martes 15 de febrero de 2011
El coordinador provincial de Izquierda Unida en Jaén -Luis Segura-, en relación con las presuntas irregularidades detectadas en la tramitación de diversos ERE en los que se ven implicados dirigentes y ex dirigentes de la UGT de Jaén y militantes del PSOE de Torredonjimeno y Baeza, señala que es urgente la puesta en marcha de una Comisión de Investigación en el Parlamento de Andalucía dirigida a dilucidar las responsabilidades políticas en una trama de la que -según ha trascendido- podrían haberse malversado más de 647 millones de euros.
El coordinador provincial de la federación de izquierdas en Jaén se une, de esta manera, a la petición formulada por Diego Valderas hace unos días en relación con este mismo asunto.
Segura afirma que, desde el punto de vista judicial, es fundamental castigar penalmente las conductas fraudulentas o delictivas que hayan podido producirse en este asunto y rescatar los recursos públicos que se hayan podido malversar y, desde el ámbito político, delimitar las responsabilidades políticas e institucionales de quienes, entre otras funciones, tienen la de garantizar la transparencia y el uso adecuado de los fondos públicos.
Segura afirma que, desde el punto de vista judicial, es fundamental castigar penalmente las conductas fraudulentas o delictivas que hayan podido producirse en este asunto y rescatar los recursos públicos que se hayan podido malversar y, desde el ámbito político, delimitar las responsabilidades políticas e institucionales de quienes, entre otras funciones, tienen la de garantizar la transparencia y el uso adecuado de los fondos públicos.
Para el coordinador provincial de IU en Jaén, esta presunta trama de corrupción debe aclararse y desvelarse por completo, tanto por su cuantía económica como por la naturaleza de los fondos presuntamente desviados o malversados -recursos públicos que deben dirigirse a solventar o paliar situaciones muy difíciles para los trabajadores y trabajadoras afectados por dificultades de viabilidad de sus respectivas empresas-.
"El Estado de Derecho, sin duda, seguirá su curso en este tema -concluye Luis Segura-, pero las instituciones públicas también deben recorrer el suyo, y éste pasa, inexorablemente, por una investigación parlamentaria a fondo, en primer término, y por la asunción de las responsabilidades políticas que de aquella se deriven, en segundo lugar".
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