Secretaria de Movimiento Republicano / 04 abr 12
El próximo 14 de Abril conmemoramos el 81 aniversario de la proclamación de la II República. Lo hacemos en unos momentos de recortes en los derechos sociales y de limitación de las libertades colectivas e individuales nunca antes conocidos tanto por su profundidad como por el corto espacio de tiempo en que se están produciendo.
Las políticas neoliberales aplicadas primero por el gobierno de Zapatero y ahora por el del PP, al servicio ambos de los intereses del capital financiero y especulativo, han profundizado la crisis económica y empeorado las condiciones de vida de las gentes trabajadoras creando una situación sin precedentes en cuanto a desempleo, precariedad laboral, aumento de la pobreza y de la exclusión social.
Las reformas que se están implementando, con la excusa de la salida de la crisis, pretenden cambiar el modelo de relaciones sociales que conocíamos hasta ahora y acabar con el estado social y de derecho que era la base de las democracias occidentales desde el fin de la segunda guerra mundial. La pérdida de derechos laborales y sociales, la privatización de servicios públicos esenciales puestas en práctica con las dos últimas reformas laborales y otras medidas del gobierno nos llevan a un nuevo modelo de relaciones sociales donde prima la “ley del más fuerte”, el ideal del liberalismo político. A esta peligrosa deriva social se une la descarada intromisión del capitalismo transnacional en la soberanía nacional. El chantaje de los “mercados” a los países europeos, especulando primero con la deuda pública, imponiendo luego condiciones draconianas para su pago y gobiernos tecnocráticos para su cumplimiento junto a la sumisión a los mismos del conjunto de los gobiernos europeos y de la UE ponen también en peligro el propio régimen democrático tal y cómo lo hemos venido conociendo.
La última reforma de la Constitución del 78 ha constitucionalizado al neoliberalismo al poner por encima de cualquier consideración el pago de la deuda externa, la sumisión a los “mercados”, con ello, las fuerzas al servicio del capital financiero especulativo han dinamitado el pacto constitucional y convertido en papel mojado el estado social y de derecho que proclama dicha Constitución.
Una ruptura política pero también social, especialmente social, como esta crisis permanente nos esta demostrando. El actual marco jurídico, político y administrativo sustenta y posibilita el que las clases trabajadoras somos ahora más pobres y las clases dominantes más ricas.
Esto significa hoy la imposibilidad de encontrar un empleo digno, una vivienda y emanciparse, menos servicios sociales, deterioro de la educación y la sanidad... , significa un retroceso sin precedentes en derechos sociales, laborales y políticos, un cambio de régimen que nos retrotrae al siglo XIX.
La juventud sabe especialmente bien de que estamos hablando y por eso están empezando a protagonizar movilizaciones ante la ausencia de un futuro medianamente certero. Sus vidas están condenadas a la precarización y la explotación y nadie les habla de que la situación va a mejorar. Más bien al contrario.
El Partido Comunista de España no se resigna, no acepta como irremediable el actual estado de las cosas y estamos convencidos que conectamos con la mayoría de la sociedad cuando decimos que la crisis no puede recaer en las espaldas de los más débiles, el resultado de las pasadas elecciones andaluzas y asturianas, el éxito de la Huelga General nos muestran el camino: la movilización y la resistencia son nuestras armas, por eso desde el PCE venimos proponiendo una salida social y democrática anticapitalista a la crisis que construya en torno a ella un bloque social mayoritario que permita una salida de la crisis que ponga la economía al servicio de las personas trabajadoras y no al del capital, que recupere y profundice derechos en vez de eliminarlos, que priorice la creación de empleo estable y de calidad y no el pago de la “deuda”.
A principios del siglo XX la idea de la República significaba para los trabajadores y trabajadoras un régimen que reconocería derechos laborales, sociales y políticos y que mejoraría sus condiciones de vida, su proclamación en 1931 y la Constitución que aprobaron las Cortes confirmaron sus esperanzas. La II República española, una república de trabajadores y trabajadoras, fue destruida por las clases dominantes por atreverse a intentar acabar con los privilegios de unos pocos para poner la economía al servicio del ser humano, de las mayorías sociales.
Hoy, a principios del siglo XXI La República de España vuelve a ser la respuesta en positivo, la respuesta ilusionante, la manera democrática de constitucionalizar la justicia social y el reparto equitativo de la riqueza. La República de España debe ser la solución al empleo, a los desahucios y al dominio de la banca sin escrúpulos entre otras cuestiones que hoy angustian a millones de españoles.
