En la foto el Coordinador General de IU Federal y próximo Candidato a la Presidencia del Gobierno, Cayo Lara y a su lado el Coordinador Federal de Economía y Mundo del Trabajo, Jose Antonio García Rubio.
En la izquierda también nos preocupamos por el déficit. Un déficit excesivo prolongado en el tiempo limita las opciones de las nuevas generaciones. Pero el déficit es también un instrumento de política económica. Si es necesario para crear empleo, lo aceptamos porque no es un gasto sino una inversión en lo único que genera riqueza: el trabajo humano. Si se genera por las ayudas dadas a la Banca los rechazamos, porque solo engendra deuda y especulación financiera y agrava la crisis, tal como se está comprobando.
Los objetivos principales de la reforma fiscal que propone Izquierda Unida:
• Garantizar los principios de equidad y progresividad establecidos en la Constitución Española.
• Asegurar la financiación sin déficit superior al 3% (entendido para el conjunto del ciclo) de las necesidades presupuestarias de las Administraciones Públicas, garantizando en todo momento la consolidación y desarrollo de los servicios públicos que constituyen el llamado Estado del Bienestar, y muy especialmente la sanidad, la educación y la aplicación de la Ley de Dependencia.
• Situar la contribución fiscal española en la media de los países de la Unión Europea, de forma que en el ejercicio final de la legislatura (2015) la contribución fiscal en España se sitúe en el 40% del PIB, es decir un aumento mínimo aproximado de 8 puntos.
• Garantizar los principios de equidad y progresividad establecidos en la Constitución Española.
• Asegurar la financiación sin déficit superior al 3% (entendido para el conjunto del ciclo) de las necesidades presupuestarias de las Administraciones Públicas, garantizando en todo momento la consolidación y desarrollo de los servicios públicos que constituyen el llamado Estado del Bienestar, y muy especialmente la sanidad, la educación y la aplicación de la Ley de Dependencia.
• Situar la contribución fiscal española en la media de los países de la Unión Europea, de forma que en el ejercicio final de la legislatura (2015) la contribución fiscal en España se sitúe en el 40% del PIB, es decir un aumento mínimo aproximado de 8 puntos.
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