganda del ministerio; el Código Penal no es populismo penal. El Código Penal, en nuestra opinión, es una cosa muy seria y el Gobierno en esta iniciativa no se lo ha tomado en serio.
Por tanto, es natural que cada uno de los grupos parlamentarios que ha intervenido y que va a intervenir en este debate haga menos referencia a la materia del fraude porque, realmente, en la lucha contra el fraude no hay ni siquiera un punto y seguido en esta medida, y sí haga referencia a otras medidas creativas del Gobierno en esta ley, que se convierte -como he dicho antes- en un cajón de sastre, donde entra la penalización a los partidos políticos y también entra, en una disposición adicional, la impunidad de los defraudadores ante la amnistía fiscal.
Por esta razón nuestro grupo parlamentario mantiene todas y cada una de sus enmiendas y, por esta razón, nuestro grupo parlamentario está en profundo desacuerdo con este proyecto de ley, una nueva reforma del Código Penal que va a introducir más inseguridad jurídica en este país y que va a dificultar a los operadores la utilización del Código Penal y que es una nueva medida que va a favorecer el fraude fiscal en vez de luchar contra él. Muchas gracias."
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