(En la foto, los diputados José Luis Centella y Joan Joscubiela junto al portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso)
La medida fue anunciada tras la reunión de hoy entre delegaciones de ambos grupos parlamentarios, un encuentro del que el portavoz, José Luis Centella, destacó que “no hemos entrado en negociaciones directas porque entendemos que no era el momento. Eso llegará durante el trámite parlamentario en el que vamos a participar muy activamente”
El Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA consiguió hoy arrancar el compromiso del Grupo Popular para que las asociaciones y colectivos de afectados por los desahucios y las ejecuciones hipotecarias, además de las entidades bancarias implicadas, sean escuchados en sede parlamentaria y puedan participar en la tramitación del proyecto de ley contra los desahucios que se tramita actualmente en el Congreso.
Esta posibilidad fue uno de los avances alcanzados tras la reunión de cerca de una hora mantenida esta mañana por una delegación de IU, ICV-EUiA, CHA –compuesta por su portavoz, José Luis Centella, el portavoz adjunto, Joan Coscubiela, y la diputada de IU y portavoz en la Comisión de Fomento, Ascensión de las Heras- con una delegación del Grupo Popular encabezada por su portavoz, Alfonso Alonso.
Centella señaló en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces su “satisfacción” por este compromiso del PP para que “se pueda oír a los representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)” y otras asociaciones que “son los que mejor conocen esta realidad. Son los que mejor saben qué hay que hacer para salir del pozo en que, desgraciadamente, muchas personas han sido colocadas por los bancos. Se han ganado a pulso su condición de interlocutores sociales”.
En contra de valoraciones más optimistas expresadas por Alonso, el diputado de Izquierda Unida descartó que en la reunión de esta mañana se negociaran puntos concretos sobre la postura de su grupo al cuando se empiece a tramitar el proyecto de ley ni mucho menos sobre las enmiendas parciales que se vayan a presentar durante el proceso parlamentario. IU, ICV-EUiA, CHA ya votó la semana pasada en contra de la convalidación del decreto ley elaborado por el Gobierno del PP sobre esta materia y sí votó favorablemente para su tramitación como proyecto de ley, precisamente para tener la libertad para registrar múltiples enmiendas que mejoren sustancialmente las graves carencias del texto original.
“Hoy no hemos entrado en negociaciones directas –explicó Centella a los medios- porque entendemos que no era el momento. Eso llegará durante el trámite parlamentario en el que vamos a participar muy activamente”. Ya está anunciado con anterioridad, y también es conocido por el PP y el Gobierno, que IU, ICV-EUiA, CHA presentará, antes de las enmiendas parciales, una enmienda de totalidad con texto alternativo al proyecto de ley.
Detalló que “presentaremos propuestas y trataremos de influir en la ley, pero en lo que se refiere al acuerdo marco ponemos como referencia la iniciativa legislativa popular (ILP) que los afectados están desarrollando”.
En concreto, Izquierda Unida lleva varias semanas explicando que sus ‘líneas rojas’ para mejorar el texto del proyecto de ley contra los desahucios pasan por la paralización de todos los embargos de la residencia habitual, la retroactividad de la dación en pago para aquellas familias que habiendo perdido ya su residencia mantengan deudas con la entidad que les embargó, la ampliación del Fondo Social de viviendas embargadas ofertado por el Gobierno a aquellas que se han quedado las entidades bancarias tras el pinchazo de la ‘burbuja inmobiliaria’ y que puedan ser traspasadas al denominado ‘banco malo’ y la conversión de las hipotecas de quienes tienen dificultades para abonarlas por razones justificadas en alquileres sociales mientras dure esta coyuntura.
Tras el compromiso adquirido hoy por el Grupo Popular, los grupos parlamentarios podrán solicitar la comparecencia de los diferentes actores afectados por las ejecuciones hipotecarias. Será en el seno de la Comisión de Economía del Congreso donde se decida a quienes se cita finalmente. Esta fase se quiere que empiece en enero para que la ley contra los desahucios pueda estar aprobada definitivamente en marzo.
Podrán ser citados también representantes de las entidades financieras, expertos en legislación hipotecaria o representantes de la Judicatura para que expliquen su experiencia sobre la ejecución de los embargos en sede parlamentaria.
El Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA consiguió hoy arrancar el compromiso del Grupo Popular para que las asociaciones y colectivos de afectados por los desahucios y las ejecuciones hipotecarias, además de las entidades bancarias implicadas, sean escuchados en sede parlamentaria y puedan participar en la tramitación del proyecto de ley contra los desahucios que se tramita actualmente en el Congreso.
Esta posibilidad fue uno de los avances alcanzados tras la reunión de cerca de una hora mantenida esta mañana por una delegación de IU, ICV-EUiA, CHA –compuesta por su portavoz, José Luis Centella, el portavoz adjunto, Joan Coscubiela, y la diputada de IU y portavoz en la Comisión de Fomento, Ascensión de las Heras- con una delegación del Grupo Popular encabezada por su portavoz, Alfonso Alonso.
Centella señaló en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces su “satisfacción” por este compromiso del PP para que “se pueda oír a los representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)” y otras asociaciones que “son los que mejor conocen esta realidad. Son los que mejor saben qué hay que hacer para salir del pozo en que, desgraciadamente, muchas personas han sido colocadas por los bancos. Se han ganado a pulso su condición de interlocutores sociales”.
En contra de valoraciones más optimistas expresadas por Alonso, el diputado de Izquierda Unida descartó que en la reunión de esta mañana se negociaran puntos concretos sobre la postura de su grupo al cuando se empiece a tramitar el proyecto de ley ni mucho menos sobre las enmiendas parciales que se vayan a presentar durante el proceso parlamentario. IU, ICV-EUiA, CHA ya votó la semana pasada en contra de la convalidación del decreto ley elaborado por el Gobierno del PP sobre esta materia y sí votó favorablemente para su tramitación como proyecto de ley, precisamente para tener la libertad para registrar múltiples enmiendas que mejoren sustancialmente las graves carencias del texto original.
“Hoy no hemos entrado en negociaciones directas –explicó Centella a los medios- porque entendemos que no era el momento. Eso llegará durante el trámite parlamentario en el que vamos a participar muy activamente”. Ya está anunciado con anterioridad, y también es conocido por el PP y el Gobierno, que IU, ICV-EUiA, CHA presentará, antes de las enmiendas parciales, una enmienda de totalidad con texto alternativo al proyecto de ley.
Detalló que “presentaremos propuestas y trataremos de influir en la ley, pero en lo que se refiere al acuerdo marco ponemos como referencia la iniciativa legislativa popular (ILP) que los afectados están desarrollando”.
En concreto, Izquierda Unida lleva varias semanas explicando que sus ‘líneas rojas’ para mejorar el texto del proyecto de ley contra los desahucios pasan por la paralización de todos los embargos de la residencia habitual, la retroactividad de la dación en pago para aquellas familias que habiendo perdido ya su residencia mantengan deudas con la entidad que les embargó, la ampliación del Fondo Social de viviendas embargadas ofertado por el Gobierno a aquellas que se han quedado las entidades bancarias tras el pinchazo de la ‘burbuja inmobiliaria’ y que puedan ser traspasadas al denominado ‘banco malo’ y la conversión de las hipotecas de quienes tienen dificultades para abonarlas por razones justificadas en alquileres sociales mientras dure esta coyuntura.
Tras el compromiso adquirido hoy por el Grupo Popular, los grupos parlamentarios podrán solicitar la comparecencia de los diferentes actores afectados por las ejecuciones hipotecarias. Será en el seno de la Comisión de Economía del Congreso donde se decida a quienes se cita finalmente. Esta fase se quiere que empiece en enero para que la ley contra los desahucios pueda estar aprobada definitivamente en marzo.
Podrán ser citados también representantes de las entidades financieras, expertos en legislación hipotecaria o representantes de la Judicatura para que expliquen su experiencia sobre la ejecución de los embargos en sede parlamentaria.
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