El nuevo gobierno del que participa Izquierda Unida, por voluntad clara y firme de las andaluzas y de los andaluces, acaba de cumplir sus primeros cien días. Es una costumbre no escrita el valorar las iniciativas más relevantes, transcurrido un tiempo mínimo pero suficiente como para percibir el carácter y la personalidad, las iniciativas y las prioridades y el modo en que se ejerce la acción de gobernar por parte del equipo que acaba de llegar.
Tomando como hoja de ruta el “Pacto por Andalucía” y con la referencia de las 250 medidas y las 28 leyes que hay que redactar y aprobar, el gobierno recién llegado apenas tuvo tiempo de asentarse cuando recibia las peores andanadas enviadas por Rajoy, Arenas y Zoido, motivados por hacer morder el polvo a las andaluzas y a los andaluces que habían votado el 25- M de manera “inconveniente” para sus intereses políticos y partidarios.
Diego Valderas, ha calificado esta etapa como de “intensa y complicada”. Efectivamente, nada más levantarse de la silla del primer Consejo de Gobierno del 8 de mayo, cayó sobre las espaldas del nuevo equipo –“que no sucede al anterior, sino que lo sustituye”, como define bien Valderas-, todo el peso político del Partido Popular –en el gobierno central y en la oposición andaluza-, que no ha asumido todavía el desapego que el pueblo andaluz, merecidamente, le viene dispensando desde que Andalucía elige parlamentarios.
Días en los que se ha demostrado “el nuevo talante y la actitud” del gobierno de la Junta, que ha demostrado total sintonía con la ciudadanía frente al gobierno central que ha declarado la guerra a los derechos sanitarios, educativos, sociales y políticos del conjunto del estado, pero, de manera más virulenta a las andaluzas y a los andaluces, a través de indiscriminados recortes en el presupuesto, arbitraria reducción de la partida de la deuda con Andalucía y una fijación sádica contra nuestro derecho a decidir como pueblo.
El gobierno central, por lo tanto, se ha empleado duro en estos cien primeros días en su enfrentamiento “casi permanente” con el gobierno andaluz, exhibiendo una deslealtad institucional poco común, justificada por ese deseo frustrado de gobernar en una tierra que una y otra vez le da la espalda a la derecha.
Entre las tareas más sordas pero más relevantes, el nuevo gobierno ha tenido que abordar la modificación de su composición así como una nueva configuración de su estructura periférica. Se ha reducido el número de consejerías y se ha limitado el número de representantes del gobierno en cada una de las provincias. El compromiso de austeridad, asociado al deseo de transparencia, anunciado en la campaña electoral por Izquierda Unida, se ha cumplido, acorde con los tiempos de dificultad presupuestaria, pero también, con el impulso para conseguir una administración autonómica más eficaz al tiempo que menos costosa.
Pero comprometidos en la lucha contra el desempleo y contra la pobreza, con un presupuesto de 2012 que votamos en contra por considerarlo inflado en sus partidas de ingreso –como hemos podido comprobar una vez en el gobierno-, y con unos recortes aún para 2012 ya impuestos desde el gobierno central, el consejo de gobierno se encuentra ante un escenario ciertamente difícil. “Elegir bien, priorizar mejor y decidir con la gente”, es el lema de Valderas.
Además de la oposición institucional, el gobierno andaluz no está dispuesto a renunciar a ningún instrumento para defender conquistas sociales que ahora pretenden ser recortadas por Rajoy sin ningún miramiento. Se han aprobado en el Consejo de Gobierno algunos recursos ante el Tribunal Constitucional porque Andalucía ha sido puenteada en las decisiones, todas de alcance social además de institucional, y no se va a obviar una más de las vías contra estas medidas, la jurídica que se desprenden de los recursos al contencioso administrativo. No obstante, Izquierda Unida, como fuerza de lucha y de gobierno, está presente en todas las movilizaciones –no sólo las apoya sino que las convoca igualmente- que, junto a las organizaciones sociales y sindicales se están llevando a cabo continuadamente y que tuvo su principal expresión en la jornada del 19 de julio.
Durante todo este tiempo, el Consejo Andaluz de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía, ha dispuesto un mecanismo de consulta permanente, frecuente y periódico, que contrasta y orienta la acción de nuestros representantes en el gobierno andaluz. Su máxima expresión ha venido dada en el Encuentro de la “Convocatoria Social” celebrada el 30 de junio pasado.
En ese marco complejo y no obstante ello, se han dado impulso a algunas medidas dentro de estos cien primeros días.
PLAN DE CHOQUE POR EL EMPLEO Era uno de nuestros compromisos programáticos inmediatos. Llegar y empezar a ofrecer coberturas a los desempleados más necesitados que hubieran perdido cualquier tipo de prestación y agotado el tiempo del desempleo con subvención. Se le ha asignado un presupuesto de 200 millones de euros y ya está en marcha.
CON EL PLAN DE AJUSTES, NO A LOS DESPIDOS Frente a la voluntad declarada del PP de echar gente a la calle, la apuesta de IU en el plan de ajustes ha sido la que expresó nuestro Grupo Parlamentario: “Señorías, Izquierda Unida no quiere ajustes ni recortes. Izquierda Unida reniega de ellos y reniega, sobre todo, de un sistema y una política neoliberal que obliga a los ajustes y a los recortes a los demás.”
PONER A DISPOSICIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS EL PER ANDALUZ El PFEA (Plan de Fomento del Empleo Agrario) ya se encuentra a disposición de numerosos ayuntamientos, con la voluntad de completar su reparto en los primeros días de septiembre. Son 44,3 millones de euros a disposición de los 771 municipios andaluces, impulsados desde la Consejería que dirige el Vicepresidente Diego Valderas.
LOS ERE IRREGULARES DEBEN SER INVESTIGADOS Por la vía administrativa y por la vía política para dar respuestas a las responsabilidades por parte de quienes hayan actuado irregularmente. Nuestro parlamentario por Cádiz, Ignacio García, Vicepresidente de la Mesa del Parlamento Andaluz es el presidente de esta Comisión que sigue su curso. Es la primera vez en 17 años que se crea una Comisión de Investigación en el Parlamento de Andalucía y se crea porque Izquierda Unida es fuerza determinante.
INSUMISIÓN ANTE LOS DESAHUCIOS EN ANDALUCÍA
La Consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha sumado a Andalucía a la ILP firmando por la dación en pago y favoreciendo medidas contra los desahucios a las familias que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca y la declaración del carácter inembargable de la primera vivienda.
AGLUTINANDO LA LUCHA CONTRA LA LIBERALIZACIÓN DE HORARIOS COMERCIALES El Consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, ha conseguido aglutinar a los diversos sectores presentes en Andalucía y que se oponen a una perjudicial medida de liberalización de horarios comerciales que sólo beneficia a las grandes superficies.
Puesta en marcha de 3 grupos de trabajo:
Sobre BANCA PÚBLICA para atender las necesidades de las familias, las empresas y los pequeños autónomos de nuestra Comunidad.
Impulso del Grupo de Trabajo sobre RENTA BÁSICA a favor de la inclusión social y la protección de los más desiguales cumpliendo lo dicho en nuestro Programa Electoral y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Inicio de los trabajos previos para la constitución del BANCO DE TIERRAS, partiendo de las fincas del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), que permitirá asegurar el giro hacia una economía productiva, social y cooperativa.
Izquierda Unida se siente respaldada por la ciudadanía en nuestra presencia en el gobierno andaluz, está imprimiendo un nuevo talante de lucha y de gobierno a la Junta de Andalucía y está convencida de que sólo a través de la movilización se podrá gobernar a favor de los intereses de los más desiguales: A favor de la creación de empleo y en contra de la pobreza.
Por eso caminamos, con toda certeza, hacia una reedición corregida y aumentada del 28 de febrero en Andalucía, conscientes de que defendiendo la identidad de nuestro pueblo, estamos defendiendo los contenidos progresistas y avanzados del Estatuto de Autonomía que entre todos concertamos y en el que se reconoce la disposición de la riqueza –sea cual sea su titularidad- a favor de los intereses generales, los derechos sociales básicos, entre los que destacan la sanidad, la educación y la dependencia y nuestro derecho como pueblo a decidir por nosotros mismos.
Tanto en el gobierno como en la calle, Izquierda Unida no hemos perdido nuestra identidad y, aún conscientes de las limitaciones que la crisis está imponiendo, no renunciamos a la pelea que el pueblo andaluz nos ha encomendado y que no es otra que luchar contra el desempleo y la pobreza y conseguir una Andalucía con más justicia social, más equilibrada territorialmente y con el firme propósito de combatir las desigualdades.
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