LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA, INSUMISA FRENTE A LOS DESAHUCIOS



Elena Cortes IU  Consejera de Obras Públicas y Vivienda



No es cierto que todas las administraciones hayan estado de brazos cruzados hasta ahora ante los desahucios. La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía no sólo está preocupada por los desahucios ahora, sino también ocupada aplicando medidas desde la llegada de su nuevo equipo directivo.

Desde la llegada del nuevo equipo a la Consejería fijó como principal prioridad la lucha contra los desahucios, contribuyendo junto a los movimientos sociales a situar este drama en el centro del debate político y social y adoptando medidas útiles y concretas.

La Consejería ha actuado bajo el convencimiento de que el poder público está en la obligación de combatir con todas las armas a su alcance el drama de los desahucios para ofrecer una respuesta a las víctimas de la crisis y para dignificar la propia actividad política.

Por ello, la Consejería se declara insumisa ante los desahucios y actúa en consecuencia.

Es inaceptable que la banca, al tiempo que está siendo rescatada con cantidades millonarias de dinero público, continúe desahuciando masivamente a ciudadanos desempleados y víctimas de una crisis que no han provocado.

La Consejería, en el marco de una forma de hacer política marcada por la transparencia y la participación, abrió en mayo una ronda de contactos con instituciones como el Defensor del Pueblo Andaluz, asociaciones de consumidores y colectivos en lucha por el derecho a la vivienda como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Stop Desahucios, al objeto de obtener un diagnóstico preciso el problema y diseñar las herramientas adecuadas para combatirlo.

La primera medida que adoptó la Consejería fue la paralización, en junio, de todos los desahucios en el parque público de vivienda de la Junta de Andalucía en casos de endeudamiento sobrevenido a causa de la pérdida de empleo, con especial atención a los hogares con menores y dependientes. (Esta medida no excluye una defensa de la función social de las viviendas del parque público, que la Consejería no permite que sean utilizadas de forma fraudulenta, procediendo cuando se da el caso a su recuperación).

Tras completar un minucioso proceso de análisis y diagnóstico, la Consejería activó el PROGRAMA ANDALUZ EN DEFENSA DE LA VIVIENDA, con la apertura el 8 de octubre de ocho oficinas atendidas por funcionarios, una en cada provincia, que ofrecen prevención, intermediación y protección a las personas en riesgo de ser desahuciadas o que ya lo han sido.

Miles de familias en Andalucía están siendo víctimas de la crisis y están siendo despojadas de su vivienda por el endeudamiento sobrevenido tras el estallido de la burbuja financiera e inmobiliaria, lo que está provocando una situación de emergencia social. Las administraciones públicas no pueden permanecer impasibles ante este drama social, por ello la Consejería puso en marcha el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, una iniciativa pionera que supone la apertura de oficinas en las ocho provincias andaluzas desde las que se presta un servicio público y gratuito de prevención e intermediación encaminado a evitar los desahucios y, en caso de que se produzcan, a ofrecer soluciones tangibles a las familias afectadas por este problema. Estas oficinas están plenamente operativas en todas las provincias desde el 8 de octubre.

La iniciativa es especialmente novedosa por la ruptura de la neutralidad que supone, ya que la Junta se sitúa desde el principio del proceso junto a la víctima, adoptando lo que en términos jurídicos se conoce como principio pro consumatore. Entre las entidades financieras y las víctimas de los desahucios existe un abismo de estatus y de privilegios que hacen que la Consejería se ponga desde el inicio del proceso de parte de la víctima y frente a la entidad financiera.

El apoyo que prestan se centra en tres áreas fundamentales, que son la prevención, la mediación y la protección de las víctimas de los desahucios.

1) En la fase de prevención, la Consejería se centra en tareas de información y asesoramiento a los ciudadanos que se encuentran en la situación previa a la contratación de una hipoteca, en colaboración con la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, a través de la Dirección General de Consumo. Se trata de nuevo de asesoramiento no neutral, ya que la Consejería va a alentar en lo posible otros modelos de tenencia distintos a la hipoteca para toda la vida, como es el alquiler.

2) Las funciones de intermediación se ejercen ante las entidades financieras, acompañando a las familias que así lo soliciten y que sufran endeudamiento sobrevenido a partir de la pérdida de su empleo, asesorándolas y garantizando las mejores condiciones posibles para la liquidación de la deuda contraída. El equipo de profesionales de la Junta prestará un triple servicio, basado en el estudio particular de la capacidad económica de cada familia, la mediación frente a la entidad financiera correspondiente, articulada a través de convenio, y la atención social, en caso de que sea necesaria. Los convenios que ofrecemos a las entidades financieras suponen para las personas en riesgo de perder su vivienda distintas posibilidades, entre ellas la dación en pago, el mantenimiento de la casa en alquiler o la ampliación del plazo de amortización o de carencia.

3) La oficina busca también la protección de las familias víctimas de los desalojos con la finalidad última de aportar una solución concreta a aquellas que, tras la pérdida de su vivienda habitual, se encuentran o pueden encontrarse en riesgo de exclusión social.

La voluntad de la Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda es paralizar todos los desahucios y que Andalucía sea una comunidad libre de desahucios, por ser el de la vivienda un derecho humano que está siendo conculcado sistemáticamente.

La paralización de los desahucios no debe ser una medida tomada por caridad, sino por justicia y para garantizar el ejercicio del derecho constitucional a la vivienda. La vivienda es un derecho humano que está siendo conculcado sistemáticamente. Eso debe terminar ya.

Si la voluntad de enmienda de las entidades financieras es cierta, en Andalucía tienen una oportunidad inmejorable de demostrarlo firmando los convenios que les ofrece la Consejería, y que suponen para las personas en riesgo de perder su vivienda distintas posibilidades, entre ellas la dación en pago, el mantenimiento de la casa en alquiler o la ampliación del plazo de amortización o de carencia.

El Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda está abierto a la participación de ayuntamientos, diputaciones, entidades financieras, colegios profesionales y movimientos sociales. En este sentido, la Consejería ya establecido contactos con todos ellos para aglutinar y sumar fuerzas ante un problema que debe ser combatido desde todos los frentes.

El Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda se suma al conjunto de iniciativas que desde el principio de esta legislatura ha puesto en marcha la Junta, entre las que están la paralización de los desahucios en las viviendas de parque público andaluz o la reclamación a los bancos a que entreguen al registro municipal de demandantes las viviendas protegidas embargadas para que sean reasignadas bajo criterios sociales. A esto se añade el apoyo dado a la iniciativa legislativa popular que pretende que el Congreso apruebe la dación en pago que paralice los desahucios y promueva el alquiler social.

Estas medidas se complementan con apuestas concretas de la Consejería por el alquiler, la rehabilitación y la autoconstrucción, políticas a su vez garantes del ejercicio del derecho a la vivienda.