En el debate sobre la Corrala Utopía
Cortés califica como “inaceptable” que existan 5.620 viviendas protegidas nuevas sin habitar mientras hay demandantes en los registros municipales
La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha activado un pro-grama de medidas para garantizar la efectiva ocupación de todas las viviendas protegidas de la comunidad autónoma mediante su alquiler a precios adaptados a la demanda. “La Consejería ha detectado un stock de 5.620 viviendas protegidas nuevas sin contrato visado, tanto de promotores públicos (ayuntamientos y diputaciones) como privados. Es totalmente inaceptable que existan viviendas construidas con dinero público deshabitadas mientras hay demandantes en los registros municipales”, ha señalado en el Parlamento la consejera Elena Cortés, que ha recalcado también la obligatoriedad de que todas las viviendas protegidas titularidad de las entidades financieras cumplan su función social y estén a disposición de los registros de demandantes.
Para lograr que todas las viviendas protegidas cumplan su función social, la Conse-jería ha puesto en marcha varias medidas y líneas de actuación. En primer lugar, Cortés ha convocado a los alcaldes de ciudades de más de 50.000 habitantes y presidentes de diputaciones con stock de vivienda vacía a un gran acuerdo para poner en alquiler y adjudicar sus viviendas deshabitadas a familias demandantes inscritas en los registros, al igual que ha hecho el Gobierno andaluz a lo largo del último año. De las 638 viviendas pendientes de adjudicación titularidad de la Junta de Andalucía que había en mayo del año pasado, la Consejería ya ha entregado 520 en régimen de alquiler a precios adapta-dos a los demandantes inscritos en los registros municipales. “Las viviendas protegidas cerradas constituyen una línea roja para el Gobierno andaluz”, ha afirmado la consejera.
La consejera ha abierto esta vía de cooperación institucional con el envío de sen-das cartas a los alcaldes de Huelva, Málaga, Granada, Almería, Córdoba, Sevilla, Jerez de la Frontera y la Línea de la Concepción, y a los presidentes de las diputaciones de Cádiz, Granada y Almería, al objeto de celebrar reuniones para abordar este problema. “Queremos compartir la experiencia positiva de la Junta en este ámbito y escuchar a los alcaldes y presidentes de diputaciones que se enfrentan al fenómeno del stock de vivienda protegida desocupada”, ha señalado.
Inmuebles de las entidades financieras
Cortés ha añadido que esta “alianza institucional” entre la Junta y los ayuntamien-tos y diputaciones debe permitir también combatir desde la cooperación entre administraciones “el fenómeno de las viviendas protegidas titularidad de las entidades financieras ocultas a los registros de demandantes”.
En sentido, Cortés ha recordado que la Consejería ha abierto procedimientos sancionadores por cuantías próximas a los 120 millones de euros contra la Sareb y otras ocho entidades financieras por el posible incumplimiento de la obligación de poner un total de 1.096 viviendas protegidas a disposición de los registros municipales.
Cambio de calificación y facilidades para el alquiler
La Consejería está elaborando además una instrucción para agilizar el cambio de calificación de venta a alquiler de las viviendas protegidas. La instrucción facilitará los trámites administrativos del cambio de régimen, que podrá darse por autorizado con el visado del correspondiente contrato de arrendamiento. Esta instrucción se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) para procurar la máxima difusión de la posibilidad que tienen los promotores de ceder en alquiler sus viviendas protegidas con total celeridad y seguridad jurídica. “Porque la existencia de viviendas protegidas cerradas colisiona con los legítimos derechos de los demandantes”, ha recalcado Cortés.
Por último, la Consejería ha remitido un requerimiento a todos los promotores públicos y privados con stock de viviendas protegidas vacías para conocer qué medidas están adoptando para garantizar su ocupación, al tiempo que les ofrece soluciones encaminadas a la consecución de este objetivo. Así, la Consejería pone a disposición de los promotores el Programa de Intermediación en el Mercado del Alquiler (PIMA), puesto en marcha a finales del año pasado, para pasar al alquiler sus viviendas en venta. En el caso de las viviendas ya en alquiler, la Consejería ofrece convenios con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) que permitan incorporar estos inmuebles al programa de cesión de viviendas para el alquiler.
El realojo provisional tras el desalojo de la Corrala
Cortés ha dado cuenta de este conjunto de medidas en el marco de una compare-cencia parlamentaria en la que también ha explicado la política de la Consejería en materia de adjudicaciones de viviendas y de realojos, “mecanismos reglados para garantizar el derecho a la vivienda en Andalucía”. La consejera ha detallado en primer lugar las políticas de la Consejería para garantizar este derecho mediante la adjudicación, que es el “mecanismo por el que se accede de forma estable a una vivienda, sea en venta o en alquiler”. “La adjudicación es la última fase del procedimiento de contratación administra-tiva, que designa a la persona con la que se firma un contrato que da acceso a la tenencia”, ha señalado la consejera, que ha destacado que “ningún Gobierno ha tomado tantas medidas como el andaluz, y además novedosas y efectivas, para atender la demanda insatisfecha de vivienda”, medidas entre las que ha citado la entrega en alquiler asequible de las viviendas deshabitadas de titularidad autonómica, o aquellas encaminadas a propiciar la salida en arrendamiento de los inmuebles vacíos en manos de personas físicas o jurídicas.
En segundo lugar, Cortés ha abordado las políticas de realojo de la administración andaluza, un procedimiento distinto de la adjudicación, que no se realiza a través del registro de demandantes y que la Consejería “lleva a cabo para atender situaciones de urgencia o emergencia”. En ese ámbito, la consejera ha abordado el realojo provisional en cumplimiento de mandato judicial de familias desalojadas del edificio sito en los números 2, 4 y 6 de la Avenida Juventudes Musicales, en la conocida como Corrala Utopía. “No sólo es que pudiéramos realojar a las familias con menores o en riesgo de exclusión social, es que debíamos hacerlo. Con la ley, podíamos. Con el auto judicial, debíamos”, ha manifestado la consejera en relación al auto de 25 de febrero del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla que conmina a las administraciones, Junta y Ayuntamiento de Sevilla, a “proveer lo necesario en el caso de que se encuentren en el edificio menores y otras personas en riesgo de exclusión social”.
Ha recordado que la Delegación del Gobierno en Andalucía realizó el desalojo el 6 de abril pese a que la Junta de Andalucía e Ibercaja, propietaria del inmueble, habían alcanzado un acuerdo para el realojo de las familias. La consejera ha afirmado que, en atención a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos (TEDH), a los requerimientos realizados por el Defensor del Pueblo en el seno de la comisión Junta-Ayuntamiento y al auto judicial, la Dirección General de Vivienda dictó la resolución el 9 de abril por la que asumía el realojo de familias con menores o en exclusión social. Dicho proceso, amparado por la Ley de Vivienda Protegida de 2005, la Ley del Derecho a la Vivienda de 2010 y los reglamentos reguladores de los registros de demandantes y de la vivienda protegida, se encuentra pendiente de que los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento de Sevilla actualicen los informes de las 17 familias (ocho ya realojadas y nueve pendientes).
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