El delegado territorial, Juan Antonio Sáez, anuncia que este servicio abre un cauce institucional “sin precedentes para atender los problemas de vivienda”
La Consejería de Fomento y Vivienda ha puesto en funcionamiento hoy en Jaén la oficina de intermediación contra los desahucios, un servicio gratuito destinado a la atención y asesoramiento ciudadano por parte de un equipo especialmente cualificado de licenciados en derecho, administrativos y trabajadores sociales, al que se unirá la labor de personal de los Servicios Centrales de la Consejería de Fomento y Vivienda. La apertura de esta oficina supone establecer “un cauce institucional sin precedentes para atender la actual problemática de vivienda”, ha anunciado el delegado territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio, Juan Antonio Sáez.
En Jaén, según ha comentado el delegado, “hay muchas familias que no tienen acceso a una casa, a lo que se suman numerosos casos de desahucios que tenemos el deber de intentar paralizar en la medida de lo posible”. Por ello, ha comentado que “además de atender a los ciudadanos que acudan, en las oficinas se trabajará para la puesta en uso y circulación de todas aquellas viviendas que permanecen vacías mientras muchas familias se quedan sin casa cada día”, al tiempo que acelerará, en coordinación con EPSA, el proceso de cambio de calificación de venta a alquiler de las VPO, para que puedan ocuparse.
La apertura de este punto de atención supone dar respuesta a una situación de emergencia social, al tiempo que responde al compromiso adquirido por la titular de la Consejería, Elena Cortés, en el Parlamento andaluz, donde en septiembre anunció la inmediata puesta en marcha del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, que definió como una medida para “romper con la neutralidad de la administración ante un drama que avergüenza a quienes no transigimos con la injusticia social”.
Esta oficina atenderá tres grandes áreas, que son la prevención, la mediación y la protección de las víctimas de los desahucios. En la fase de prevención, el personal que atiende la oficina realizará tareas de información y asesoramiento a los ciudadanos que se encuentran en la situación previa a la contratación de una hipoteca, en colaboración con la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, a través de la Dirección General de Consumo.
Las funciones de intermediación se ejercerán ante las entidades financieras, acompañando a las familias que así lo soliciten y que sufran endeudamiento sobrevenido a partir de la pérdida de su empleo, asesorándolas y garantizando las mejores condiciones posibles para la liquidación de la deuda contraída. El equipo de profesionales prestará un triple servicio, basado en el estudio particular de la capacidad económica de cada familia, la mediación frente a la entidad financiera correspondiente, articulada a través de convenio, y la atención social, en caso de que sea necesaria.
La oficina garantiza también la protección de las familias víctimas de los desalojos con la finalidad última de aportar una solución concreta a aquellas que, tras la pérdida de su vivienda habitual, se encuentran o pueden llegar a encontrarse en riesgo de exclusión social.
La Consejería de Fomento y Vivienda ha formado y asesorado, a través de unas jornadas técnicas celebradas en septiembre, al personal funcionario que atenderá estos puntos en cada una de las provincias. Más de 60 funcionarios de todas las delegaciones y de la sede central de Consejería recibieron explicaciones en detalle sobre el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, así como sobre la logística y los protocolos de atención al ciudadano. El encuentro permitió abordar las implicaciones jurídicas que rodean los procesos de desahucios y casos específicos para poner en práctica la labor de la intermediación. En esta materia, los participantes pudieron intercambiar impresiones con representantes de asociaciones y colectivos con experiencia en este campo, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Federación de Consumidores en Acción (FACUA).
Por otro lado, y para reforzar esta vía de trabajo iniciado por la Junta de Andalucía con carácter de urgencia ante la situación de emergencia social que viven muchas familias, la Consejería de Fomento y Vivienda ha firmado un convenio de colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).
Una política generalizada
Este programa se suma al conjunto de iniciativas que desde el principio de esta legislatura ha puesto en marcha la Consejería, entre las que están la paralización de los desahucios en las viviendas de parque público andaluz en casos de sobreendeudamiento y en familias con menores y dependientes, o la reclamación a los bancos a que entreguen al registro municipal de demandantes las viviendas protegidas embargadas para que sean reasignadas bajo criterios sociales. A esto se suma el apoyo dado por la consejera Elena Cortés a la iniciativa legislativa popular que pretende que el Congreso apruebe la dación en pago que paralice los desahucios y promueva el alquiler social. Paralelamente a estas medidas específicas dirigidas a paralizar los desahucios, la Junta de Andalucía ha priorizado en su política de vivienda la rehabilitación y el alquiler.
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